Los resultados de las elecciones de 2023 en Wisconsin, que después de 15 años le quitaron el control a la mayoría conservadora, les han puesto una prueba fundamental al partido republicano y, en el sentido más amplio, a los sistemas democráticos de ese estado. Como país, debemos prestar atención.
Desde siempre, Wisconsin ha sido un estado donde uno de los partidos solidifica su poder político a costa de las normas democráticas. Durante más de diez años, el partido republicano en Wisconsin se ha atrincherado como mayoría en la legislatura tras haber trazado dos de los distritos más manipulados del país, lo que le ha permitido obtener mayorías legislativas terriblemente desconectadas de la cantidad real de votos que consiguen en el estado. En 2018, después de perder las elecciones a la gobernación y la fiscalía general, el partido republicano convocó una sesión especial para terminar aprobando, a altas horas de la noche, una legislación ómnibus que les quitaba poder a estos cargos, confirmaba 82 nominaciones a puestos ejecutivos de último momento y dificultaba la votación para las próximas elecciones. Desafortunadamente, Wisconsin no es el único estado donde se hacen estas cosas: en muchos otros, como Carolina del Norte, Iowa, Montana y Alaska, las legislaturas de control republicano les han estado quitando poder a otros cargos públicos electos democráticamente. Claro que los dos partidos han manipulado distritos electorales, pero no con el mismo grado.
Antes, la Corte Suprema de Wisconsin, en decisiones muy polarizadas, solía permitir la acumulación de poder de la legislatura y defender intereses antidemocráticos —por ejemplo, cuando confirmó distritos electorales que habían sido manipulados al extremo, amplió el poder de la legislatura a costa del poder ejecutivo, limitó la votación en ausencia y prohibió que las autoridades locales colocaran buzones de devolución de boletas afuera de las oficinas electorales. Lo más alarmante ocurrió en 2020, cuando la Corte estuvo a un solo voto de anular los resultados de las elecciones a pedido de Trump, sin ningún fundamento creíble que les permitiera dudar de la validez de los resultados.
La semana pasada, el electorado de Wisconsin respondió. Le concedió una victoria resonante a Janet Protasiewicz, candidata electa para la Corte Suprema del estado con un margen de 11 puntos porcentuales, después de haber prometido en su campaña que iba a proteger las normas democráticas. Al haberle dado a Protasiewicz esta victoria aplastante, el electorado invirtió la mayoría de la Corte Suprema del estado, que ahora ya no será conservadora, sino liberal. El factor más importante en esta contienda puede haber sido la decisión de la Corte Suprema Federal de anular la causa Roe v. Wade. Este cambio decisivo ahora le permite a Wisconsin aplicar una prohibición del aborto de 1849; es casi seguro que a la Corte Suprema del estado le tocará pronunciarse sobre su constitucionalidad. Es también probable que la nueva Corte tenga que reevaluar previas decisiones que antes habían confirmado distritos legislativos extremadamente manipulados.
Si bien las elecciones de la semana pasada modificaron la Corte Suprema, también ampliaron la mayoría republicana en la legislatura por un escaño y la convirtieron en supermayoría. A diferencia de lo que ocurrió en la contienda judicial, el candidato republicano que ganó el escaño adicional en la legislatura, Dan Knodl, ganó por menos de 1 punto porcentual, es decir, por 1,300 votos. Pero, gracias a la manipulación de distritos electorales del partido republicano, esos 1,300 votos les dan a los republicanos el poder suficiente para destituir y remover a funcionarios electos por cualquier acto que consideren “conducta corrupta en la administración pública” y sin tener que obtener ni un solo voto del otro partido.
Durante su campaña, Knodl dijo que estaba dispuesto a utilizar su poder de destitución, incluso en contra de Protasiewicz, y él no es la única persona del partido republicano que lo dice. Otro legislador planteó la posibilidad de destituir a la magistrada si basaba sus decisiones en “creencias personales” y no en “la ley”. Esta amenaza se parece a las críticas que recibió la jueza cuando expresó su opinión sobre el derecho al aborto y la distribución de distritos. En realidad, esta fue una contienda politizada que refleja la polarización del país y el rol indudablemente poderoso que tienen las decisiones de la corte a la hora de dar forma a las políticas públicas. Si bien el oponente de Protasiewicz profesa neutralidad judicial, representó a integrantes del partido republicano en litigios sobre la distribución de distritos y varios otros casos, se proclamó públicamente en contra del aborto, asesoró al partido republicano del estado sobre su plan de asignar electores falsos a favor de Trump en 2020 y ridiculizó al magistrado Brian Hagedorn tildándolo de conservador “sumamente desleal” después de haberse sumado a la pequeña mayoría que rechazó el intento de Trump de anular los resultados de las elecciones en Wisconsin.
Estas habladurías sobre destitución plantean un interrogante fundamental: ahora que la legislatura se encuentra ante unos fuertes controles de los otros dos poderes del gobierno por primera vez en más de diez años, ¿abusará del proceso de destitución como un medio para debilitar esos frenos?
Cabe aclarar que es posible que prevalezca la cordura. Hay normas bipartidarias sólidas contra el uso de la destitución para remover a oponentes políticos, y la legislatura de Wisconsin nunca ha destituido ni removido a un magistrado o magistrada. Aun cuando la legislatura se proponga a dar este paso extremo y sin precedentes, todavía está por verse si la justicia valide o no una jugada como esta. Pero el mero hecho de que estemos considerando esta posibilidad refleja los peligros de este momento. De un modo que no habríamos podido imaginarnos hace diez años, hoy debemos preguntarnos si las personas a las que votamos para que nos representen están dispuestas a transferir libremente el poder cuando cambian los vientos políticos.
Traducción de Ana Lis Salotti.
