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El promedio de duración del mandato de los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos es, por mucho, el más largo entre las democracias constitucionales instituidas. Sin límites en la ocupación del cargo, el mandato promedio en la Corte Suprema desde 1993 ha alcanzado los 28 años —más del doble que en la mayoría de los países análogos — lo que convierte a Estados Unidos en un notable caso atípico a nivel global.
¿Qué gana o pierde Estados Unidos al otorgarle a los magistrados de la Corte Suprema un mandato excepcionalmente largo? El análisis comparativo indica que otras democracias logran la independencia y eficiencia judicial con duraciones de mandatos mucho más cortos, ya sea establecidos por la ley, limitados por normas de jubilación obligatoria, o ambas. Los mandatos más largos no mejoran el desempeño judicial en Estados Unidos.
Además, los mandatos con un plazo de duración fijo o limitados por la edad en otros países permiten que haya vacantes en la Corte Suprema de manera más frecuente y predecible que en Estados Unidos. Esto reduce los riesgos en el nombramiento de los jueces y ayuda a mantener la composición del alto tribunal más acorde con las opiniones cambiantes de la sociedad en general. Con los mandatos vitalicios, Estados Unidos sacrifica estos objetivos sin obtener beneficios adicionales en cuento a la independencia judicial.
Los mandatos ilimitados no ofrecen beneficio agregado para la independencia judicial
En una democracia constitucional, el papel de la rama judicial es garantizar que las normas, plasmadas en la constitución y en las leyes, sean respetadas. Para cumplir esa función eficazmente, las cortes deben ser independientes —eso es, tener la habilidad de decidir los casos conforme a su interpretación sincera de lo que exige la ley, sin temor a represalias ni expectativas de recompensa por parte de agentes poderosos con intereses en los resultados de los casos. En el caso particular del tribunal de alto nivel, la independencia judicial significa que los jueces no deben ajustar sus fallos a los deseos del gobierno, lo que les permite responsabilizar ante la ley a todos los agentes, incluyendo a los funcionarios del gobierno.
Al hacer de esta “independencia necesaria” una prioridad, Estados Unidos ha otorgado hasta la fecha mandatos vitalicios a los magistrados de la Corte Suprema. Esta práctica proviene en parte por el temor expresado por Alexander Hamilton de que los “nombramientos periódicos, por más regulados que sean, o por quien sea que los realice, serían, de alguna forma u otra, fatales” para la independencia judicial. Aun así, muchas democracias constitucionales tienen “nombramientos periódicos” u otros límites a la ocupación del cargo en el tribunal supremo, y los datos demuestran que no ha sido “fatal” para la capacidad de los magistrados de mostrar independencia y defender el estado de derecho.
Particularmente, el mandato excepcionalmente largo de la Corte Suprema de Estados Unidos no se traduce a una mayor independencia judicial en comparación con los países homólogos, como se evaluó en una encuesta de expertos para el proyecto Varieties of Democracy.
Mientras que la media del puntaje de independencia de la alta corte entre el 2013–2023 para Estados Unidos fue alta, casi 3.6 de 4, cinco países lograron puntajes más altos, incluyendo Suiza que tiene una duración fija de 6 años en los mandatos, Portugal con una duración fija de 9 años en sus mandatos y Australia, Noruega y Suecia, en donde la edad de jubilación obligatoria resulta en mandatos que duran entre 11 y 15 años. Otros ocho países con límites de mandato entre 9 y 14 años (de hecho o por plazos fijos) tienen puntajes promedios de independencia de la alta corte en los cuales los intervalos de confianza coinciden con los de Estados Unidos, como se refleja en la franja gris.
Estos datos indican que el mandato vitalicio no es necesario para que un tribunal supremo tenga la capacidad de fallar independientemente a los deseos del gobierno. Esto es consistente con análisis estadísticos mucho más amplios que no encontraron relación entre cualquier regla sobre el nombramiento formal en los países democráticos y la tenencia del cargo y la independencia judicial en la alta corte.
