Este artículo fue actualizado el 7 de octubre para incorporar información acerca de las restricciones estatales y locales sobre los grupos de milicias privadas y operaciones de seguridad no autorizadas.
A medida que nos acercamos al día de las elecciones, el presidente Trump amenaza cada vez más con instigar la intimidación a los votantes. En primer lugar, ha insinuado que desplegará a las fuerzas policiales o llamará a la Guardia Nacional para erradicar delitos electorales (aunque la verdad es que el fraude electoral es casi inexistente). El presidente ya ha abusado su autoridad en cuanto al uso de fuerzas policiales, sobre todo cuando desplegó a agentes federales y amenazó con desplegar a los militares en respuesta a varias protestas sociales de este verano.
Encima, en el primer debate presidencial televisado para toda la nación el presidente incitó a sus partidarios a que “vayan a votar y observen todo con mucho detenimiento”, en especial en Filadelfia. El Comité Nacional Republicano (RNC) dice estar preparándose para lanzar una operación agresiva de “seguridad electoral” con 50,000 observadores electorales, que muchos temen que incluya planes para intimidar a los votantes. En 2017, un tribunal liberó al RNC de su obligación de cumplir con un decreto de consentimiento que desde hacía 35 años obligaba al Comité a obtener una autorización judicial para llevar a cabo este tipo de operaciones y así asegurarse de que no intimidaran ni discriminaran ilegítimamente a los votantes ni interfirieran con su derecho al voto.
Hay antecedentes vergonzosos en varias partes de nuestro país de oficiales armados, de servicio o fuera de servicio, que han intimidado a votantes negros y de color. Su mera presencia en los centros de votación podría generar un miedo razonable entre los grupos que con frecuencia son objeto de discriminación por perfiles raciales y conducta indebida por parte de la policía.
Pero la ley es clarísima: es ilegal desplegar tropas o policías armados federales en cualquier centro de votación. Las leyes y prácticas estatales y locales limitan el papel de las fuerzas policiales, militares y observadores electorales. Y una serie de leyes federales y estatales, muchas de las cuales establecen sanciones penales graves, prohíben el acoso y la intimidación al votante, ya sea de parte de una persona civil, un oficial de policía, un militar o un vigilante paramilitar.
Las fuerzas militares
Lo importante: Sería ilegal, y en muchos casos se consideraría un delito federal, que el presidente desplegara las fuerzas militares para interferir con las elecciones.
Lo preocupante: El presidente Trump ha amenazado con desplegar a los militares en distintas ciudades de nuestro país en respuesta a varias protestas; estas amenazas en su mayoría estuvieron relacionadas con sus ataques partidistas a alcaldes y gobernadores demócratas. Si bien Trump no ha dicho explícitamente que desplegará tropas en los centros de votación, sus amenazas con enviar a las fuerzas militares y policiales repiten su reciente respuesta ante aquellas protestas. Estas amenazas de Trump y su politización de las fuerzas militares en otros contextos han provocado hace poco que dos representantes del Congreso le preguntaran al presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos Mark Milley si él obedecería una orden de enviar militares en servicio activo a los centros de votación.
Por qué es ilegal: Todo despliegue de tropas o agentes federales armados en los centros de votación es un delito federal (a menos que el país sea invadido literalmente). La ley, que data del año 1948, dice:
Toda persona, ya sea un oficial del Ejército o la Armada, o cualquier otra persona en el servicio civil, militar o naval de los Estados Unidos, que ordene, traiga, mantenga o tenga bajo su mando a tropas u hombres armados en todo sitio donde se estén llevando a cabo elecciones generales o especiales, a menos que dichas fuerzas sean necesarias para expulsar enemigos armados de los Estados Unidos, será penada con un multa en virtud de este artículo o cumplirá una condena en prisión de no más de cinco años, o recibirá las dos penas; y no podrá desempeñar ningún cargo honorario, remunerado ni de confianza para los Estados Unidos.
