Donald Trump fue acusado ante un tribunal estatal de Georgia la noche del lunes, junto con 18 de sus aliados, de intentar anular los resultados de la elección presidencial de 2020 en el estado. Muchos de los cargos contra Trump y los otros acusados son similares o coinciden con los cargos que Trump enfrenta en el caso federal iniciado por el fiscal especial Jack Smith.
Pero entre los nuevos cargos hubo una sorpresa que solo se dio a conocer cuando los medios de comunicación insinuaron al respecto el pasado fin de semana. Fani Willis, la fiscal de distrito del condado de Fulton, mostró pruebas de que el equipo de Trump estaba detrás de múltiples casos de ingreso no autorizado a los sistemas de votación en el condado de Coffee, en Georgia en enero de 2021.
Según los cargos, los aliados de Trump, entre ellos la abogada Sidney Powell, dieron instrucciones a un grupo de contratistas de la campaña para que copiaran datos y software de las máquinas de votación.
Las trasgresiones de Georgia son particularmente importantes porque incluyen a personas del círculo íntimo de Trump, pero no son incidentes aislados, sino parte de una preocupante ola de ataques contra la seguridad electoral.
A nivel nacional, ha habido por lo menos 17 intentos de acceso no autorizado a equipo de votación desde las elecciones de 2020, la mayoría de ellos en conexión con aliados de Trump u otros promotores muy conocidos de las teorías de conspiración electoral. En ocho lugares separados en cuatro estados, esos esfuerzos fueron exitosos.
Para proteger nuestra democracia, es crucial llevar a la corte a quienes atentan contra la integridad de nuestros sistemas electorales, en particular, quienes lo hacen desde posiciones de poder. Esto serviría de advertencia a todos de que las autoridades de la ley vigilan atentos y están preparados para penalizar la mala conducta.
Estos casos de acceso sin autorización causan profundo daño. Estos datos recopilados sin autorización se han usado y manipulado para difundir mentiras y fomentar sus teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020.
En Michigan, el negacionista electoral Matt DePerno publicó videos de un cómplice manipulando una máquina de votación y afirmó falsamente que eso probaba lo fácil que era hacer que la máquina produjera resultados manipulados. (DePerno, se postuló para fiscal general de Michigan pero no fue elegido y luego fue acusado de posesión indebida de una máquina de votación y conspiración para obtener acceso no autorizado a una computadora o sistema informático.)
En Colorado, durante una conferencia organizada por Mike Lindell, CEO de MyPillow, los ponentes presentaron archivos de una computadora del sistema electoral del condado de Mesa. Los archivos no revelaron ninguna conspiración real, pero su presentación sí constituyó lo que el secretario de estado denominó una “grave violación de los protocolos de seguridad del sistema de votación”. Sin el contexto de fuentes confiables, estos videos ampliamente difundidos socavan la confianza en las elecciones.
Más allá de la propaganda política, estas trasgresiones amenazan directamente la integridad de nuestras elecciones. Los que entran o inspeccionan, los sistemas sin autorización pueden dañarlos sin darse cuenta, como aparentemente sucedió en por lo menos algunos de los casos de acceso no autorizado en Michigan.
Lo peor es que pueden contaminar el equipo con un malware malicioso o causar otros problemas que tal vez no se pueden detectar. Por eso, cuando los funcionarios estatales descubrieron este acceso no autorizado, dieron de baja los sistemas relevantes para que no puedan usarse en elecciones futuras.
Ahora que se acerca 2024, debemos fortalecer nuestras defensas. Los funcionarios estatales deben aplicar prácticas óptimas para detectar y confirmar si hubo acceso físico no autorizado a los sistemas de votación. Estas incluyen restringir el acceso físico y digital al equipo más confidencial por medio del uso de vigilancia por video, protocolos de acceso y sistemas con tarjetas de seguridad.
Cuando sea posible, los funcionarios deben dar de baja todas las máquinas afectadas en caso de descubrirse acceso no autorizado. La comunicación es clave: se debe explicar públicamente los pasos tomados en respuesta a cualquier acceso no autorizado, para aumentar la transparencia y la confianza en nuestras elecciones.
También debe estar claro que habrá consecuencias si se entra ilegalmente a los sistemas de votación. Colorado y Minnesota recientemente actualizaron sus leyes para afirmar explícitamente que dicha conducta es ilegal. El Departamento de Justicia también debe emitir pautas para dejar en claro que interferir con el equipo de votación también es una trasgresión de la ley federal.
Los fiscales de Michigan y Colorado han presentado cargos contra varias personas conectadas con el acceso no autorizado en esos estados. En la acusación de Georgia, Powell y otros tres ahora se suman a la lista de los acusados por acceso no autorizado a datos electorales.
Cualquiera que sea el resultado, llevar estos casos a la corte ayuda a proteger y mantener la integridad de nuestros sistemas electorales y la confianza del público en ellos.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
