Imagínate que eres oficial de policía en uno de los más de 13,000 departamentos de policía que hay en los Estados Unidos. Y en lugar de darte la tarea de emplear tus capacidades y tu entrenamiento para prevenir o responder a delitos violentos, te dan un número. “Veinte más uno”, o veinte multas y un arresto por mes. Una multa por exceso de velocidad durante cada hora de tu turno de 12 horas. Dieciocho multas por turno. De dos a cuatro órdenes de allanamiento por semana. Por lo menos 100 multas por mes.
Como dicen algunos jefes de policía locales, “aumenta tus números” y te recompensarán con horas extras, pizza, asados, cupones para lavar el auto, tarjetas de regalo y trofeos.
El nuevo informe del Brennan Center detalla este tipo de incentivos, en especial, cuotas policiales donde los jefes les ordenan a sus oficiales implícita o explícitamente que alcancen una cifra determinada en un período de tiempo, ya sea en cantidades de detenciones, arrestos o multas. A veces, estas cuotas se emplean como una herramienta para medir el rendimiento de un empleado y, en otras ocasiones, la policía se ve obligada por el gobierno local a utilizar la vigilancia policial como un medio para recaudar fondos para una localidad, a menudo sin tener en cuenta la seguridad pública.
En cualquier caso, medir la productividad de un oficial de policía a través de estos números simplifica en exceso la compleja realidad de la seguridad pública y puede incentivar a la policía a priorizar ciertas actividades de vigilancia policial que pueden completarse con facilidad y rapidez y que suelen verse bien en una evaluación del personal, aunque no sean necesarias para la seguridad pública. Todo esto ocurre a expensas de dedicar su tiempo para investigar delitos más complejos o violentos que sí afectan considerablemente la seguridad pública.
Las cuotas policiales perjudican a todos. Colocan una presión inmensa para que la policía alcance cifras requeridas, sin importar si observan delitos o multas y sin importar lo perjudiciales (o inútiles) que son esas actividades de vigilancia policial para la seguridad pública en la comunidad. Un estudio reveló que los oficiales que cumplen con cupos de arrestos y citaciones tienen una menor tasa de resolución de delitos violentos. En el caso más extremo, la policía puede desobedecer la ley para cumplir con sus cuotas: pueden inventar un motivo para detener o arrestar a alguien o pueden darles una multa a conductores ficticios o a hasta personas fallecidas. (Por ejemplo, en un juicio que se presentó hace poco en contra del Departamento de Policía de Chicago, se alegó que un subjefe de policía “exigía determinadas cifras en cuanto a la actividad policial, sin importarle la actividad delictiva ni la actividad de tránsito que justifiquen una intervención policial”).
Las cuotas policiales dañan la confianza de la sociedad civil en la policía, confianza que es vital para que la policía pueda llevar a cabo su trabajo con eficacia, en especial porque toda información que la población pueda aportar sobre los delitos, las declaraciones de testigos y los testimonios durante un juicio son muy importantes para las investigaciones policiales y las acciones judiciales. Las cuotas también están asociadas a una vigilancia racialmente discriminatoria. En un caso, algunos oficiales del Departamento de Policía de Nueva York afirmaron que un comandante “los presionó para que aplicaran la ley sobre personas latinas y de raza negra por delitos menores y no sobre personas blancas o de origen asiático”.
Muchos oficiales de policía han expresado su disgusto con estos cupos porque les preocupa que, cuando se les obliga a priorizar ciertas actividades de vigilancia policial sobre otras, se les quita su discreción profesional para atender a las necesidades particulares de sus comunidades. De hecho, la plataforma nacional de investigación policial National Police Research Platform reveló que
“8 de cada 10 oficiales indican que su destacamento está ‘más interesado en medir la cantidad de actividades que llevan a cabo los oficiales (por ejemplo, la cantidad de multas o arrestos) que la calidad de su trabajo’”.
Hay quienes afirman que las cuotas alientan a la policía a aumentar su actividad de vigilancia, lo cual hipotéticamente podría mejorar la seguridad pública. Un estudio reciente sugirió que una vigilancia policial muy visible (es decir, la presencia de oficiales uniformados y vehículos de policía identificables) aumentaba el uso del cinturón, disminuía el uso del teléfono al conducir y reducía la velocidad de los vehículos en las zonas de construcción. Un estudio realizado en 2011 también llegó a la conclusión de que un mayor número de multas se traducía en un menor número de accidentes automovilísticos y lesiones como consecuencia. Sin embargo, un artículo escrito en 2015 indicó lo opuesto: a medida que disminuyeron drásticamente las multas de tránsito en todo el país a partir de comienzos del 2000, también disminuyeron las lesiones o muertes por accidentes de tráfico.
Si bien al menos 26 estados (entre ellos, Iowa, Misisipi, Montana, Nevada y Virginia) y Washington, DC tienen leyes que prohíben el uso de cupos, no se ha logrado mucho éxito a la hora de utilizar la vía judicial para frenar su uso generalizado. Es difícil llegar a una definición lo suficientemente inclusiva de lo que significa una cuota, y es muy complicado para los oficiales de policía denunciar su uso, debido al “muro azul del silencio” y del miedo legítimo a una posible represalia. Los oficiales que sí denuncian un comportamiento indebido, en muchos casos, tienen sindicatos policiales que resuelven estas denuncias mediante arbitrajes a puertas cerradas y no mediante juicios públicos, y así se ocultan estos actos indebidos y, por lo tanto, se dificulta la implementación de reformas.
Los legisladores deben promulgar leyes exhaustivas que prohíban las cuotas policiales por completo. Como señala el profesor de derecho Shaun Ossei-Owusu, cualquier legislación anticuotas debe incluir una definición más amplia que abarque tanto las cuotas formales como las informales; debe prohibir el uso de actividades de vigilancia policial (advertencias, detenciones, citaciones o arrestos) como un criterio de evaluación del personal; debe proteger a las personas denunciantes; y debe establecer consecuencias para las autoridades policiales que implementan o hacen cumplir cupos policiales.
Hay otras formas de hacer cumplir las leyes de tránsito, mantener la seguridad pública y evaluar a los oficiales de policía como empleados sin necesidad de obligarlos a cumplir con cifras arbitrarias. Otras métricas podrían incluir el nivel de satisfacción de las comunidades cuando interactúan con la policía, la tasa de interacciones con la policía donde se logró frenar la escalada de tensiones sin heridos y el número de acciones alternativas al arresto que se hayan realizado con éxito. Cualquier otra cosa puede convertir a la policía en generadores de ingresos a costa de resolver verdaderos problemas de seguridad pública.
Traducción de Ana Lis Salotti.
