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Imagina que eres una persona indocumentada que vive en los Estados Unidos. Viniste a este país buscando una vida mejor para ti y tu familia. O quizá tus padres te trajeron buscando lo mismo cuando eras apenas un niño o una niña.
Te pasas la vida viviendo con el miedo muy real de que el gobierno te encuentre y te deporte, quizá a un país que nunca conociste. Se aproxima una elección cuyo resultado seguramente termine afectando tu vida. Pero sabes que no puedes votar porque no tienes la ciudadanía.
¿Arriesgarías todo —tu libertad, tu vida en los Estados Unidos, tu posibilidad de estar cerca de tu familia— tan solo para emitir un voto?
Por supuesto que no. Es un delito federal que una persona no ciudadana vote en una elección federal. También lo es ante las leyes de todos los estados.
De hecho, según la ley federal, podrías enfrentar una condena de hasta cinco años en prisión por el simple hecho de registrarte para votar. Registrarse para votar es también un delito que lleva a la deportación para las personas no ciudadanas.
Claro que se toman malas decisiones y se cometen delitos todo el tiempo. Pero este es diferente: para cometer este delito, creas un registro gubernamental que demuestra que lo cometiste.
De hecho, es la creación de este registro gubernamental —el formulario de registro como votante o la boleta de voto emitida— lo que constituye el delito. De esta manera, no solo te estás exponiendo a la posibilidad de una encarcelación y deportación, sino que también te colocaste en el radar del gobierno y le diste al gobierno la prueba que necesita para encarcelarte o deportarte.
Todo, para emitir un solo voto. ¿Quién haría algo así?
La respuesta es: casi nadie.
Cada uno de los estudios legítimos llevados a cabo sobre esta tema demuestra que el voto no ciudadano en las elecciones federales y estatales es imperceptiblemente raro.Uno de ellos es el propio estudio del Brennan Center sobre 42 jurisdicciones en las elecciones generales de 2016. Allí descubrimos que las autoridades electorales de esas jurisdicciones, que supervisaron el cómputo de 23.5 millones de votos, derivaron tan solo unos 30 incidentes presuntos de voto no ciudadano para su mayor investigación o procesamiento.
Dicho de otro modo, hasta el voto no ciudadano presunto —ni siquiera probado— representa tan solo el 0.0001 por ciento de todos los votos emitidos. Pero no solo lo decimos nosotros: también lo afirma el Instituto Cato: “Las personas no ciudadanas no votan ilegalmente en números perceptibles”.
Quizá estés pensando que igualmente hay muchas personas no ciudadanas que votan y se salen con la suya. Pero, nuevamente, piensa que, para cometer este delito, estás creando un registro gubernamental que demuestra que lo cometiste.
De hecho, cualquiera puede buscar tu historial de votante en los expedientes de votantes, que son de dominio público. Además, las autoridades electorales realizan el mantenimiento periódico de estas listas de votantes; de hecho, están obligadas a hacerlo por la ley federal.
Por si esto fuera poco, estos son delitos que el personal de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos debe investigar durante el proceso de naturalización. Así que, si alguna vez intentas tramitar la ciudadanía, te atraparán.
Por lo tanto, no debería sorprendernos que, en los casos extremadamente raros en que una persona no ciudadana termina votando, por lo general lo hace por error. Desafortunadamente, ha habido casos en los que un funcionario o autoridad gubernamental le hace creer equivocadamente a una persona no ciudadana que puede votar, quien enfrenta serias consecuencias aun cuando haya sido una equivocación.
Para ponerlo en términos simples, el voto no ciudadano no es un incidente masivo, ni siquiera significativo. Y, además, ya es ilegal.
No necesitamos nuevas leyes para impedirlo. Si el Congreso quiere mejorar nuestro sistema electoral, debería concentrarse en garantizar y proteger la libertad para votar de todo el electorado elegible.
Traducción de Ana Lis Salotti.
