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Durante los primeros meses de 2022, un gran número de residentes de las colonias —comunidades empobrecidas a lo largo d el Valle del Río Grande en Texas— se acercaron a las oficinas de La Unión del Pueblo Entero (LUPE) para pedir ayuda para votar. De acuerdo con la directora ejecutiva de LUPE, Tania Chávez Camacho, fue una mezcla de caos y confusión debido a la complejidad de las nuevas reglas electorales establecidas por una ley restrictiva el año anterior.
Las elecciones primarias de marzo de 2022 fueron las primeras elecciones que se realizaban en el estado desde la promulgación de la ley del Senado de Texas S.B. 1. Muchos ciudadanos no tienen educación en las colonias y no siempre tienen acceso a servicios básicos como el asfaltado de las calles y un alcantarillado adecuado.
Entre los muchos cambios que incorporó esta ley discriminatoria de supresión del voto, una nueva disposición sobre la identificación de votantes fue la que hacía confundir al electorado más que otras.
Para votar por correo, las nuevas reglas exigen incluir ya sea el número de la licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos del número de seguro social en la solicitud para recibir una boleta de voto por correo y en la solapa interior del sobre donde se coloca la boleta de voto por correo. Al mismo tiempo, quienes ayudan al electorado a votar, que ahora deben declarar “bajo pena de perjurio” que la persona a la que asisten “me informó que es elegible para recibir asistencia”, ahora se enfrentan a posibles sanciones penales.
El personal de LUPE, que trabaja en las colonias, realiza esfuerzos de organización comunitaria y brinda servicios sociales, tiene “miedo” por el nuevo lenguaje que aparece en la declaración que deben hacer cuando asisten a votantes.
“La posibilidad de procesar penalmente a alguien por algo así inhibe la capacidad de la comunidad de tener a una persona de su preferencia para que les ayude a votar y también inhibe la disposición del personal de LUPE de ayudar a la comunidad que necesita asistencia”, declaró Chávez Camacho ante un tribunal federal de Texas.
Chávez Camacho es parte de la docena de testigos que declararon en el caso LUPE v. Texas, un juicio federal consolidado en contra de la ley S.B. 1, que afecta muchísimo más al electorado latino y de raza negra y les hace más difícil a las personas con discapacidades y poco dominio del idioma inglés recibir asistencia al momento de emitir su voto.
La ley también restringe la capacidad de trabajadores electorales de impedir actos de acoso por parte de observadores electorales partidarios y prohíbe una serie de métodos de votación que fueron muy utilizados por votantes no blancos.
Muchos de los 8,000 miembros de LUPE son personas ancianas, con discapacidades o hablantes nativos de español con poco dominio del inglés y bajo alfabetismo, grupos que pueden necesitar asistencia durante las elecciones. La ley federal garantiza el derecho de recibir asistencia electoral a toda persona elegible que necesite ayuda para votar.
Antes de la ley S.B. 1, el personal de LUPE asistía a sus miembros durante la votación traduciendo o interpretando las instrucciones de las boletas, leyendo las boletas en voz alta para las personas con discapacidades visuales o registrando en la boleta las opciones que elige la persona en su nombre, entre otras formas de asistencia.
“En ese momento, no creíamos que las consecuencias de la ley S.B. 1 iban a ser tan astronómicas como lo fueron; se volvieron más visibles a medida que llegaba más gente de la comunidad a nuestras oficinas”, señaló Chávez Camacho.
Las repercusiones de los cambios que incorpora esta ley y la confusión que se suscitó en las elecciones primarias de Texas en marzo de 2022 fueron monumentales. La nueva disposición de identificación de votantes ocasionó el rechazo de miles de boletas y les privó del derecho a votar a muchísimas personas latinas, asiáticas y negras, que tuvieron al menos el 30 por ciento más de probabilidades que el electorado blanco de que les rechazaran una solicitud o una boleta de voto por correo, según reveló un análisis del Brennan Center.
Durante el juicio, Kenneth Mayer, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Wisconsin-Madison, describió el nuevo requisito de identificación de votantes como un “peso oneroso que generó una cantidad de rechazos muchísimo más alta para las minorías votantes”.
Algunos grupos en contra de la ley presentaron un informe realizado por Mayer para ilustrar el impacto desproporcionado que tuvo la ley sobre el electorado no blanco.
