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Un tribunal federal de apelaciones de Washington rechazó este martes la alegación de Donald Trump de que él no puede ser procesado legalmente por sus intentos de revertir las elecciones presidenciales de 2020.
Este dictamen histórico marca un paso importante en los esfuerzos por responsabilizar al expresidente y despeja el camino hacia un posible juicio por su plan multifacético de frustrar el traspaso de poder pacífico. Todos los ojos ahora están puestos sobre la Corte Suprema federal, cuya posible revisión del dictamen del tribunal de apelaciones podría agregar más demoras.
Por unanimidad, el Tribunal Federal de Apelaciones para el circuito de Washington, D.C., afirmó que no podía avalar el argumento de Trump “de que el poder ejecutivo tiene carta blanca para violar los derechos de la ciudadanía de votar y de que su voto cuente”.
Esta decisión surge a raíz del procesamiento penal que enfrenta Trump en un tribunal federal de distrito en Washington. La acusación formal presentada en agosto de 2023 en la causa United States v. Trump alega que Trump orquestó y participó de una conspiración para revertir los resultados de las elecciones de 2020, como la fuerza impulsora detrás del ataque del 6 de enero contra el Capitolio.
El gobierno federal acusa a Trump y a sus partes aliadas de promover falsas alegaciones de fraude electoral, obligar a funcionarios estatales a ignorar los resultados del voto popular, organizar listas de electores falsos a favor de Trump, presionar al Departamento de Justicia para efectuar investigaciones sobre delitos electorales que eran una farsa, e intentar convencer al exvicepresidente Mike Pence para que remplazara a electores auténticos por impostores.
Para hacer descarrilar su procesamiento penal, Trump alegó que se debía desestimar su caso, porque los presidentes gozan de inmunidad por cualquier acto “oficial” que comentan mientras ocupan el cargo: una alegación radical que elevaría al presidente por encima de la ley. El tribunal de primera instancia rechazó esta alegación en diciembre, y Trump apeló ante el tribunal de apelaciones para el circuito de Washington DC.
La afirmación de la decisión del tribunal de primera instancia dictada por este tribunal de apelaciones proviene de tres juezas nombradas por un presidente republicano y otro demócrata. Su opinión estableció que un presidente puede ser procesado por cualquier acto delictivo que hubiera cometido durante su presidencia.
En consonancia con lo dictaminado por el tribunal de primera instancia, este panel compuesto por las tres juezas rechazó el argumento de Trump “de que posee una inmunidad categórica de toda responsabilidad penal por cualquier acción ‘oficial’ que hubiera realizado como presidente, un argumento que no tiene ningún fundamento en la jurisprudencia, ni en la historia, ni en el texto o la estructura de la Constitución”.
La opinión del tribunal evitó expresamente comentar sobre el hecho de si Trump había cometido o no los delitos que se le acusan. Pero llegó a la conclusión de que, si una fiscalía federal puede probarlos, Trump no puede alegar inmunidad para evadir su castigo. Es decir que “el expresidente Trump se convirtió en el ciudadano Trump” en el momento en que dejó su cargo y está sujeto al procesamiento penal al igual que todo el mundo.
El tribunal explicó que pronunciar lo contrario crearía una “clara paradoja” al dejar que “el presidente, que es el único al que se le encomienda el deber constitucional de “asegurarse de que las leyes se ejecuten fielmente”, sea también el “único funcionario capaz de desafiar esas leyes con impunidad”.
El tribunal recalcó que los delitos que se le alegan a Trump violaron valores democráticos fundamentales que todo presidente jura defender y representan una amenaza demasiado grave al funcionamiento ininterrumpido de nuestro sistema democrático como para que estén exentos del procesamiento penal.
El tribunal señaló que, “de ser comprobado, el presunto intento del expresidente Trump de permanecer en el poder a pesar de haber perdido las elecciones de 2020 fue un ataque sin precedentes contra nuestra estructura de gobierno” y, por eso, rechazó la alegación de Trump “de que un presidente tiene una facultad ilimitada para cometer delitos que neutralizarían el control más fundamental que se tiene sobre el poder ejecutivo: la aceptación y ejecución de los resultados de una elección”.
El tribunal también manifestó que el argumento de Trump a favor de su inmunidad, si se lo aceptara, “derribaría nuestro de sistema de poderes independientes, ya que se colocaría al presidente más allá del alcance de los tres poderes de gobierno” porque no le permitiría al Congreso que declare que ciertos actos son ilegítimos, imposibilitaría a todo presidente futuro de responsabilizar a cualquiera que viole la ley, y no dejaría que los tribunales lo enjuicien.
El tribunal de apelaciones resaltó que, si bien nunca antes ningún presidente se ha procesado a nivel federal, sí hubo presidentes en el pasado que creían que se les podían iniciar acciones penales, tal como lo ponen en evidencia el ofrecimiento de Gerald Ford y la aceptación de Richard Nixon de un indulto presidencial “para evitar una acusación formal en contra de Nixon luego de su renuncia” y el acuerdo en el que Bill Clinton “aceptaba la suspensión de su licencia de abogado durante cinco años y una multa de $25,000” para evitar un procesamiento legal.
Las preparaciones del tribunal de primera instancia para llevar a cabo el juicio contra Trump han estado pausadas desde diciembre, mientras el tribunal de apelaciones para el circuito de Washington DC consideraba su apelación sobre el tema de la inmunidad. Las preparaciones del juicio pueden reanudarse después del 12 de febrero, a menos que Trump apele su caso ante la Corte Suprema o si otro panel compuesto por todos los jueces que integran el circuito de Washington DC decide aceptar el caso.
Más allá de cualquier otra apelación, cabe destacar la importancia de la decisión del tribunal para el circuito de Washington DC. La causa penal que presentó el fiscal especial Jack Smith sigue siendo una herramienta poderosa para responsabilizar a Trump por su intento de derrocar nuestra democracia, con la posibilidad de que Trump enfrente una larga pena de prisión.
Hoy, el poder judicial ha hecho oír su voz con claridad: nadie está por encima de la ley.
Traducción de Ana Lis Salotti.
