Por Mira Ortegon
La participación política de los latinos en los Estados Unidos va en aumento, pero una ola de restricciones al voto y otras leyes perjudiciales está poniendo en peligro su poder político, especialmente en estados como Arizona y Texas.
Afortunadamente, la Ley de Libertad para Votar: John R. Lewis (“Freedom to Vote: John R. Lewis Act”) un proyecto de ley de democracia transformadora pendiente en el Senado, contrarrestaría muchos de los peores esfuerzos en los estados para suprimir el voto en las comunidades de color. El proyecto de ley establecería normas nacionales de referencia para proteger el derecho al voto y anularía decisiones perjudiciales del Tribunal Supremo para garantizar que se escuchen las voces de todos los estadounidenses.
Los esfuerzos racistas para suprimir el poder político de los latinos en Estados Unidos no son nada nuevo, especialmente en Arizona y otros estados con grandes comunidades latinas. Durante más de 60 años, por ejemplo, la ley de Arizona exigía a los votantes aprobar un examen de alfabetización en inglés para poder registrarse para votar. Los autores de la ley de 1909 expresaron claramente su intención: bloquear el “voto mexicano ignorante”.
Las primarias sólo para blancos, diseñadas para suprimir el voto negro en los estados del Sur, se implementaron en Texas en 1923 para impedir que los latinos participaran en elecciones primarias cruciales. Recientemente, a pesar de algunos avances legales, han persistido la intimidación, el acoso, los molestos requisitos de prueba de ciudadanía y otros esfuerzos para suprimir el voto latino.
La Ley de Derecho al Voto de 1965 fue un paso esencial para remediar esa represión de votantes. La ley prohíbe la discriminación de las minorías raciales y étnicas en el acceso al voto y fue modificada en 1975 para proteger a las poblaciones hispanohablantes y a otras minorías lingüísticas.
Incluso, hasta el 2013 también requería que los estados y localidades con un historial de discriminación racial en la votación obtuvieran la aprobación federal para los cambios en las leyes electorales, un proceso conocido como “autorización previa”. Pero ese año, la Corte Suprema eliminó el poder de autorización previa en el caso Shelby County v. Holder. Y el año pasado, el Tribunal debilitó aún más la Ley de Derecho al Voto cuando confirmó dos políticas de votación discriminatorias de Arizona, que perjudican desproporcionadamente a los latinos, en el caso Brnovich v. DNC.
Estas decisiones han contribuido a un resurgimiento de los esfuerzos por suprimir el voto de los latinos, asiáticos y negros a medida que aumenta su presencia. Los estados han aprobado cientos de leyes de voto restrictivas que acortan los periodos de votación anticipada, cierran los centros de votación, establecen depuraciones agresivas de las listas de votantes y mucho más.
Hoy nos encontramos en un estado de crisis. El expresidente Trump hizo de la demonización de los latinos un componente central de su campaña y difundió mentiras malintencionadas, como la falsa afirmación de que millones de no ciudadanos votaron ilegalmente. Sus esfuerzos por sembrar la división y socavar las elecciones estadounidenses condujeron a una insurrección violenta en el Capitolio y a un movimiento antidemocrático persistente arraigado en la supremacía blanca.
Los legisladores estatales han seguido este ejemplo, intensificando los esfuerzos de supresión de votantes. El año pasado, 19 estados promulgaron 34 leyes electorales restrictivas, y se esperan más en el 2022. Algunas de las peores leyes se han aprobado en estados con poblaciones latinas en crecimiento, como Florida, Arizona y Texas.
En Texas, la nueva ley dificultaría que los hispanohablantes recibieran ayuda para emitir su voto, establecería revisiones mensuales de ciudadanía que han eliminado sistemáticamente a los votantes elegibles de las listas por error, y prohibiría la votación durante las 24 horas del día además de votar desde el automóvil.
Además, en medio del último ciclo de redistribución de distritos políticos, los legisladores de todo el país están debilitando el poder de los votantes latinos a través de la manipulación extrema de los distritos (gerrymandering). A pesar del crecimiento masivo de la población latina en Texas, por ejemplo, los mapas alterados han reducido el número de distritos de mayoría latina. En Arizona, existe la preocupación de que los mapas de distritos trazados en el estado limitarían las voces de votantes latinos y nativo americanos.
Por suerte, el principal proyecto de reforma de la democracia pendiente en el Senado pueden mitigar los peores daños. La Ley de Libertad para Votar: John R. Lewis prohíbe la manipulación partidista, garantiza el voto anticipado y sin excusas por correo, frena las eliminaciones discriminatorias del censo electoral, contrarresta las largas colas en las urnas y mucho más.
Dado que los estados pueden seguir intentando discriminar, la legislación restablece la plena vigencia de la Ley de Derecho al Voto, anulando las decisiones del Tribunal Supremo en los casos de Shelby County y de Brnovich.
Los latinos, que representaron más de la mitad del crecimiento demográfico del país durante la década 2010–20, merecen que se cuenten sus votos. El fortalecimiento de su poder político significaría un gobierno que refleje mejor sus necesidades. El Congreso puede ayudar a nuestra nación a acercarse al ideal—una democracia multirracial en la que todos puedan participar—haciendo lo necesario para que esta reforma democrática fundamental se convierta en ley.
