Este artículo se publicó originalmente en Univision.
La población de los Estados Unidos se está volviendo más latina, y lo está haciendo rápidamente. Sin embargo, las comunidades latinas de todo el país siguen privadas de su poder político real y despojadas de su representación política por la manipulación de distritos diseñada expresamente para suprimir su voto.
El resultado de esta manipulación discriminatoria de distritos electorales es la casi total exclusión de los latinos de los cargos públicos. En 2020, los latinos ocuparon tan solo el 1 por ciento de todos los cargos públicos electos a nivel local y federal, a pesar de componer el 18 por ciento de la población del país.
De hecho, los resultados del censo de 2020 demuestran que los latinos contribuyeron más de la mitad del crecimiento poblacional del país entre 2010 y 2020, con un aumento de 11.6 millones de personas en sus poblaciones: muchísimo más que cualquier otro grupo étnico en términos absolutos. Los latinos ya son el grupo minoritario más grande en 21 estados y, en California y Nuevo México, ya superaron a la población blanca no latina y se convirtieron en el grupo demográfico más grande del estado. Se prevé que pase lo mismo en Texas.
La prosperidad de la población latina es una fuerza dominante en la economía, responsable por casi las tres cuartas partes del aumento en la fuerza laboral desde la Gran Depresión. Cada vez más son los latinos que se gradúan con títulos universitarios, compran viviendas y se presentan como candidatos en las elecciones . Además, este crecimiento latino está teniendo repercusiones en la política: como son cada vez más los latinos que pueden votar, el voto latino fue decisivo en la victoria del presidente Biden en 13 estados, y hubo una participación récord de latinos en las elecciones de 2020 en todo el país.
Pero con esta dimensión y este poder electoral emergente, ha venido también un contragolpe. En los estados donde el crecimiento de latinos y el de otras personas no blancas amenaza el statu quo político, las legislaturas ya están comenzando a manipular los distritos electorales de las comunidades latinas para quitarles su voz política, condensarlas en menos distritos para circunscribir su poder electoral o dispersarlas en varios distritos para diluir su fuerza electoral. En Texas, por ejemplo, la legislatura aprobó un nuevo mapa congresual que redujo la cantidad de distritos con mayoría latina, a pesar de que, en realidad, el estado incorporó a 2 millones de latinos desde 2010.
Esta no es una nueva táctica. Durante la última década, Texas no creó ninguna oportunidad electoral nueva para los latinos, a pesar del rápido crecimiento concentrado de las comunidades latinas, lo cual generó litigios que se extendieron durante años para contrarrestar esta conspiración discriminatoria. Del mismo modo, un litigio exitoso en Florida demostró que la legislatura había condensado a los votantes latinos en distritos que ya eran marcadamente demócratas para reforzar el poder de los distritos republicanos a expensas de los votantes latinos. Incluso en estados bajo control demócrata, como Illinois y Washington, los latinos suelen terminar divididos en diferentes distritos para reforzar escaños demócratas ya seguros y privarlos de la oportunidad justa de elegir a representantes de su preferencia.
Incluso con una participación récord en las elecciones de 2020, los votantes latinos, según muchas fuentes, fueron relegados por las campañas políticas tanto del partido republicano como del demócrata. Esto ocurre justo en un momento en que las comunidades latinas necesitan respuesta de sus legisladores. Durante la pandemia, los latinos tenían casi el triple (2.8) de probabilidades de morir de Covid-19 y sufrieron más pérdidas económicas y perdieron más empleos que cualquier otra persona en los Estados Unidos. Y desde que comenzó la pandemia, los adultos latinos tienen más probabilidades de ser desalojados de sus viviendas y sus hijos, de atrasarse en la escuela, que sus pares blancos.
Sin embargo, en lugar de afrontar los problemas y satisfacer los deseos de esta gran porción del electorado, muchos estados como Texas y Florida les han creado nuevos obstáculos para votar. Está habiendo prácticas antilatinas de distribución de distritos en medio del esfuerzo de supresión del voto más importante de las últimas décadas, y gran parte de este esfuerzo está diseñado con el objetivo de reducir el creciente poder de las comunidades latinas.
Estos ataques contra el electorado latino están profundamente arraigados en el prejuicio y la violencia que viene desde hace más de un siglo. Se estima que las bandas violentas mataron a miles de personas de descendencia mexicana a comienzos del siglo veinte, un dato que no suele enseñarse en los libros de historia estadounidense. Otro hecho olvidado es la campaña de autoridades locales y estatales de “repatriar” (es decir, regresar a México por la fuerza) a aproximadamente 2 millones de mexicoamericanos durante la Gran Depresión, muchos de los cuales eran ciudadanos estadounidenses. Más tarde, incluso la Ley de Derecho al Voto de 1965 inicialmente no protegía a las personas puertorriqueñas de las pruebas de alfabetización en inglés administradas en los sitios de votación de Nueva York (la ley no incluyó a las “minorías lingüísticas” hasta pasados los 10 años de su aprobación).
Si bien la población latina ha crecido mucho y se ha vuelto más diversa durante los últimos 50 años, este patrón de discriminación sigue increíblemente intacto.
Todos los días, los legisladores de todo el país reciclan las malas prácticas de distribución de distritos que han aplacado las oportunidades políticas de los latinos durante décadas. El electorado y las organizaciones de defensoría pueden impugnar estos mapas en la justicia. Pero estos intentos serán impedidos por la interpretación restrictiva que hacen los tribunales de las leyes electorales y por la capacidad de las personas encargadas de trazar los mapas (después de que la Corte Suprema permitiera la manipulación partidista de distritos) de alegar que los latinos fueron afectados por razones políticas, y no por su etnicidad. Por eso, es ahora más urgente que nunca que el Congreso repare y fortalezca las leyes electorales de la nación aprobando la Ley para el Avance del Derecho al Voto (John R. Lewis Voting Rights Advancement Act) y la Ley de Libertad de Voto (Freedom to Vote Act).
Cuando se redactaron las leyes electorales de la nación hace más de 60 años, menos del 8 por ciento de la población del país era latina. Para esta nueva ronda de distribución de distritos, es hora de que, de una vez por todas, las personas encargadas de trazar los mapas dejen de discriminar y comiencen a distribuir los distritos de modo que den a los votantes latinos la oportunidad de elegir a los candidatos que representan y luchan por la comunidad latina.