Otros estatutos federales también prohíben a las fuerzas militares interferir en nuestras elecciones. Y, en un sentido más general, la Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe el despliegue de tropas sobre suelo estadounidense. Hay excepciones en las leyes que Trump ha intentado explotar, pero no le permiten pasar por alto la prohibición explícita de usar a los militares para interferir en las elecciones.
En síntesis, el presidente no puede desplegar a los militares para ningún propósito relacionado con las elecciones. Las fuerzas militares lo saben. Una directiva del Departamento de Defensa de 2018 confirma que el personal militar “no llevará a cabo operaciones en los centros de votación”. Del mismo modo, cuando los dos representantes del Congreso le preguntaron al general Miller si enviaría tropas a los centros de votación, dijo claramente: “No veo a las fuerzas militares de los Estados Unidos tomando parte en este proceso”. Todo oficial que intente cruzar este límite será llevado a la justicia.
El Departamento de Seguridad Nacional
Lo importante: Al igual que con las fuerzas militares, sería un delito que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) despliegue a cualquiera de sus agentes, tales como los del Servicio de Protección Federal, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en conexión con las elecciones.
Lo preocupante: Durante el verano, en respuesta a los disturbios civiles que acompañaron a la ola de protestas pacíficas por el asesinato de George Floyd, la administración Trump desplegó irresponsablemente a agentes del Servicio de Protección Federal y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Portland, Oregón, y en otras ciudades del país pasando por alto las objeciones de muchas autoridades estatales y locales (varias han presentado demandas que esperan su tratamiento en tribunales federales). La administración dijo que los agentes se habían desplegado solo para proteger las instalaciones federales, pero presuntamente atacaron a protestantes y realizaron arrestos lejos de edificios federales. Estos antecedentes, combinados con las últimas amenazas del presidente, generan un miedo lógico de que se vaya a desplegar a las fuerzas del DHS para intimidar a los votantes.
Además, corren rumores falsos de que el ICE enviaría a sus agentes para patrullar las cercanías de los centros de votación e incluso arrestar a votantes que sospechan que sean indocumentados. Algunos de estos rumores parecen haber surgido de grupos que intencionalmente quieren suprimir el voto de los latinos y de otras personas de color. Estos rumores crean un miedo real en las comunidades que son objeto de las tácticas cada vez más agresivas del ICE.
Por qué es ilegal: Todo despliegue de agentes del DHS en las cercanías de un centro de votación o sitio donde se cuentan los votos violaría la misma ley que se aplica a todos los oficiales federales armados. El propio manual de delitos electorales del Departamento de Justicia confirma que la ley prohíbe la presencia de cualquier agente federal armado en los sitios electorales. De hecho, cuando se le preguntó al secretario del DHS sobre la amenaza del presidente de enviar agentes a las urnas, este respondió rotundamente: “No tenemos autoridad para hacer eso en nuestro departamento”.
Es también ilegal que se intimide o amenace a los votantes, se les prive del derecho al voto o se los detenga por razones de raza o etnicidad, y ello incluye a los agentes federales. El uso de agentes federales para intimidar a los votantes es un delito según el artículo 11 de la Ley de Derecho al Voto de 1965 (VRA). Los tribunales han confirmado que la ley prohíbe tácticas como las de seguir a presuntos sospechosos, registrar placas de automóviles y agitar un arma. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento intencional de esta ley? Hasta cinco años de prisión.
La ley federal también determina que es un delito que una persona (incluso un funcionario gubernamental) conspire para privar a otro de su derecho a votar o de su derecho a no ser discriminado. Por este delito, el infractor puede recibir hasta diez años de prisión. La Constitución también prohíbe que los funcionarios gubernamentales (entre ellos, los del ICE y otros agentes federales) tomen medidas contra votantes de color para el cumplimento de la ley.
