Grupos de derechos civiles, organizaciones cívicas y gobiernos locales presentan una demanda para evitar que Trump cierre el censo antes de tiempo

PARA DIFUSIÓN INME­DI­ATA

18 de agosto de 2020

Contacto: Mireya Navarro, Bren­nan Center for Justice, mireya.navar­ro@nyu.edu, 646–925–8760.

 

SAN JOSE, Calif. – Grupos de derechos civiles, organ­iza­ciones cívicas y gobi­ernos locales hoy present­aron una demanda judi­cial para frenar el plan de la Admin­is­tra­ción Trump de obligar a la Oficina del Censo a que apre­sure el cierre del Censo de 2020 y así entregarle al pres­id­ente Trump los conteos para la redis­tribu­ción de escaños del Congreso antes del 31 de diciembre de 2020.

En esta demanda judi­cial, se afirma que el nuevo crono­grama acel­erado para el censo de la Admin­is­tra­ción Trump le quita cuatro semanas cruciales al conteo en sí y cuatro meses a la etapa de proces­ami­ento y presenta­ción de datos. Este cambio abrupto ignora los planes que la misma Oficina tenía para lidiar con las difi­cult­ades provo­ca­das por la pandemia de COVID-19, meno­scaba la calidad y la preci­sión del censo y asegura un défi­cit sustan­cial en el conteo de las comunid­ades de color.

Los demand­antes, repres­enta­dos por el Bren­nan Center for Justice, el Lawyers’ Commit­tee for Civil Rights Under Law y Latham & Watkins, LLP, incluyen a las organ­iza­ciones National Urban League y National League of Women Voters, la Black Alli­ance for Just Immig­ra­tion y el gobi­erno de las ciudades de Los Ángeles, San José  y Sali­nas (Cali­for­nia) y del condado Harris (Hous­ton). En esta causa judi­cial, presentada en el Tribunal Federal del Distrito del Norte de Cali­for­nia, los demanda­dos son el Departa­mento de Comer­cio y la Oficina del Censo, junto con sus líderes, el secret­ario de Comer­cio Wilbur L. Ross y el director de la Oficina del Censo Steven Dilling­ham.

La demanda soli­cita al Tribunal que mantenga el crono­grama exten­dido de emer­gen­cia para el Censo de 2020 prop­uesto por los funcion­arios del censo. Según este plan de emer­gen­cia, la Oficina completaría el censo, inclu­i­das las opera­ciones puerta a puerta, el 31 de octubre de 2020, y el 30 de abril de 2021 entregaría al pres­id­ente los conteos para la redis­tribu­ción de escaños. Luego, se present­arían los datos para redefinir los distri­tos legis­lat­ivos de cada estado el 31 de julio de 2021.

“La decisión repentina de adelantar el cierre del Censo de 2020 en medio de una pandemia cada vez más recru­de­cida es injus­ti­ficada e injus­ti­fic­able —afirmó Thomas Wolf, abogado experto y becario de la Fundación Spitzer del Bren­nan Center for Justice en la Facultad de Derecho de NYU. “Esta decisión contra­dice el sentido común y el derecho constitu­cional, y echa por tierra el deber de la Oficina del Censo de garant­izar un conteo preciso, justo, completo y no discrim­in­atorio sin motivo alguno”.

La pandemia de COVID-19 trajo apare­ja­dos nuevos desafíos gigantes­cos para el censo de este decenio justo cuando se iniciaban los conteos, tales como el desplazami­ento masivo de perso­nas. También hizo frenar las opera­ciones puerta a puerta, lo cual ha afectado el alcance del censo en pobla­ciones difí­ciles de contar, como las comunid­ades negras, lati­nas y nativas norteam­er­ic­anas.

Los funcion­arios de la Oficina del Censo soli­cit­aron una ampliación de los plazos de recopila­ción, proces­ami­ento y presenta­ción de datos para facil­itar un plan de emer­gen­cia al que el pres­id­ente Trump dio su apoyo pública­mente. Sin embargo, el 3 de agosto, después de meses de haber seguido su plan de emer­gen­cia, Ross y Dilling­ham anun­ciaron de repente que la opera­ción de recopila­ción de datos del Censo acabaría el 30 de septiembre, un mes entero antes del tiempo que los funcion­arios de la Oficina habían dicho que neces­it­aban para completar el conteo.

Esta demanda se rela­ciona con la anula­ción del memor­ando ejec­utivo firm­ado por el pres­id­ente Trump a comi­en­zos de este verano para intentar excluir a los inmigrantes indoc­u­menta­dos del conteo que determ­ina los escaños de cada estado en la Cámara de Repres­ent­antes.

“El conten­ido y el momento de la decisión sugiere que la moti­va­ción del gobi­erno federal en apre­surar el plan es para facil­itar otro acto ilegal: suprimir el poder político de las comunid­ades de color excluy­endo a las perso­nas indoc­u­menta­das del conteo final para la redis­tribu­ción de escaños”, se lee en la demanda. “Para que el pres­id­ente pueda ejecutar su memor­ando, él tendría que recibir los números comple­tos de la pobla­ción mien­tras todavía ocupa su cargo.”

En la causa también se afirma que los inten­tos de esta Admin­is­tra­ción por apurar el cierre del censo repres­entan una grave amenaza a las funciones vitales que dependen de los datos del censo, desde la redis­tribu­ción de la Cámara de Repres­ent­antes y el trazado de los distri­tos elect­or­ales estatales y locales hasta la distribu­ción equit­ativa de más de $1.5 billones anuales de fondos federales desti­na­dos a necesid­ades básicas como alimen­tos, salud y educa­ción. Los demand­antes en esta causa son organ­iza­ciones de afili­a­dos y de defensa de derechos civiles, y conda­dos y ciudades, cuyos resid­entes o votantes segura­mente no estarán repres­enta­dos fiel ni ínteg­ra­mente en el conteo final si la Admin­is­tra­ción lograr cerrar el Censo de 2020 antes de tiempo.

La causa pretende lograr que el tribunal declare incon­stitu­cional la decisión de desbaratar el plan de emer­gen­cia de la Oficina del Censo, ya que viola la Cláu­sula de Enumera­ción y las garantías de protec­ción igual­it­aria de la Constitu­ción, así como también la Ley de Procedi­mi­en­tos Admin­is­trat­ivos.

 Aquí se puede leer la demanda.  

Para ver el comu­nic­ado de prensa, favor de hacer clic aquí.

 

 El Bren­nan Center for Justice en la Facultad de Derecho de NYU es un insti­tuto no partidista sobre polít­ica y derecho que trabaja para reformar, revital­izar y, cuando sea necesario, defender los sistemas de demo­cra­cia y justi­cia de nuestro país.