Esta columna se publicó originalmente en La Opinión
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El año pasado, el Brennan Center colaboró con la organización VoteRiders, el Centro para la Democracia y la Participación Cívica (Center for Civic Democracy and Engagement, CDCE por sus siglas en inglés) de la Universidad de Maryland y la organización Public Wisepara encuestar a la población estadounidense sobre qué tipo de identificación poseen y qué saben de las leyes de identificación de votantes de su estado.
A las personas encuestadas también les preguntamos si tenían documentos fácilmente a mano para demostrar su condición de ciudadanía, como un pasaporte, un certificado de nacimiento o sus papeles de naturalización. Nuestra investigación indica que más del 9 por ciento de las personas ciudadanas estadounidenses en edad de votar, es decir, 21.3 millones, no tiene fácilmente a mano ningún documento que pruebe su ciudadanía.
Hay muchos motivos que lo explican: los documentos pueden estar en la vivienda de otro pariente o en una caja fuerte de seguridad. Y al menos 3.8 millones de personas no tienen ningún documento en absoluto, a menudo porque los perdieron, fueron destruidos o se los robaron.
También descubrimos indicios de desigualdades raciales en estas cifras: mientras que poco más del 8 por ciento de personas ciudadanas que se identifican a sí mismas como de raza blanca no tiene fácilmente a mano documentos de ciudadanía, ese mismo porcentaje es de casi el 11 por ciento entre las personas estadounidenses no blancas.
La practicidad importa cuando se trata de una participación uniforme en las elecciones estadounidenses. Aun cuando una persona ciudadana sepa que su pasaporte o certificado de nacimiento se encuentra en una caja fuerte de seguridad en un banco, los votantes están ocupados; tener que ir al banco para buscar un documento seguramente desalentaría a registrarse para votar a más de una persona, si se exigiría presentar este tipo de documentos. (Consideramos que tener un documento fácilmente a mano significaba que la persona encuestada “podía encontrarlo rápidamente si tuviera[n] que presentarlo mañana”).
Además, nuestros cálculos son probablemente medidas conservadoras del posible impacto. Si bien es verdad que la mayoría de las personas estadounidenses puede tener acceso a estos documentos, no andamos por ahí portando nuestro pasaporte o certificado de nacimiento. Si se exigiera este tipo de documentos para el registro de votantes, la mayoría no los tendría a mano para aprovechar las oportunidades que se ofrecen en las escuelas, las iglesias u otros espacios comunitarios donde las campañas de registro de votantes inscriben a muchas personas estadounidenses para votar.
Hace casi dos décadas que sabemos que muchas personas estadounidenses no tienen fácilmente a mano documentos que prueben su condición de ciudadanía. En 2006, el Brennan Center publicó un estudio que indicaba que el 7 por ciento de estadounidenses no tenía documentos de ciudadanía fácilmente a mano.
En este nuevo estudio, incorporamos las mejores prácticas para encuestar a las poblaciones de difícil acceso. Nuestros resultados actualizados coinciden perfectamente con los de 2006: como antes, millones de estadounidenses no podrían registrarse para votar si tuvieran que demostrar su condición de ciudanía. El hallazgo todavía más alarmante es que este requisito afectaría desproporcionalmente más a la población estadounidense no blanca.
Las protecciones actuales contra el voto no ciudadano son efectivas: el voto de personas no ciudadanas es ínfimamente raro. Exigir un documento que pruebe la condición de ciudadanía no resolvería nada, sino que crearía importantes obstáculos para el registro de votantes elegibles, en especial aquellos que ya enfrentan muchísimas más barreras para participar en nuestra democracia. A estas personas ciudadanas, les deberíamos hacer más fácil, no más difícil, participar.
Traducción de Ana Lis Salotti.