Puede ser ilegal incluso que el DHS lleve a cabo, durante las elecciones, operaciones agresivas no relacionadas con la votación. La Constitución prohíbe ciertas actividades federales para el cumplimiento de la ley, que en otras circunstancias serían legítimas, si estas interfieren con actividades de interés estatal fundamental. Por ejemplo, los tribunales federales han prohibido que los agentes del ICE ingresen en instalaciones judiciales estatales para arrestar a inmigrantes indocumentados porque ello altera la capacidad de los estados de operar sus propios sistemas judiciales. Con la misma lógica, se prohibirían operaciones del ICE (o de otras ramas del DHS) que podrían interferir significativamente con la capacidad de un estado de llevar a cabo elecciones generales libres y transparentes.
El Departamento de Justicia
Lo importante: En los centros de votación, el Departamento de Justicia (DOJ) solamente puede observar las elecciones para asegurar el cumplimiento de las leyes federales de derechos electorales, para luego sancionar cualquier infracción. No puede interferir con el proceso de votación ni enviar agentes para investigar el cumplimiento de otras leyes.
Lo preocupante: El fiscal general Barr, que ha reiterado con frecuencia las mentiras del presidente sobre presuntos casos de fraude electoral, ha afirmado el derecho de enviar agentes del DOJ a las urnas por distintos motivos como, por ejemplo, para investigar posibles delitos electorales. Sus afirmaciones, combinadas con las propias amenazas del presidente de llevar a fiscales federales a los centros de votación, han creado el miedo de que Trump y Barr vayan a usar la autoridad del DOJ para interferir con las elecciones.
Por qué es ilegal: El DOJ está sujeto a las mismas restricciones que tienen las demás agencias federales, incluida la prohibición absoluta de desplegar agentes armados en los centros de votación u otros sitios donde se llevan a cabo las elecciones. Como señala el propio manual de delitos electorales del Departamento, los fiscales no tienen “ninguna autoridad para enviar agentes especiales del FBI ni [alguaciles federales] a los centros de votación”. Realizar incluso actividades investigativas cerca de los centros de votación requiere un permiso especial.
En síntesis, el fiscal general Barr está totalmente equivocado cuando insiste en el derecho de desplegar agentes armados en los centros de votación o cualquier otro sitio relacionado mientras se llevan a cabo las elecciones. Si intentara enviar agentes armados a los centros de votación durante las elecciones para investigar posibles delitos o “hacer cumplir derechos civiles” (dos pretextos que ha mencionado), estaría cometiendo un delito federal. Toda investigación legítima sobre delitos electorales debe realizarse únicamente después de que la votación haya finalizado, como siempre ocurre, y como las ocurridas a raíz de las revelaciones de un operativo republicano sobre su plan de manipular boletas de votación en ausencia durante las elecciones legislativas de Carolina del Norte en 2018. Cualquier disturbio el día de las elecciones debe ser resuelto por las autoridades estatales.
Si bien no se permite la presencia de agentes armados del DOJ en los centros de votación, el Departamento, en ciertas circunstancias, puede enviar representantes desarmados en el marco de sus programas de observación y control electorales. Estos funcionarios federales civiles desarmados tienen las únicas tareas de observar y controlar los procesos de votación para asegurarse de que cumplan con la Ley de Derecho al Voto y la Ley “Ayude a América a Votar” (HAVA), y de informar lo observado a un tribunal o a la División de Derechos Civiles del DOJ. No tienen ninguna autoridad policial. De hecho, los controladores ni siquiera tienen la autoridad de entrar en los centros de votación sin el permiso de las autoridades electorales estatales o locales. El programa de observadores federales, que fue recortado dramáticamente por una decisión de la Corte Suprema que aniquiló una disposición clave de la Ley de Derecho al Voto, está ahora restringido a un pequeño número de sitios según una orden judicial (actualmente, Evergreen, Alabama, y Pasadena, Texas).
Fuerzas policiales estatales y locales
Lo importante: Las fuerzas policiales estatales y locales a veces pueden acudir a los centros de votación, pero nunca bajo las órdenes del presidente y siempre con numerosas restricciones.
