Este artículo fue publicado originalmente en Los Angeles Times.
Durante las últimas tres semanas, las audiencias sobre los ataques al Capitolio del 6 de enero nos han recordado las imágenes, los sonidos y los horrores de una pandilla que trató de tomar el Capitolio a plena luz del día con la firme intención de anular la decisión de millones de votantes estadounidenses.
Por supuesto que esta violencia masiva es tan solo una de las muchas tácticas utilizadas por aquellas personas que intentan debilitar nuestra democracia. Otra es una noción jurídica surgida de los extremos más radicales de la jurisprudencia norteamericana, una idea totalmente desacreditada que algunos grupos antidemocráticos han estado pregonando desde las elecciones de 2020: la teoría de las legislaturas estatales independientes.
Durante los últimos años, un pequeño grupo de activistas judiciales conservadores ha estado intentando convertir esta interpretación radical de la Constitución en la ley vigente.
Esta teoría retuerce las cláusulas de la Constitución sobre las elecciones y los electores, que dan a los estados la autoridad de regular las elecciones federales (por ejemplo, cuando trazan los límites de los distritos congresuales y aplican políticas electorales, como la votación por correo y la votación anticipada) y, al mismo tiempo, le dan al Congreso el poder de promulgar leyes electorales federales que puedan anular una política estatal.
Así es como estas cláusulas se han interpretado durante los últimos 200 años. Pero ahora los propulsores de la descabellada “teoría de las legislaturas estatales independientes” dicen que estas cláusulas, en realidad, confieren a las legislaturas estatales un poder casi absoluto sobre las leyes que rigen las elecciones federales y dejan a los tribunales estatales, las constituciones estatales, los gobiernos estatales y otros organismos estatales sin ningún tipo de autoridad para corregir los distritos electorales más manipulados (gerrymandering) y anular las leyes de supresión del voto más extremas que puedan elaborar las legislaturas estatales. Es una locura total.
No es tan solo una polémica jurídica teórica: esta teoría, que algunos activistas están presionando a la Corte Suprema para que evalúe en otoño, podría destruir nuestra democracia. En su forma más extrema, crearía un caos en la administración electoral porque anularía cientos de leyes electorales que la ciudadanía ya aprobó por voto popular a través de referéndums, que están incorporadas en las constituciones estatales y que han sido promulgadas a través de regulaciones administrativas; leyes que rigen procesos como la inscripción de votantes, la votación por correo y la garantía del voto secreto.
Además, esta teoría también quitaría gran parte del sistema de frenos y contrapesos al que deberían atenerse las legislaturas estatales y les daría un poder desenfrenado a las mismas instituciones que han estado promulgando leyes que hacen más difícil votar, en especial para los ciudadanos no blancos, y más fácil interferir en los resultados de las elecciones. Con esta teoría, ¿quién queda como el último árbitro sobre la legalidad de las maniobras de las legislaturas estatales? La Corte Suprema, justo la que ha estado desmantelando sin cesar lo poco que queda de las protecciones legales federales de las elecciones.
Sin embargo, la teoría de las legislaturas estatales independientes no solo es una idea terrible, sino que también es totalmente incorrecta como interpretación de la Constitución.
Los fundadores de la nación que redactaron la Constitución, al igual que los cientos de años de práctica y precedente jurídico, nunca tuvieron la intención de darles este tipo de poder desenfrenado a las legislaturas estatales. La teoría de las legislaturas estatales independientes no tiene ninguna validez jurídica ni histórica: es una alucinación de activistas partidistas que están desesperados por encontrar algún pretexto para dar poder a ciertas legislaturas estatales y sacar ventaja política.
Los fundadores redactaron la Constitución para acorralar a políticos interesados y egocéntricos que se estaban comportando mal según los Artículos de la Confederación, reglas que eran relativamente débiles. James Madison explicó que este poder federal era necesario porque “era imposible predecir todos los abusos” de poder que podrían intentar cometer los estados si se les daba “el derecho desenfrenado” de administrar elecciones federales. Madison advirtió que las legislaturas estatales “podrían modificar sus regulaciones de tal modo de favorecer a los candidatos que quisieran que triunfaran”. Él y otros fundadores expresaron la preocupación de que, si no se los controlaba, los estados podrían adoptar medidas de supresión del voto, como colocar sitios de votación en lugares no accesibles, y tácticas de dilución del voto, como la manipulación de distritos electorales.
Al igual que ocurría en la era de la fundación, la mayoría de las constituciones estatales hoy en día regulan las elecciones federales (por ejemplo, dirigiendo el proceso de la distribución de distritos congresuales), y la mayoría de las legislaturas estatales comparten su autoridad durante las elecciones con otros actores estatales. No debería sorprendernos que la Corte Suprema haya rechazado expresamente la teoría de las legislaturas estatales independientes a lo largo de toda la historia de nuestro país; la última vez que lo hizo fue en una causa de 2015 en la que aprobó una comisión de distribución de distritos creada por un referéndum electoral en Arizona.
Sin embargo, antes de las elecciones de 2020, el expresidente Trump y sus abogados intentaron usar esta teoría en sus demandas judiciales para anular políticas que varias secretarías de estado, otros organismos electorales estatales y tribunales estatales implementaron en 2020 para garantizar que la ciudadanía pueda votar con seguridad y sin riesgos durante la pandemia. Trump afirmaba que estas entidades no podían regular las elecciones porque no eran parte de la “legislatura”, aun cuando han sido parte fundamental de los procesos legislativos estatales desde la fundación.
Estos casos reaparecieron en la Corte Suprema en forma de peticiones de recursos de emergencia y, si bien la Corte no aprobó ninguno, cuatro magistrados conservadores escribieron por separado que estarían dispuestos a considerar esta teoría. Después de las elecciones, Trump y sus aliados trataron de utilizar esta teoría como pantalla política para su plan de convencer a algunos legisladores estatales que eligieran a su propia selección de electores presidenciales y anular los resultados de las elecciones.
Actualmente, algunas personas que buscan manipular los distritos electorales en Carolina del Norte están intentando aplicar esta teoría en una causa que la Corte Suprema evaluará este otoño. La teoría de las legislaturas estatales independientes no tiene ninguna base legítima en la ley de nuestro país. No podemos permitir que su interpretación perversa de la Constitución amenace nuestras elecciones.
Traducción de Ana Lis Salotti.
