¿Qué es la Ley de Derecho al Voto de 1965?
Considerada la joya de la corona legislativa de la era del movimiento por los derechos civiles, la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) fue promulgada como una medida exhaustiva diseñada para romper con el control político que ejercían las políticas de Jim Crow en el sur del país y otros sistemas discriminatorios relacionados a nivel nacional. El Congreso aprobó la ley para asegurarse de que los estados cumplieran con la garantía de la Decimoquinta Enmienda de que no se puede negar el derecho al voto por cuestiones de raza. Fundamentalmente, esta ley les abrió la oportunidad política a las comunidades negras y otras comunidades no blancas de participar en todos los aspectos del sistema político en igualdad de condiciones.
La Sección 5 de la ley obliga a las jurisdicciones con una historia de discriminación a obtener la aprobación del Departamento de Justicia o de un tribunal antes de cambiar sus reglas de votación, un proceso conocido como "aprobación previa". La Sección 2 de la ley le posibilita a la población iniciar acciones judiciales —ya sea, por su cuenta o con la ayuda del Departamento de Justicia— para disputar leyes y procedimientos existentes que le nieguen al electorado la misma oportunidad política de elegir a sus candidatos de preferencia. Sin embargo, estas protecciones han sido erosionadas por varias decisiones recientes de la Corte Suprema.
¿Por qué se promulgó la Ley de Derecho al Voto?
Una campaña no violenta que, en marzo de 1965, inició un grupo de manifestantes a favor del derecho al voto en Alabama terminó en un brutal ataque de la policía estatal, que fue televisado, sobre el puente Edmund Pettus. El escándalo que generó este incidente hizo que el Congreso, impulsado por el presidente Lyndon Johnson, tomara medidas a nivel nacional de inmediato.
Esta ley fue una respuesta más efusiva que los esfuerzos anteriores ineficientes para asegurarse de que los estados comenzaran a registrar a la ciudadanía y le permitieran votar más allá de su origen racial. A pesar de la existencia de múltiples órdenes judiciales, incluso de la Corte Suprema, varios estados crearon reglas que les negaban o limitaban las oportunidades para votar a las comunidades negras, por ejemplo, cuando implementaron impuestos para votar y pruebas de alfabetismo. Estas iniciativas efectivamente debilitaron o eliminaron el poder político de las comunidades negras, incluso en los sitios donde eran mayoría.
¿Cuáles son los efectos de la Ley de Derecho al Voto?
Esta ley ha tenido un enorme éxito a la hora de proteger contra los esfuerzos que buscan reducir o diluir el poder del voto de las comunidades con una historia de marginación. Esta protección ha sido especialmente útil en procesos como la distribución de distritos electorales, que ha facilitado la elección de cientos de candidatos federales, estatales y locales de comunidades no blancas en estados con una historia de discriminación.
En los años que le siguieron a la aprobación del Ley de Derecho al Voto, la desigualdad en la proporción de votantes registrados en comunidades negras y blancas bajó de unos casi 30 puntos porcentuales a comienzos de la década de 1960 a unos 8 puntos porcentuales tan solo diez años más tarde. Gracias a este éxito, la Ley de Derecho al Voto fue reautorizada muchas veces. En 2006, la reautorización fue aprobada en las dos cámaras del Congreso con un amplio apoyo de los dos partidos políticos y aprobada por unanimidad en el Senado.
¿Cómo la Corte Suprema cambió la Ley de Derecho al Voto?
La Ley de Derecho al Voto ha sido constante objeto de ataques por parte de los magistrados conservadores de la Corte Suprema desde su promulgación. Si bien esta ley fue renovada muchas veces, las decisiones de la Corte de los últimos años, a menudo, han restringido su aplicación. La que reviste mayor preocupación es la causa Shelby County v. Holder de 2013, que efectivamente eliminó el requisito de aprobación previa. A partir de esta decisión, los estados que ya no tenían que obtener la aprobación federal para implementar nuevas reglas de votación desataron una ola de políticas que hacía más difícil votar. Además, una investigación del Brennan Center ha demostrado que la brecha racial en la participación en las elecciones ha aumentado en jurisdicciones que antes estaban protegidas por la Sección 5 de la ley.
Ante la ausencia del requisito de aprobación previa, los grupos de defensa de derechos civiles han tenido que recurrir más al litigio judicial, según lo prevé la Sección 2 de la ley, para combatir la discriminación en el sistema político, pero las demandas judiciales que buscan anular estas reglas injustas cuestan mucho dinero y llevan años, durante los cuales sigue habiendo elecciones. Encima, en el dictamen de la causa Brnovich v. Democratic National Committee de 2021, la Corte Suprema hizo más difícil presentar demandas conforme a la Sección 2.
¿Cuáles son las perspectivas de la Ley de Derecho al Voto para el futuro?
A pesar de rechazar una nueva invitación a abandonar el precedente de seguir erosionando esta ley en el reciente caso de Allen v. Milligan, la actual mayoría de la Corte Suprema ha demostrado con bastante claridad su hostilidad hacia los medios que tenemos en la actualidad para combatir la discriminación en la política y defender la representación política justa. Sin embargo, la Corte no tiene la última palabra en este tema. El Congreso tiene la facultad específica, concedida por la Decimoquinta Enmienda, de elaborar las leyes necesarias para salvaguardar el derecho al voto libre de discriminación racial. De este modo, es fundamental que se apruebe una nueva ley que proteja adecuadamente el derecho al voto para toda la ciudadanía. El precedente que sienta una ley así presionaría a la Corte Suprema a respetar una nueva respuesta sólida del Congreso ante la actual necesidad clara de contar con un mayor control federal sobre nuestro sistema electoral.
Traducción de Ana Lis Salotti.
