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El Departamento de Justicia viene publicando datos incompletos y contradictorios sobre el terrorismo en Estados Unidos, con lo que impide la formulación de una política eficaz y el rendimiento de cuentas sobre un asunto al que alega dar prioridad.
En diciembre, el Brennan Center envió una carta al departamento instándolo a intensificar sus métodos de recopilación de datos para asegurar informes más exactos en el futuro.
En su testimonio ante del Comité Judicial del Senado ese mes, el director del FBI, Christopher Wray repitió lo que ha pasado a ser el mantra del Departamento de Justicia desde los atentados terroristas por Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001: “Proteger al pueblo estadounidense del terrorismo sigue siendo la principal prioridad del FBI”.
No hay duda de que el terrorismo internacional todavía representa un peligro. Pero el Congreso y el pueblo estadounidense expresan cada vez mayor preocupación ante la respuesta aparentemente deficiente contra la violencia perpetrada por grupos de supremacía blanca y militantes de extrema derecha. Como evidencia señalan una serie de matanzas masivas por supremacistas blancos en Charleston, Carolina del Sur; El Paso, Texas; Pittsburgh, Pensilvania; y Buffalo, Nueva York, además de turbas de supremacía blanca en Charlottesville, Virginia, y el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos.
Si bien el gobierno de Biden en 2021 describió el terrorismo doméstico o nacional como “la más urgente amenaza terrorista que Estados Unidos enfrenta hoy en día”, el Departamento de Justicia y el FBI no han proporcionado datos exactos sobre su uso de recursos contra el terrorismo para asegurar que estén dirigidos a las principales amenazas.
En su testimonio, por ejemplo, Wray indicó que si bien la oficina ha aumentado al doble el número de investigaciones de terrorismo nacional desde 2020, principalmente dirigidas a grupos que el FBI clasifica como “extremistas violentos con motivación racista” y “extremistas violentos antigobierno o antiautoridad”, todavía considera que la mayor amenaza son los “extremistas violentos que se han criado en el país” ¾típicamente estadounidenses musulmanes que trata como terroristas extranjeros.
En un informe presentado ante el Congreso el pasado junio, el FBI dijo que no sabía cuántos incidentes de terrorismo doméstico ocurren cada año en Estados Unidos ni el total de muertes resultantes de estos ataques. El FBI indicó, además, que no podía detallar el número ni tipo de encausamientos exitosos por terrorismo nacional que resultan de sus investigaciones y en vez produjo una lista selectiva de ejemplos.
Se supone que mantener datos completos y exactos de incidentes de terrorismo doméstico, particularmente aquellos que resultan en muertes, sea esencial para evaluar las amenazas y asegurar que se distribuyan los recursos debidamente para combatir a los criminales más serios y mortíferos. Llevar cuenta de los procesos contra el terrorismo nacional aseguraría que los recursos de investigación se dirijan debidamente a las verdaderas amenazas.
Pero ha resultado ser sorprendentemente difícil detallar el alcance de la violencia racista en Estados Unidos y el uso por el Departamento de Justicia de recursos contra el terrorismo nacional.
Parte del problema es que el Departamento de Justicia investiga la violencia de supremacía blanca y de tipo racista con varios programas diferentes.
Cuando un promotor de la supremacía blanca asesina a alguien, el Departamento de Justicia tal vez lo considere un acto de terrorismo nacional que debe investigar el FBI. Si la víctima es miembro de un grupo protegido, el departamento lo trata como un crimen de odio y lo asigna a su división de derechos civiles.
O quizás se considere un crimen por una pandilla, que investigaría un grupo de trabajo dedicado a la violencia criminal a nivel federal u otras agencias federales de la ley. Además, en la mayoría de los casos, el Departamento de Justicia cede la investigación de crímenes violentos y de odio a agencias de la ley a nivel estatal y local, muchas de las cuales no reportan datos de crímenes de odio al gobierno federal.
En diciembre de 2019, el Congreso aprobó el National Defense Authorization Act de 2020, que exige que el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional presenten informes anuales que detallan el número de incidentes o atentados de terrorismo nacional, el número de investigaciones en cada una de las categorías de terrorismo nacional del FBI y el número de cargos criminales federales relacionados con el terrorismo nacional.
El informe de junio de 2023 ya mencionado fue el tercero anual presentado al Congreso. En 2022, el senador Gary Peters (D-MI), presidente del Comité del Senado sobre Asuntos Gubernamentales y de Seguridad Nacional, publicó un informe que concluyó que el FBI “no proporcionó la mayoría de los datos requeridos sobre terrorismo nacional”. Estos datos son necesarios para que el Congreso se cerciore de que los recursos asignados al FBI para combatir el terrorismo nacional se centren en la investigación de actos mortíferos de terrorismo nacional en vez del seguimiento de manifestantes no violentos o la localización de cerditos rescatados.