Mayer también advirtió que “las disposiciones de la ley S.B. 1 no contribuyeron a una mayor seguridad electoral”. El juez que preside el juicio dictaminó hace poco que el requisito de colocar una forma de identificación en la boleta de voto por correo viola la ley federal.
La ley S.B. 1 fue parte de un torrente histórico de leyes electorales restrictivas que se aprobaron en 2021, cuando hubo más leyes de este tipo que en cualquier otro año desde 2011, año en que el Brennan Center comenzó a hacer el seguimiento de esta clase de legislación.
Pero la ley S.B. 1 se destaca del resto por su magnitud: esta ley incluye al menos dos docenas de disposiciones que atacan el acceso al voto. Una, en particular, eliminó la posibilidad de votar desde dentro de un vehículo al estilo drive-thru, un método de votación que durante la pandemia de Covid-19 fue muy utilizado por el electorado no blanco.
Deion Dorsett, residente negro de Houston que trabaja en el Departamento de Trabajo federal y que antes se desempeñó en la guardia nacional, dijo que “raramente” se pierde una elección y que la votación es un principio “fundamental” en su familia. Incluso durante la pandemia, utilizó la opción de votar desde su vehículo en las elecciones de noviembre de 2020.
Según él, fue una experiencia “sencilla”, ya que pudo votar en tan solo 10 minutos, en comparación con las cuatro horas que esperó haciendo cola para votar durante las primarias a comienzos de ese año.
A pesar del éxito que tuvo la votación directamente desde un vehículo para votantes como Dorsett, la ley S.B. 1 les quitó esa opción.
“Cuando quita una oportunidad de acceso, no parece que [la ley S.B. 1] intente proteger los derechos de la gente”, declaró ante el tribunal.
Quienes defienden la ley S.B. 1 alegan que fue promulgada para mejorar la integridad de las elecciones después de que el expresidente Trump y sus seguidores sembraran dudas sobre la legitimidad de las elecciones de 2020. Sin embargo, se ha demostrado que estas alegaciones son infundadas y que, en cambio, se usan como una pantalla para discriminar en contra del electorado de raza no blanca y hacerle más difícil ejercer su derecho al voto.
A pesar de las teorías conspirativas y las mentiras desenfrenadas sobre el supuesto fraude electoral, las elecciones de 2020 fueron las “más seguras de la historia estadounidense”, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Además, el fraude electoral es excepcionalmente raro. Aun así, la legislatura estatal de Texas se las arregló para aprobar una ley y llevarla al despacho del gobernador durante el año siguiente a las elecciones de 2020.
Las restricciones más severas y las posibles sanciones legales que establece la ley S.B. 1 no solo crean confusión entre las personas votantes y las que asisten al votante, sino que también son discriminatorias.
Para Jennifer Miller, que ha vivido en Austin durante décadas con su esposo y su hija de 25 años Danielle, la asistencia al votante es parte de su vida. La hija de Miller tiene autismo y trastornos del aprendizaje y de la expresión escrita. Por eso, Jennifer ayuda a su hija con algunas necesidades específicas, como con el transporte, las decisiones financieras y la votación, ya sea en persona o por correo.
Debido a la disgrafía que tiene su hija, Miller explicó que “es muy, muy difícil entenderle la letra”. Sin asistencia, su hija tendría dificultades para votar ya sea por correo o en persona.
En las elecciones de medio término de 2022, Miller acompañó nuevamente a Danielle para ayudarle a emitir su voto. Pero, con los cambios de la ley S.B. 1, dice que se sintió “muy nerviosa”, igual que el personal de LUPE.
“Aparece la palabra perjurio. Sé que estoy haciendo todo bien, pero suena muy amenazador e intimidante”, explica.
A pesar de sus miedos, Miller estaba resuelta a ayudar a votar a su hija. “Quiero mucho a mi hija”, testificó. “Mi hija solo necesita un poquito de ayuda, pero ella puede votar. Es su derecho constitucional”.
Aun así, se preguntó: “¿Por qué les hacen tan difícil votar a las personas con discapacidades?”.
El electorado de Texas se ha quedado desilusionado e intimidado por los constantes esfuerzos de su legislatura de restringir el acceso al voto de millones de votantes elegibles en un estado que ya imponía sobre la votación algunos de los obstáculos más inmensos del país.
En palabras de Dorsett, “creo que transmite [el mensaje de] que no queremos que todo el mundo sea parte del proceso”.
Traducción de Ana Lis Salotti.
