La iniciativa del gobierno de “capturar y revocar” facilitada por la inteligencia artificial amenaza los derechos de la Primera Enmienda
Este artículo se publicó originalmente en Just Security.
- El presidente ha amenazado frecuente y explícitamente con perseguir a manifestantes universitarios, incluso en su orden ejecutiva para “Proteger a los Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad pública y nacional”.
- Incluso sin errores, un fuerte monitoreo de las redes sociales tendrá enormes consecuencias para las protecciones de la Primera Enmienda.
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El 8 de marzo, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los EE. UU. arrestaron a Mahmoud Khalil, estudiante de la Universidad de Columbia y líder prominente de las protestas a favor de Palestina que se realizan en el campus de esta universidad. ICE argumenta que la visa estudiantil de Khalil había sido revocada y, cuando le dijeron que tenía una tarjeta verde, dijeron que esta también había sido revocada.
Si bien aún no se conocen todos los detalles del caso, parece ser casi seguro que a Khalil lo detuvieron como represalia por su activismo. El presidente Donald Trump ha amenazado frecuente y explícitamente con perseguir a manifestantes universitarios, incluso en su orden ejecutiva para “Proteger a los Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad pública y nacional”, que analicé en un artículo anterior. Trump celebró el arresto de Khalil en las redes sociales y advirtió que era el primero “de muchos más”.
Algunos de esos “muchos más” probablemente se identifiquen mediante la nueva iniciativa de “capturar y revocar” lanzada por el Departamento de Estado y facilitada por la inteligencia artificial (IA), que extraerá datos de las redes sociales para encontrar personas “oriundas de países extranjeros que parecen apoyar a Hamas o a otros grupos terroristas reconocidos” y cancelar sus visas.
Al igual que la orden ejecutiva ya mencionada, este esfuerzo se presenta como una medida antiterrorista. Pero, en realidad, se está usando para aterrorizar a personas extranjeras y desalentarlas de participar en actividades que están protegidas por la Primera Enmienda por miedo a que a ellos también los perjudiquen de alguna forma.
Desde la administración de Obama, el gobierno federal ha estado construyendo una gran infraestructura que les permite a las agencias buscar rigurosamente en las redes sociales para detectar ciertos tipos de discursos. Aun cuando varios grupos de la sociedad civil han expresado su preocupación por las formas en que estos programas podrían utilizarse en contra de discursos no favorecidos, han seguido proliferando.
El Departamento de Estado, por ejemplo, recoge los nombres de usuarios en las redes sociales de ciertos tipos de solicitantes de visa —de unas 14 millones de personas por año—, que se almacenan por tiempo indefinido en las bases de datos del gobierno. (El Brennan Center, donde trabajo, y el Instituto Knight han presentado una demanda judicial contra este programa).
La segunda administración de Trump quiere ampliar estos esfuerzos a niveles gigantescos y recoger los nombres de usuarios en las redes sociales de otros 33 millones de personas, incluso de quienes solicitan residencia permanente o algún ajuste a su estado inmigratorio.
Este mismo intento de la primera administración de Trump fue bloqueado en 2021 por la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Casa Blanca durante la presidencia de Biden, con el argumento de que el gobierno no había demostrado “la utilidad práctica de recabar esta información”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) de EE. UU. administra al menos 12 programas simultáneos que rastrean lo que dice la población estadounidense en internet y varios de estos programas se centran en protestas.
El DHS utilizó las redes sociales para rastrear las protestas en contra de las políticas migratorias de la primera administración de Trump.
Durante la administración de Biden, el DHS investigó las redes sociales en busca de otros objetivos, como personas estadounidenses que hablaban del aborto después de que la Corte Suprema anuló Roe v. Wade, y los convoyes de camiones que protestaban en contra de los mandatos durante la pandemia de covid-19, y, además, monitoreó ampliamente otras “narrativas y quejas” que aparecían en internet, es decir, cuando la gente hablaba de política.
Aunque siga agregando más y más programas de monitoreo de redes sociales a su repertorio, el gobierno nunca ha demostrado la efectividad de estos esfuerzos. Una auditoría realizada en febrero de 2017 por el Inspector General del DHS sobre seis programas piloto determinó que el departamento ni siquiera había medido su efectividad. Y las pocas evaluaciones gubernamentales que son de dominio público socavan cualquier argumento del gobierno sobre su efectividad.