Los datos estadísticos sobre el encausamiento de terroristas que produce el Departamento de Justicia han sido también inexactos, según lo han documentado auditorías de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia que se remontan a 2007 y 2013.
El departamento ha tratado de solucionar estas discrepancias. Un memorando de marzo de 2021 del vicefiscal general interino de entonces, John Carlin, a todos los fiscales federales estableció un protocolo para asegurar “la debida coordinación y uniformidad” en la identificación y el monitoreo de incidentes de terrorismo nacional. El memorando exigió que los fiscales federales designen las investigaciones o los casos criminales sobre cualquier presunto extremismo violento nacional o con un vínculo importante a este como “relacionado al extremismo violento nacional (“DVE related”) y que reporte dichos casos a la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
El proceso del memorando de Carlin para identificar y reportar asuntos relacionados con el extremismo violento nacional se adoptó y aclaró subsiguientemente en el Manual de Justicia, las normas del Departamento de Justicia para fiscales federales, que ofreció instrucciones detalladas para identificar estos casos y reportarlos al Centro de Antiterrorismo de la División de Seguridad Nacional.
El Departamento de Justicia todavía no ha publicado datos sobre estos casos “DVE-related” ni parece haber usado estos datos para guiar más los informes obligatorios del FBI. Además, una auditoria de junio de 2023 realizada por el inspector general del Departamento de Justicia criticó la implementación por el departamento de las actualizaciones al Manual de Justicia.
El informe de auditoría declaró que no todos los elementos policiales del departamento tienen el “mismo entendimiento que el FBI y la División de Seguridad Nacional de lo que constituye un vínculo con DVE” e identificó una necesidad continua de informes uniformes. El Brennan Center concuerda.
Reconocemos que quizás no siempre sea fácil determinar si un incidente es un acto de terrorismo nacional o un crimen de odio relacionado al terrorismo nacional, hasta que se realice una investigación. Pero se trata de determinaciones que las sucursales del FBI y las oficinas de los fiscales federales deben hacer con frecuencia para decidir cuándo y cómo movilizar sus recursos para la protección de los derechos civiles y contra el terrorismo doméstico y los crímenes violentos.
El Departamento de Justicia debe tener un proceso claro y transparente que guíe estas decisiones para que haya uniformidad en todo el país y rendimiento de cuentas sobre la categorización y utilización de recursos.
Por ejemplo, la FBI tiene un proceso para recibir quejas y procesar informes de fuentes que documentan si y cuándo resultan en evaluaciones iniciales, investigaciones preliminares e investigaciones completas, o si se toma una decisión de no encausar o se remiten a otra agencia.
Los agentes del FBI documentan su trabajo en estas investigaciones por caso, detallando la clasificación y categoría, y documentando logros estadísticos relacionados con dichas investigaciones mientras proceden con el encausamiento o no. Como tal, la oficina debería poder reportar fácilmente los datos de incidentes e investigaciones de terrorismo nacional que el Congreso exigió en el National Defense Authorization Act de 2020.
De igual manera, las fiscalías federales mantienen registros de quejas, derivaciones, decisiones de no encausar, acusaciones y condenas logradas por sus fiscales. Si bien es obvio que no todo caso iniciado como investigación de terrorismo nacional resultará en un encausamiento de ese tipo, el Departamento de Justicia debería poder llevar cuenta de lo que sucede en cada uno de estos casos, ya sea se posponga el juicio o no se inicie, y cuántos recursos de derechos civiles y antiterrorismo nacional o crímenes violentos se dedican a cada caso y categoría de investigación.
El Congreso necesita los datos que exigió en la ley de defensa de 2020 para asegurar que el Departamento de Justicia use sus recursos de terrorismo doméstico de manera adecuada y eficaz. El departamento no debe hacer caso omiso de este requisito legal ni producir datos inexactos en respuesta.
Instamos al Departamento de Justicia a que use todas sus fuentes disponibles de datos para asegurar que la información sobre el terrorismo nacional que el FBI y las fiscalías federales reportan al Congreso sea lo más completa y exacta posible, y de ser necesario, crear mecanismos adicionales de registro para permitir que el departamento cumpla con sus obligaciones legales.
Mientras tanto, solicitamos que el Departamento de Justicia dé a conocer al público datos sobre el número y tipo de investigaciones que ha calificado de “DVE related” como lo exige el memorando de Carlin de marzo de 2021 y el Manual de Justicia.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services