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Rick Ertel, abogado retirado de una zona rural de Texas, se ha desempeñado durante más de una década como trabajador electoral. En 2022, su trabajo como secretario electoral consistió en verificar las tarjetas de identificación con foto de votantes, comprobar su registro y entregar las boletas al electorado del distrito 440 en el condado de Kerr.
Solo que, ese año, las cosas habían cambiado en Texas. Tras las alegaciones del expresidente Trump sobre el “robo” de las elecciones, el estado promulgó la ley S.B. 1 en el Senado estatal, una ley de supresión del voto de gran alcance que estableció sanciones y restricciones complicadas contra los votantes, los trabajadores electorales y las personas voluntarias que trabajan en las elecciones.
Es una de las muchas leyes nuevas que se han aprobado en todo el país bajo la justificación de que combaten el fraude electoral. En realidad, no existe el fraude electoral generalizado en nuestro país; aun así, estas leyes imponen grandes obstáculos en el proceso democrático, en especial para las comunidades no blancas.
La ley S.B. 1 de Texas, promulgada en 2021, se destaca del resto por el gran alcance que tienen sus disposiciones en contra del acceso al voto.
El Brennan Center, el Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF, o Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicano-) y otros colegas litigantes han presentado una demanda contra la ley ante un tribunal federal en representación de trabajadores electorales, grupos comunitarios, organizaciones de defensa de derechos civiles y del derecho al voto, y grupos religiosos. Entre otros argumentos, la demanda afirma que la S.B. 1 viola la Ley de Derecho al Voto, obstaculiza la asistencia electoral para personas con discapacidades o poco dominio del inglés y discrimina intencionalmente contra el electorado latino y afroamericano.
La demanda contra la ley S.B. 1, LUPE v. Texas, se está llevando a cabo actualmente en el tribunal federal de San Antonio.
Una disposición de esta ley considera delito que un trabajador electoral “tome cualquier medida” para interferir con la supervisión de observadores partidistas y hacer que “no sea razonablemente efectiva”. En Texas, las personas que son secretarios y jueces electorales son también trabajadores electorales. Y cada juez electoral es también un trabajador electoral supervisor que, con la ayuda de los secretarios electorales, son responsables de garantizar un proceso de votación sin dificultades.
Ertel, quien ha dado testimonio en el juicio y antes se desempeñaba como juez electoral, no pensaba trabajar en las elecciones de 2022. Pero terminó aceptando el puesto de secretario electoral a regañadientes, solo porque su sitio de votación necesitaba ocupar vacantes con urgencia, y pensó que la responsabilidad de lidiar con observadores electorales turbulentos recaía sobre el juez o la jueza electoral y no sobre el secretario.
En su testimonio sobre la disposición que atañe a los observadores electorales, Ertel afirmó: “Realmente no entiendo qué hay que hacer como consecuencia de esto… No creo que las autoridades electorales sepan cuándo están obstruyendo o no la visión del observador [electoral], debido a la configuración [de los sitios de votación], y no tengo idea lo que significa la frase “no ser razonablemente efectiva”.
Además de la ambigüedad e incertidumbre que aportó esta disposición sobre observadores electorales, también impuso sanciones civiles y penales. En este sentido, Ertel señaló: “No puedo sugerirle de buena fe a la gente que sean trabajadores electorales y cumplan con el deber cívico que hasta ahora cumplían”.
Ertel es una de las distintas autoridades electorales que prestaron testimonio en las últimas semanas y, en particular, contaron sobre su temor a los observadores electorales después de las elecciones contenciosas e impulsadas por teorías conspirativas de 2020.
De acuerdo con Yvonne Ramon, exadministradora electoral del condado de Hidalgo, un observador electoral en un sitio de votación anticipada en 2020 acusó a una persona votante de no tener la apariencia de ciudadano estadounidense y exigió ver su identificación de votante. En el condado de Bexar, la administradora electoral Jacqueline Callanen declaró que, al final del período de votación anticipada en 2022, un observador electoral la siguió a ella y a otra persona de su equipo hasta un edificio donde se contaban boletas. Un oficial del sheriff que las acompañaba le dijo más tarde a Callanen: “Iba detrás de ustedes, todo el tiempo y tenía un arma”.
El efecto paralizador de la ley S.B. 1 sobre la capacidad de las autoridades electorales de protegerse a sí mismas y al electorado de cualquier intento de acoso por parte de observadores electorales es muy preocupante, en especial dado el aluvión de amenazas de muerte, acoso en las redes y abuso que han enfrentado después de 2020.
El resultado es una escasez de trabajadores electorales y dificultades para contratar a más personas. Una encuesta de autoridades electorales locales realizada por el Brennan Center, en abril de 2023 en todo el país, reveló que aproximadamente una de cada cinco autoridades electorales comenzó a trabajar después del ciclo electoral de 2020 y afirma que es muy o bastante probable que no siga desempeñándose en sus funciones para las elecciones de 2024.
El condado de Harris, el más poblado del estado, registró un descenso drástico en la cantidad de jueces electorales disponibles en 2022, al menos parcialmente debido a la ley S.B. 1. Rachelle Obakozuwa, directora de logística para la administración electoral del condado de Harris, declaró: “Hemos tenido conversaciones con trabajadores electorales que nos dijeron que no quieren participar por temor a las posibles consecuencias legales de lo que ocurre con los observadores electorales, que simplemente no sentían que querían participar”.
El daño de la ley S.B. 1 no solo afecta a las autoridades y a los trabajadores electorales. El juicio está echando luz sobre los efectos perjudiciales que tiene esta ley sobre todo el proceso de votación en un estado donde ya es difícil votar. Si no se frenan, leyes como la S.B. 1 podrían implementar disposiciones inconstitucionales y privarle a la ciudadanía elegible de su derecho al voto.
No hace falta más que poner el ejemplo de Louis Perales, trabajador del correo retirado y exinfante de la marina de los Estados Unidos, que votó por correo en Texas durante los últimos cinco años. Pero, en marzo de 2022, su boleta para las elecciones primarias fue rechazada, debido a una disposición de la ley S.B. 1 que exige incluir los últimos cuatro dígitos del número de seguridad social, o bien el número completo de la licencia de conducir tanto en la solicitud de boleta de voto por correo como en el lado interior de la solapa que cierra el sobre donde se envía la boleta. Perales no había incluido ninguno de los dos números en su boleta de voto por correo y, entonces, su voto no fue contado.
“Fui cartero, debería haberlo sabido”, se lamentó. “Pero no lo vi porque ¿quién pone información en la parte interior de una solapa? Allí va el pegamento para cerrar el sobre y asegurar que la carta no se salga”. De hecho, el tribunal que tenía a cargo el caso dictaminó hace poco que el requisito de identificación que le hizo cometer el error a Perales viola la ley federal.
Si bien este caso se resuelve antes de las elecciones presidenciales del año próximo, las repercusiones de la ley S.B. 1 se siguen sintiendo en todo el estado. Cuando se le preguntó a Ertel si planeaba desempeñarse, con todas las de la ley, como juez electoral como siempre, respondió rotundamente: “Mientras siga vigente, no ejerceré nunca más”.
Traducción de Ana Lis Salotti.
