Suscríbete aquí al boletín informativo del Brennan Center en español
Durante los primeros meses de su mandato, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva en la que decretaba que las agencias federales debían brindar a toda persona votante elegible, sin importar su afiliación política, la oportunidad de registrarse para votar y obtener información electoral confiable.
Biden tomó esa medida el día en que se conmemoró un nuevo aniversario del Domingo Sangriento, o "Bloody Sunday", un enfrentamiento violento entre un grupo de activistas en defensa de los derechos civiles y la policía en Selma, Alabama, en marzo de 1965, un acontecimiento que impulsó, a los pocos meses, la aprobación de la trascendental Ley de Derecho al Voto.
En este 59.° aniversario de la promulgación de la Ley de Derecho al Voto, los expertos del Brennan Center Lisa Danetz y Owen Bacskai dialogan sobre cómo esta orden ejecutiva ayuda a los votantes de todos los rincones del país a superar las barreras y ejercer su derecho al voto, las medidas que los organismos federales están tomando para ampliar el acceso al voto y la relevancia histórica de esta orden.
¿Qué es la orden ejecutiva del presidente Biden sobre el acceso al voto y cuáles son algunas medidas que han tomado las agencias federales para cumplirla?
Danetz: La orden ejecutiva 14019 decreta que los organismos federales deben brindarle al electorado la oportunidad de presentar solicitudes de registro de votantes y obtener información electoral confiable cuando una persona ciudadana elegible ya está interactuando con el gobierno federal. La orden también busca mejorar el acceso al voto de otros modos. Por ejemplo, le requiere al gobierno evaluar los obstáculos que enfrentan para votar las personas con discapacidades y dirige a la Administración de Servicios Generales (GSA por sus siglas en inglés) para que modernice el sitio web vote.gov del gobierno federal que brinda información accesible sobre la votación y el registro de votantes en múltiples idiomas.
Bacskai: Los organismos federales han tomado una amplia gama de medidas para ejecutar esta orden. Algunas agencias —como dos universidades tribales que maneja el Departamento del Interior y varios centros de salud del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA por sus siglas en inglés)— permitieron que sus estados las designen como sitios de registro de votantes, según la Ley de Registro Nacional de Votantes de 1993. El Departamento de Defensa está publicando la Solicitud Federal de Tarjeta Postal (FPCA por sus siglas en inglés) —un formulario para que el personal militar y las personas votantes que se encuentran en el exterior puedan registrarse para votar y solicitar boletas de voto en ausencia— en varios idiomas que no sean inglés para la población que tiene poco dominio del inglés. Y el Servicio de Vivienda Rural del Departamento de Agricultura se comprometió a brindar información electoral no partidista a residentes de viviendas rurales a través de sus prestatarios y prestamistas. Estos son tan solo algunos ejemplos.
Algunas autoridades públicas y legisladores estatales que se oponen a la orden ejecutiva alegan que la Casa Blanca está "invadiendo" las responsabilidades de los estados. ¿Cómo responden a estas críticas?
Danetz: Durante más de medio siglo, el Congreso ha aprobado leyes, conforme a la Cláusula sobre Elecciones de la Constitución, con el fin de regular las elecciones, mejorar al acceso al voto y permitir o exigir que las agencias federales faciliten el registro de votantes.
En la década de 1950, el entonces presidente Eisenhower firmó la Ley Federal de Asistencia Electoral (Federal Voting Assistance Act), que hizo participar a las agencias federales en el registro de votantes. Esa participación evolucionó a medida que se fueron promulgando otras leyes a lo largo de las décadas. Entre ellas, cabe destacar la Ley de Registro Nacional de Votantes de 1993, que estableció el "deber" del gobierno federal de promover el derecho al voto y facultó a las agencias federales para que integraran a sus servicios la oportunidad de registrarse para votar. Treinta años más tarde, la orden ejecutiva del presidente Biden está haciendo realidad este compromiso.
Quienes critican la orden ejecutiva sugieren que es una iniciativa para "ayudar a candidatos demócratas, como Biden, a ganar las elecciones". ¿Tiene alguna validez esa crítica?
Danetz: Esa es una alegación infundada. A través de su ejecución por parte de una amplia gama de agencias federales, esta orden ejecutiva ayuda a toda la población estadounidense, sin importar su partido político. Varias regulaciones y leyes federales garantizan que la oportunidad de registrarse para votar sea algo no partidario y que esté disponible para toda la población. Por ejemplo, la Ley Hatch prohíbe que los empleados federales participen en actividades políticas en la ejecución de su trabajo.
La Oficina de Fiscales Especiales del Departamento de Justicia, encargada de hacer cumplir las leyes federales que le prohíben al personal federal realizar actividades políticas partidistas durante el ejercicio de sus funciones, declaró que el registro de votantes no partidista está permitido.
Bacskai: Esta orden ejecutiva está bien arraigada en políticas y leyes federales que han estado en vigencia desde hace mucho tiempo y es una firme extensión de la Ley de Registro Nacional de Votantes. Existen protecciones sólidas que aseguran que sea un instrumento no partidista.
¿Por qué es importante que las agencias federales participen del registro de votantes no partidista y brinden información al votante?
Danetz: Lo bueno de que las agencias federales ayuden con el registro de votantes es que es un esfuerzo no partidista que alcanza a muchísima gente en el curso normal de sus vidas, sin importar su procedencia o afiliación. Por ejemplo, la población puede ver carteles sobre vote.gov en una oficina dela Seguridad Social o en un parque nacional y, entonces, tener acceso a información confiable sobre cómo registrarse para votar en su estado.
¿Cuál es la relevancia histórica de esta orden?
Danetz: La orden ejecutiva del presidente Biden es la medida más importante que haya tomado un presidente para asegurarse de que el gobierno federal ayude a brindar el correcto acceso al registro de votantes y a la votación. Si bien el Congreso ha procurado, desde hace mucho tiempo, hacer participar a las agencias federales en la promoción de elecciones libres, justas y accesibles, ninguna otra administración ha adoptado este compromiso con tanta fuerza como hasta ahora.
Cuando el Congreso aprobó la Ley de Registro Nacional de Votantes, le instruyó al gobierno federal que desempeñe un rol activo a la hora de prestar servicios de registro de votantes. El presidente Clinton firmó una orden ejecutiva en la que decretó que las agencias federales debían participar en el registro de votantes, conforme a esa ley, pero la mayoría de las agencias ignoraron esta orden. Durante la presidencia de Bush, solo la Administración de Salud para Veteranos (VHA por sus siglas en inglés) ofrecía asistencia electoral a residentes de algunos de sus centros. Tanto el presidente Obama como el presidente Trump extendieron la política de Bush. Pero, con Biden, el gobierno federal finalmente cumplirá esta política federal creada desde hace mucho tiempo, pero que había quedado inconclusa.
Traducción de Ana Lis Salotti.