Un informe preparado por el DHS para la primera administración de Trump concluyó que el monitoreo de las redes sociales no brindaba información útil para el proceso de evaluación de personas refugiadas. Y, según un análisis efectuado en 2021 por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, los nombres de los usuarios en las redes sociales no agregan “ningún valor” al proceso de evaluación e investigación migratorias.
Encontrar a manifestantes extranjeros desconocidos que quizá hayan publicado declaraciones ostensiblemente terroristas es mucho más difícil que evaluar las publicaciones de una persona conocida, como quien solicita una visa. Sin lugar a dudas, terminará lanzando una red demasiado amplia y caerá en errores. Las herramientas de IA que empleará el Departamento de Estado seguramente buscarán palabras o frases específicas.
La administración de Trump ya ha utilizado este tipo de listas durante su intento de erradicar los programas de diversidad, equidad e inclusión del gobierno federal y ha cometido diferentes errores garrafales.
En uno de ellos, un empleado federal que manejaba las relaciones comerciales con empresas de patrimonio privado fue puesto en licencia administrativa “conforme a la orden ejecutiva del presidente sobre diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad (DEIA)”, porque su trabajo incluía la palabra “equity” en inglés, que también se puede referir al patrimonio de una empresa y no solo a la equidad.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) eliminó de su manual del personal las referencias a la palabra “inequidad”, cuando en realidad solo se refería a la injusticia de conservar el dinero de los contribuyentes por más tiempo que el necesario y la palabra “inclusión”, que se refería a incluir el número de identificación del contribuyente en un formulario. El Departamento de Defensa detectó para su eliminación las menciones al avión Enola Gay y toda referencia a personas cuyo apellido era “Gay”.
Incluso sin errores, un fuerte monitoreo de las redes sociales tendrá enormes consecuencias para las protecciones de la Primera Enmienda. El tipo de discurso que la administración ha declarado que quiere detectar es de una magnitud extraordinariamente amplia.
Cuando el DHS defendió su arresto, dijo que Khalil estaba liderando actividades “alineadas” con Hamas, un término que no está vinculado a ninguna ley ni reglamento. Las declaraciones de Trump y su gabinete caracterizan a las personas extranjeras que tienen en la mira como “pro-Hamas” (lo más común), “proterroristas”, “simpatizantes terroristas”, que “apoyan el terrorismo” y “antisemitas”. Estos son términos amplios y controversiales.
Las posturas pro-Palestina y anti-Israel a menudo se mezclan con posturas antisemitas o proterroristas, lo cual deja a muchas personas vulnerables a ser atrapadas por la red que lanzan las herramientas de IA en las plataformas sociales.
Los esfuerzos de la administración de Trump podrían terminar atrapando todavía a más gente, si intenta suprimir discursos que considera antiestadounidenses. La orden ejecutiva con objetivos evaluadores le ordenó a la Secretaría de Estado que recomiende medidas en contra de las personas extranjeras que busquen “derrocar o reemplazar la cultura sobre la que se erige nuestra República constitucional”.
Además, la única justificación que dio la administración por el arresto de Khalil fue una sola línea en la Notificación de comparecencia a un tribunal migratorio: “La Secretaría de Estado ha determinado que su presencia o actividades en los Estados Unidos tendrían serias consecuencias políticas adversas para la política exterior de los Estados Unidos” y citó el inciso 237(A)(4)(c)(1) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act).
Tal como Adam Cox y Ahilan Arulanantham explicaron en Just Security, esta disposición no puede interpretarse como un cheque en blanco que la administración puede usar para deportar a cualquiera, basándose en una justificación inarticulada de política exterior. Pero si esta administración quiere deportar a extranjeros que toman posturas contrarias a la política exterior de EE. UU., ciertamente encontrarán abundante carne de cañón en las redes sociales.
El caso de Khalil y la promesa de la administración de Trump de perseguir a manifestantes extranjeros por sus publicaciones en las redes sociales es una afirmación extraordinaria del poder que tiene la rama ejecutiva sobre las personas inmigrantes que viven en los Estados Unidos.
Pero no se lo debería considerar como un caso aislado. Es parte del esfuerzo mucho más amplio de Trump de silenciar a todas las fuentes posibles de oposición atacando universidades, la prensa, firmas de abogados y jurisdicciones que se niegan a cooperar con ICE.
Todo esto pone en peligro la promesa fundamental de la Constitución de vivir en una sociedad democrática donde una multitud de opiniones e intereses se pueda expresar libremente.
Nota del editor de Just Security: este artículo es parte de la Colección: Cobertura de Just Security sobre las medidas ejecutivas de la administración Trump
Traducción de Ana Lis Salotti