Lo preocupante: La amenaza del presidente de enviar a la policía a las urnas incluía a oficiales locales, tales como los comisarios. Aun sin estas amenazas, la larga historia de prácticas policiales discriminatorias y de supresión del voto en muchas partes del país da un amplio motivo para preocuparse de que la presencia de cualquier oficial de policía en las urnas pueda intimidar a algunos votantes, en especial a los votantes de color.
Qué es legal y qué no: El gobierno federal, incluido el presidente, no tiene ninguna autoridad sobre la policía estatal y local, y ciertamente no tiene ningún poder para enviarlos a los centros de votación.
Los oficiales de policía estatales y locales pueden tener el derecho de acudir a los centros de votación con el propósito de ayudar a las autoridades electorales a garantizar un ambiente electoral seguro. Por ejemplo, si un ciudadano particular intenta obstaculizar el derecho al voto, las autoridades electorales pueden llamar a la policía para proteger al público y asegurarse de que no le impidan votar a nadie.
Pero las fuerzas policiales estatales y locales tienen varias restricciones legales. En algunos estados, como Pennsylvania y California, los oficiales que se presentan en las urnas sin que los llamen las autoridades electorales cometen un delito. En otros estados, como Florida, Carolina del Norte, Ohio y Wisconsin, los oficiales presentes en los centros de votación deben obedecer las órdenes de las autoridades electorales. Y no pueden, bajo ninguna circunstancia, intimidar a los votantes, evitar que alguien vote ni actuar en contra de determinados grupos raciales o étnicos. Estas son todas infracciones de leyes federales. Muchos estados también tienen fuertes protecciones de los derechos electorales.
En la práctica, las autoridades electorales y las fuerzas policiales elaboran planes con anticipación para asegurarse de que los procesos de votación se desarrollen en orden y con transparencia, por ejemplo, organizan grupos de trabajo intraestatales coordinados por funcionarios electorales para identificar posibles situaciones y planificar medidas para cada una.
La Guardia Nacional
Lo importante: El presidente no puede desplegar unidades armadas de la Guardia Nacional en los centros de votación ni ejercer ningún control sobre estas unidades en las urnas. También existen limitaciones sobre el uso de la Guardia Nacional por parte de los estados, incluida las prohibiciones generales de intimidación y discriminación.
Lo preocupante: Al igual que con las fuerzas militares y policiales federales, el presidente Trump ha abusado su autoridad sobre la Guardia Nacional. Fue muy criticado cuando desplegó a once unidades estatales de la Guardia para responder a las protestas en Washington, DC, en junio pasado. Dados este antecedente y las amenazas recientes del presidente, hay cierta preocupación de que se desplieguen unidades de la Guardia para acosar o intimidar a los votantes o funcionarios electorales.
Qué es legal y qué no: Las unidades de la Guardia Nacional bajo mando federal son parte de las fuerzas militares del país; por lo tanto, enviarlas a los centros de votación sería un delito federal, de la misma forma que lo sería para las demás ramas militares. Además, utilizarlas con funciones de orden público, en la mayoría de las circunstancias, infringiría la Ley Posse Comitatus.
Estas prohibiciones no se aplican a las unidades de la Guardia bajo el comando de los gobiernos estatales. Sin embargo, algunos estados tienen leyes que prohíben el envío de unidades de la Guardia a los centros de votación. En California, por ejemplo, es un delito menor que los oficiales de la Guardia en servicio activo (como otros oficiales de policía) entren en los centros de votación en muchas situaciones. En todos los estados, las unidades de la Guardia bajo mando estatal también deben cumplir con las mismas leyes federales y estatales antidiscriminatorias y del derecho al voto que las fuerzas policiales estatales y locales, lo cual significa que estarían sujetas a sanciones penales por intimidación al votante y otras formas de interferencia electoral.
