Suscríbete aquí al nuevo boletín informativo del Brennan Center en español
Los procesos penales contra el expresidente Trump, el primero de los cuales se lleva a cabo en un tribunal del estado de Nueva York, son los primeros en la historia de Estados Unidos. Pero este tipo de juicios no son una rareza en el contexto mundial.
De hecho, muchos otros países han investigado y procesado a sus líderes actuales y exlíderes nacionales por acusaciones de actos indebidos. Esos casos no se deben tomar a la ligera, ya que conllevan verdaderos riesgos para la democracia. Sin embargo, si se realizan debidamente, hacer que altos funcionarios rindan cuentas por sus actos cuando cometen faltas graves es un aspecto distintivo de la democracia liberal y esencial para el respeto a la ley.
Trump es uno de varios líderes mundiales que enfrenta procesos penales en este momento. En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu fue acusado de fraude, soborno e incumplimiento del deber en 2019. Desde entonces lucha por evitar la cárcel. Si se le declara culpable, Netanyahu sería el segundo primer ministro israelí que cumple con una condena por corrupción.
El mes pasado, la policía federal de Brasil recomendó cargos penales contra el expresidente Jair Bolsonaro por presuntamente falsificar su constancia de vacunación contra el COVID-19. Bolsonaro también enfrenta una investigación relacionada con el ataque de enero de 2023 contra el complejo presidencial de Brasil por sus partidarios tras perder las elecciones. Este ataque fue notablemente similar al ataque de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, que es el motivo de uno de los casos penales contra Trump.
En Perú, hace poco los fiscales realizaron una redada en las residencias oficiales y personales de la presidenta Dina Boluarte debido a sospecha de “enriquecimiento ilegal”. Otros líderes de su país han enfrentado un proceso penal.
Entre otras democracias duraderas con líderes que enfrentaron procesos penales están Francia, donde dos expresidentes fueron condenados por corrupción y violación de las leyes de financiamiento de campaña; Portugal, donde un exprimer ministro impugnó una orden judicial para evitar ir a juicio por lavado de dinero; Italia, donde el exprimer ministro Silvio Berlusconi fue declarado culpable de fraude tributario y malversación; Costa Rica, donde dos expresidentes han sido enjuiciados por corrupción; Corea del Sur, que también declaró culpables a dos de sus expresidentes por corrupción; e Islandia, que procesó a un exprimer ministro por presuntos delitos relacionados con la crisis financiera de 2008.
Incluso en Estados Unidos, muchos altos funcionarios, entre ellos decenas de gobernadores y legisladores estatales y federales, han enfrentado cargos criminales durante o después de sus mandatos. Por ejemplo, cuatro de los últimos diez gobernadores de Illinois han ido a la cárcel. Y el senador demócrata Bob Menéndez de Nueva Jersey enfrenta en este momento cargos de soborno, corrupción y obstrucción de la justicia.
Dos expresidentes de Estados Unidos estuvieron a punto de ser enjuiciados. El borrador de una acusación que se dio a conocer en 2018 mostró que un gran jurado federal planeaba presentar cargos por soborno, conspiración, obstrucción de una investigación penal y obstrucción de la justicia contra el presidente Richard Nixon, la cual fue frustrada por una amnistía que el presidente Gerald Ford otorgó a su predecesor.
El presidente Bill Clinton también pudo haber enfrentado cargos penales por dar falso testimonio sobre su relación extramatrimonial con Monica Lewinsky, pero los evitó tras aceptar una multa y la suspensión temporal de su licencia para ejercer como abogado.
Hacer que los líderes rindan cuentas por faltas graves es un aspecto distintivo de la democracia, pero los procesos que se usan como revancha política o para derrocar a líderes populares son un asunto preocupante y serio.
En Pakistán, por ejemplo, el popular exprimer ministro Imran Khan fue encarcelado bajo una plétora de cargos penales poco claros, supuestamente a instancias de sus opositores políticos y las poderosas fuerzas armadas de su país.
En Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue enjuiciado y declarado culpable de corrupción y lavado de dinero en 2017 en lo que se consideró por muchos un juicio parcializado que le impidió volver a postularse en 2018 y preparó el terreno para la elección de Bolsonaro. (Después de que se anuló la condena de Lula en 2021, este derrotó con escaso margen a Bolsonaro en las elecciones de 2022).
Estos ejemplos son recordatorios importantes de que enjuiciar a un expresidente o a un primer ministro puede tener consecuencias considerables y nunca se debe tomar a la ligera.
Solo se deben presentar cargos penales con pruebas convincentes, y las investigaciones y los procesos se deben realizar de manera transparente y libre de prejuicios políticos. Si no es así y hay la mínima apariencia de interferencia política la democracia corre grave riesgo, entre ellos, socava la confianza en las instituciones y aumenta la división social. Todo esto destaca la necesidad de proceder en dichos casos con el mayor cuidado y según los más altos estándares profesionales.
Según la organización Protect Democracy, hay una gran variedad de criterios reconocidos para evaluar si los procesos penales contra un líder político de alto perfil cumplen con este estándar. Entre ellos están la calidad de las pruebas disponibles públicamente, si otros han sido responsabilizados por una conducta similar, la independencia política de los investigadores y fiscales y la solidez de otros sistemas de frenos y contrapesos, en especial si se puede confiar en las cortes para que otorguen al acusado el debido proceso y un juicio imparcial.
Los mandatarios en funciones se deben abstener de cualquier conducta que ni remotamente dé la impresión de que manipulan la investigación o el proceso, incluso en sus declaraciones públicas.
Por más que existe un riesgo muy alto al procesar a mandatarios y la carga de cumplir con estos criterios es alta, las democracias deben procurar que se ejerza la rendición de cuentas.
La alternativa —una cultura de impunidad de mandatarios— es la antítesis de la democracia. Es esencial que el expresidente Trump rinda cuentas por su actividad delictiva si se prueba en un proceso justo, imparcial y transparente, algo que tanto los partidarios como los opositores del expresidente deben recordar.
Hay mucho en juego, no solo para él, sino para la democracia en Estados Unidos.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
