La población encarcelada de los Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en 2009 con 1.5 millones de personas; sin embargo, desde entonces, ha venido disminuyendo, pero a un ritmo mísero de aproximadamente 1 por ciento anual. A este paso, nos llevará casi hasta el final de siglo volver a la población encarcelada que tuvimos en los últimos años de la década de los 80.
¿Por qué es tan lento? Les voy a contar uno de los secretitos sucios de nuestro sistema de justicia penal: Es costoso imponer castigos. Un nuevo informe del Brennan Center analiza en profundidad los incentivos financieros perversos que conlleva a aplicar castigos excesivos en todos los niveles del sistema. El resultado es una encarcelación masiva y una gran carga financiera sobre los hombros de los que menos tienen.
Hay muchos ejemplos de estos incentivos financieros perversos. Algunos gobiernos locales, por ejemplo, cobran honorarios por actuar de intermediarios entre el gobierno federal y los centros de detención con fines de lucro. Otros construyen o amplían sus propias cárceles públicas para ofrecer espacio extra para colocar a personas detenidas por ICE o el Servicio de Alguaciles Federales, que, a su vez, les dan otra gran ayuda financiera porque pagan por esas camas un precio más alto que lo que las cárceles locales reciben por cada persona encarcelada por el condado.
Los gobiernos locales también dan rienda suelta a estas multas y honorarios porque, a veces, hasta diseñan sus presupuestos en base a estos pagos. Las multas excesivas enredan sin necesidad a las personas pobres en el sistema de justicia penal. Y peor aún, ciertas interacciones innecesarias entre la policía y la ciudadanía (incentivadas por la presión que tiene la policía de traer más ingresos a la fuerza en lugar de mejorar la seguridad pública) crean situaciones en las que la falta de comunicación o una mala decisión pueden terminar en tragedia. El ejemplo más notorio de este tipo de “justicia financiada por el usuario” salió a la luz luego del asesinato de Michael Brown en Ferguson, Missouri, donde la ley estatal les permite a los gobiernos locales obtener el alarmante porcentaje del 20 por ciento de sus ingresos a través de multas y honorarios.
La confiscación civil de bienes, que originalmente tenía el objetivo de embargar las ganancias ilícitas de los líderes narcotraficantes, es otro problema. La policía ahora confisca efectivo, vehículos y hasta viviendas por la simple sospecha de que ese bien pueda estar relacionado con algún delito. Este proceso ha creado una impresión de corrupción, que a veces es real. Una investigación reveló que la Metro Gang Strike Force, fuerza de ataque contra pandillas de Minnesota, detuvo y registró a personas que claramente no estaban involucradas con ninguna actividad pandillera y luego permitió que las familias de los oficiales usaran o compraran televisiones, herramientas, electrodomésticos y jet skis confiscados.
Este sistema de incentivos financieros perversos afecta especialmente a las personas no blancas. Hay muchísimas más personas negras y latinas en las ciudades y pueblos que dependen de multas y honorarios para recibir ingresos. De acuerdo con un estudio de 2019, los arrestos de personas negras y latinas tienen más probabilidades de producir ingresos para la policía por confiscaciones que los arrestos de personas blancas.
Intentar conseguir más ingresos distrae a la fuerza policial y les hace perder de vista su misión central: proteger al público y resolver delitos. Un estudio de 2020 reveló que el aumento en la proporción de ingresos provenientes de multas, honorarios y confiscaciones estaba asociado a una disminución en la tasa de resolución de delitos violentos y contra la propiedad.
Las penas económicas y de encarcelación no deberían utilizarse como soluciones cuando no alcanza el presupuesto de las entidades o de los gobiernos locales. Si queremos resolver el problema de penas excesivas, tendremos que evaluar el papel que cumplen los incentivos financieros a la hora de mantener el statu quo.
Traducción de Ana Lis Salotti.