Además, los últimos datos —tomados de una combinación de encuestas a expertos y a la población general— del World Justice Project sobre “si el poder judicial tiene la independencia y la capacidad en la práctica de ejercer una vigilancia eficiente sobre el gobierno” revelan que los Estados Unidos no rinde mejor que sus pares en esta importante medida, a pesar de tener por mucho la duración más larga en el mandato del tribunal supremo. (Suiza no fue incluida en los análisis de World Justice). Otros países logran rendimientos jurídicos en la alta corte con mandatos protegidos en el tribunal supremo pero limitados y mucho más cortos.
También cabe mencionar que entre los países que nombran jueces vitalicios, Estados Unidos es el caso atípico en cuanto a la edad promedio de nombramiento —50.8 para la actual Corte Suprema. Dado esto, incluso con una edad de jubilación obligatoria tan baja como la de Suecia (67), Estados Unidos seguiría teniendo la duración promedio de mandato más larga del mundo.
Los mandatos ilimitados tienen costos claros
Los datos comparativos sugieren que Estados Unidos no obtiene ningún beneficio adicional en términos de estado de derecho al otorgar a los magistrados de la Corte Suprema mandatos vitalicios, pero sí incurre en costos adicionales que otros países logran evitar.
Al reconocer el poder de la Corte Suprema para tomar decisiones que afectan la vida de millones de personas, otras democracias constitucionales han optado por reglas de nombramiento y ocupación del cargo que conectan a estas cortes con el proceso político de manera regulada y predecible. Estas reglas reducen las probabilidades de que un agente o partido pueda tener una alta corte inamovible y “políticamente unilateral” que favorezca sistemáticamente sus puntos de vista e intereses.
Entre los mecanismos institucionales que contribuyen a mantener tribunales supremos más renovados y equilibrados se encuentran los mandatos judiciales limitados, los cuales generan vacantes más frecuentes y programadas. La rotación regular y predecible aumenta la probabilidad de que el cambio político en el poder legislativo y ejecutivo se refleje en los nombramientos al alto tribunal, previniendo tribunales duraderos y sistemáticamente sesgados.
La anterior tabla refleja datos sobre las fechas de nombramiento de todos los magistrados de la Corte Suprema en cada país desde 1990, o desde la creación de la corte o la implementación de un cambio importante en su estructura. Este último criterio aplica para Chile (2006), República Checa (1993), Sudáfrica (1994) y el Reino Unido (2009).
El gráfico ilustra como el mandato vitalicio hace de Estados Unidos un caso excepcionalmente vulnerable a una composición desequilibrada y estancada de la Corte Suprema. Democracias similares, sin importar el tamaño de su alto tribunal, tienen intervalos promedio más cortos entre los nombramientos y menor variación entre el intervalo más corto y el más largo en comparación con Estados Unidos.
Especialmente dada la expansión del poder judicial en los últimos años, la relativa infrecuencia e imprevisibilidad de las vacantes en la Corte Suprema en Estados Unidos ha elevado las apuestas de los nombramientos judiciales a niveles extremadamente altos. Esto incentiva “tácticas de confirmación intransigentes” y pone en riesgo la legitimidad institucional de la Corte Suprema.
Es hora de reconsiderar el mandato vitalicio
No es fácil construir y mantener una rama judicial fuerte e independiente, y los Estados Unidos forma parte de un grupo relativamente pequeño de países que lo ha logrado.
Las reformas institucionales a la Corte Suprema de Estados Unidos no deben ser tomadas a la ligera, pero datos comparativos no apoyan la declaración de que cualquier cambio sería fatal para la independencia e integridad judicial. Además, la confianza del público en la Corte ha disminuido precipitadamente en los últimos años, con encuestas que muestran que la Corte es cada vez más vista como ideológicamente desequilibrada.
Puede que el mandato vitalicio haya tenido sentido como un vehículo para garantizar la independencia judicial hace siglos, pero hoy tiene cada vez menos resultados y más costos. Por lo tanto, es hora de corregir, y otras democracias evidencian que se puede hacer con poco riesgo para la independencia judicial y con el potencial de construir una Corte más equilibrada y legítima.
Lisa Hilbink es profesora de ciencias políticas en la Universidad de Minnesota, Twin Cities, y es miembro del cuerpo docente del programa de posgrado en estudios judiciales de la Universidad de Nevada, Reno.
Traducción de Laura Gómez