Durante las elecciones primarias, debido a una escasez nacional de trabajadores electorales por la pandemia de Covid-19, varios estados sí desplegaron a unidades de la Guardia para desempeñarse como trabajadores electorales de emergencia. Esas unidades por lo general estaban desarmadas y cumplieron las funciones de un trabajador electoral normal o realizaron otras tareas administrativas. Este tipo de despliegues de la Guardia, si bien es adecuado en casos de emergencias de última hora, suelen realizarse como último recurso; durante las elecciones primarias, estos despliegues se llevaron a cabo por la solicitud y bajo el mando de las autoridades electorales. En noviembre debería haber menos necesidad de efectuar este tipo de despliegues, ya que las autoridades electorales han estado trabajando arduamente para contratar a más trabajadores electorales. (En el caso de que se necesiten miembros de la Guardia para cubrir una falta de personal, deben estar vestidos de civil y sus tareas deben ser únicamente las de un trabajador electoral).
También se pueden desplegar unidades de la Guardia de un modo “híbrido”, es decir, ejecutando una misión federal ordenada por el presidente o el secretario de Defensa (y remunerada con fondos federales), pero bajo el mando y control estatales. Sin embargo, los gobernadores deben aprobar el uso de sus guardias para la misión en cuestión. Además, podría decirse que las unidades de la Guardia que se despliegan en estas circunstancias actúan bajo la autoridad del presidente o del secretario de Defensa y por lo tanto estarían sujetas a la prohibición penal de no colocar a oficiales militares federales “armados” en los centros de votación. Las unidades de la Guardia en estas circunstancias híbridas siguen sujetas a las leyes estatales que limitan su uso en los centros de votación, así como también a las leyes federales y estatales antidiscriminatorias y de derecho al voto.
Policías y militares fuera de servicio
Lo importante: Los miembros de las fuerzas militares, la Guardia Nacional y la policía que están fuera de servicio tienen derecho a votar en persona, desempeñarse como trabajadores electorales y realizar otras tareas democráticas durante las elecciones, pero deben seguir las mismas reglas que el público en general.
Lo preocupante: hAHaHace varias décadas, el partido Republicano contrató a oficiales de policía fuera de servicio para que se presentaran en las urnas armados, vestidos con uniformes que parecían oficiales y con el propósito de proporcionar lo que llamaron “seguridad electoral”, cuyo blanco fueron las comunidades negras y latinas. A raíz de la demanda presentada por el partido Demócrata para recusar esta práctica, un tribunal federal vigiló las operaciones del partido Republicano durante 35 años. En 2017 la orden judicial que estipulaba ese control se venció. Este año, para las primeras elecciones presidenciales que ya no tendrán este control, el Comité Nacional Republicano (RNC) presuntamente se está preparando para enviar a decenas de miles de observadores electorales. Preocupa que la historia se repita.
Qué es legal y qué no: En la mayoría de los estados está permitido que haya observadores electorales controlando las elecciones. Por lo general, los militares y los policías fuera de servicio llevan a cabo esta tarea y, por supuesto, también pueden presentarse en las urnas para votar.
Sin embargo, como se señaló antes, la intimidación y la discriminación de votantes son actos ilegales y a menudo criminales. Numerosas leyes, como la Ley de Derecho al Voto, aplican tanto a personas privadas como públicas y, por lo tanto, cubrirían a oficiales que están fuera de servicio y actúan a título personal.
Muchos estados prohíben rotundamente la portación de un arma en los centros de votación. Y algunos, como Texas, también prohíben la portación de un arma oculta. Muchos otros prohíben las armas en ciertos tipos de sitios de votación, tales como edificios gubernamentales. Y otros tienen reglas específicas sobre la exhibición de un arma de modo tal que intimide a los votantes.
Las tácticas que utilizó el RNC para intimidar a los votantes negros y latinos son tan ilegales hoy en día como lo fueron en la década de los 80. Cualquier persona que emplee esas tácticas adrede puede y debería enfrentarse a consecuencias penales.
Milicias privadas y otros vigilantes electorales paramilitares
Lo importante: La intimidación al votante por parte de observadores electorales es ilegal, y hay restricciones legales sobre quiénes pueden observar las elecciones y reglas establecidas para asegurar la transparencia.
Lo preocupante: Durante el primer debate presidencial, el presidente Trump incitó a sus “partidarios a que vayan a votar y observen todo con mucho detenimiento”, y sugirió que lo hicieran específicamente en Filadelfia. En el mismo debate, les pidió a los Proud Boys, una organización extremista violenta, que “se preparen”. Especialmente en vista del vencimiento del decreto de consentimiento que restringía las operaciones de “seguridad electoral” del partido Republicano, estas declaraciones del presidente han generado la preocupación de que vaya a haber vigilantes electorales paramilitares intentando intimidar a los votantes.
Por qué es ilegal: No cualquier persona pueda ir a las urnas y observar las elecciones. La mayoría de los estados limitan quiénes pueden desempeñarse como observadores electorales, que por lo general son representantes asignados de un candidato o un partido y, en algunos casos, observadores neutrales no partidarios. En algunos estados como Pennsylvania, los observadores electorales deben estar inscritos para votar en el condado donde pretenden observar las elecciones. Estos límites ayudan a desalentar conductas indebidas y garantizar la transparencia. Además de limitar quiénes pueden ser observadores electorales, la mayoría de los estados tienen limitaciones estrictas sobre qué pueden hacer estos observadores. Algunos estados como Georgia, Florida y Míchigan les prohíben a los observadores electorales hablar con los votantes. Muchos otros les permiten verificar la elegibilidad de los votantes, pero deben cumplir límites procesales y substantivos específicos. Los observadores electorales que abusan de sus funciones pueden ser expulsados del centro de votación.
Las leyes estatales y locales también restringen la presencia de grupos de milicias armadas en los centros de votación. La mayoría de los estados tienen leyes o disposiciones constitucionales que prohíben actividades paramilitares o policiales no autorizadas por parte de grupos privados. El Instituto para la Defensa y Protección Constitucional (ICAP) de la Facultad de Derecho de Georgetown publicó una guía para los 50 estados donde documentan las leyes que los gobiernos estatales y locales pueden utilizar para evitar que grupos de milicias privadas realicen actividades paramilitares en los espacios públicos.
Todo grupo o individuo armado que afirme proveer servicios de seguridad en los centros de votación también infringe leyes estatales y locales. Casi todos los estados tienen leyes que regulan de manera estricta los servicios de seguridad privada, en particular, si están armados. Estas leyes suelen establecer procedimientos de licencias y permisos de armas de fuego para asegurarse de que los guardias de seguridad hayan sido correctamente evaluados, capacitados y asegurados. Según el estado, proveer servicios de seguridad sin licencia puede ser penado con multas civiles y/o sanciones penales.
Aparte de todas estas limitaciones, tanto las leyes estatales como las federales también consideran ilegales la intimidación al votante y las conspiraciones para evitar que voten ciudadanos elegibles, y las autoridades electorales están preparadas para responder y expulsar al infractor. Los funcionarios electorales estatales y locales también tienen planes y protocolos para resolver cualquier disturbio en los centros de votación. La mayoría han fortalecido esos planes a medida que aumentaba el nivel de amenazas. No los tomará desprevenidos.
Conclusión
Las leyes federales y estatales prohíben claramente cualquier despliegue de fuerzas militares, fuerzas policiales y vigilantes paramilitares en los centros de votación para intimidar a los votantes o llevar a cabo operaciones que no tengan el fin de mantener el orden mientras se desarrollan las elecciones. Las sugerencias del presidente de que las fuerzas policiales y militares deben actuar incorrectamente o de que los vigilantes paramilitares vayan a invadir los centros de votación tienen el simple objetivo de desalentar a los votantes, en especial a los votantes de color, de acudir a las urnas y socavar la confianza en nuestras elecciones. Es importante definir los comentarios de Trump como lo que son: no una simple provocación de actos ilegales, sino también un intento de suprimir el voto. Los votantes no deben ser intimidados.