Los conflictos de interés y las actuaciones en beneficio propio de la administración Trump

• El segundo mandato del presidente Donald Trump en la Casa Blanca lleva apenas un mes, pero ya está claro que su regreso puede generar enormes beneficios financieros para los adinerados que respaldaron su campaña y aliados políticos, así como para su propia familia y negocios.
• Las decisiones sobre contratación del gobierno son quizás la vía más directa a través de la cual la administración puede recompensar a sus donantes, y los salvaguardas para prevenir abusos son escasos.
• Las tarifas pueden ser un vehículo especialmente potente para los favores políticos porque el presidente tiene autoridad sustancial para imponerlas —o para conceder excepciones— sin involucrar al Congreso.

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El segundo mandato del presidente Donald Trump en la Casa Blanca lleva apenas un mes, pero ya está claro que su regreso a la Oficina Oval puede generar enormes beneficios financieros para los adinerados que respaldaron su campaña y aliados políticos, así como para su propia familia y negocios.

Mientras que el primer mandato de Trump estuvo plagado de acusaciones de corrupción y abusos de poder, la agresiva declaración de autoridad ejecutiva de la nueva administración —sin importar las normas, leyes o límites constitucionales— y la falta de salvaguardas para prevenir conflictos de interés, amenazan con expandir la instrumentalización del gobierno para el enriquecimiento personal a un nuevo nivel.

La mayoría de los presidentes han enfrentado denuncias de irregularidades en sus administraciones en algún punto. Trump, sin embargo, ha abordado la presidencia con un estilo que se distingue por ser transaccional.

Ha utilizado abiertamente los poderes de su oficina para ayudar a aliados y castigar a adversarios. Sus asesores dicen que mantiene una lista negra de compañías y ejecutivos que dejaron de donar a sus iniciativas políticas después del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio.

La reelección de Trump y el comienzo de su segundo mandato han sido notables por lo mucho que se apoyó en donantes ultrarricos para financiar su campaña y emplear en su gobierno. El dinero siempre ha jugado un papel en la política estadounidense, pero este momento es diferente. Ninguna campaña presidencial victoriosa ha dependido tanto de un grupo pequeño de donantes como lo hizo la campaña de Trump en 2024.

Mientras que las personas candidatas que ganan a menudo premian a quienes los respaldaron con puestos en embajadas u otros cargos administrativos, Trump les ha dado a algunos de sus más grandes donantes posiciones clave con un potencial extraordinario para influir en decisiones impactando sus propios bolsillos. El principal donante fue Elon Musk, la persona más rica del mundo y quien más gastó en apoyar a Trump en las elecciones de 2024.

Musk y los otros nominados para su gabinete, así como las personas designadas para cargos dentro de la Casa Blanca conforman la administración más adinerada de la historia —incluyendo a más de una docena de ricos con más de mil millones— quienes tienen una lista inusualmente extensa de posibles conflictos de interés.

El estilo transaccional de Trump para gobernar podría significar recompensas significativas para los favorecidos. Y dada la negativa del presidente de colocar sus propiedades empresariales en un “blind trust” o fideicomiso ciego —una precaución que, desde los años 70, todos los presidentes excepto Trump, han tomado para mantener la confianza pública y evitar cualquier apariencia de corrupción— la familia Trump también se beneficiaría si individuos o compañías gastan dinero en los negocios de Trump para ganarse el favor de la administración.

Los contribuyentes a los súper-PAC pro-Trump

Trump abrió nuevos caminos en este ciclo electoral cuando responsabilizó a los súper-PAC financiados por grandes donantes adinerados por gran parte de su campaña. Musk, quien es por mucho quien más gastó, contribuyó con más de $270 millones a varias súper-PAC pro-Trump. Otras dos personas dieron más de $100 millones cada una, y otras nueve contribuyeron por lo menos $10 millones.

En total, los reportes de la Comisión de Elecciones Federales muestran que 76 personas y entidades contribuyeron por lo menos $1 millón a los súper-PAC pro-Trump que más gastaron, con un total de $941 millones en contribuciones.

Dados sus intereses comerciales, muchos de los financiadores de los súper-PAC más grandes tienen un tremendo interés financiero en los resultados de los debates sobre política pública que la administración abordará.

Aquellos en industrias que muy probablemente van a ser impactadas por las decisiones de la administración, como la aeroespacial, telecomunicaciones, naval, petróleo y gas, y construcción, estaban entre los principales simpatizantes de Trump.

Donantes políticos consistentes

Líderes empresariales continúan donando a varios comités políticos mientras que el equipo de Trump busca crear una reserva de $500 millones para financiar su inauguración, agenda política y una eventual biblioteca presidencial. Las grandes compañías tecnológicas y de criptomonedas fueron particularmente generosas. Amazon, Apple, Google, OpenAI, Meta y Microsoft todas aportaron $1 millón al fondo para la inauguración de Trump. Y algunos inversionistas de criptomonedas, según reportes, aportaron $10 millones o más.

El presidente y su familia

La continua participación comercial de Trump mientras ejerce su cargo pueden inspirar a aquellos que buscan ganarse el favor de la administración a hacer negocios con sus empresas, potencialmente generando grandes ganancias para la familia Trump.

El presidente y la primera dama Melania Trump lanzaron nuevos tokens de criptomonedas llamados $TRUMP y $MELANIA unos días antes de la toma de posesión. Como estas criptodivisas no tienen valor económico o transaccional propio alguno, las compras de estos constituyen ganancias netas para los Trump. Los reportes iniciales estimaron que los tokens estaban valorizados en miles de millones de dólares.

Además, es probable que los ejecutivos de negocios y cabilderos (además de funcionarios extranjeros) continúen gastando generosamente en las propiedades de Trump, como lo hicieron durante su primer mandato.

La nueva administración no carece de herramientas a su disposición para distribuir beneficios financieros caídos del cielo a los favorecidos. Uno de los vehículos principales son los contratos federales, los aranceles, las decisiones regulatorias y los impuestos y subsidios. Otras maneras menos convencionales, que también pueden emerger, incluyen negociaciones sobre el presupuesto del gobierno y el límite de la deuda, las investigaciones y decisiones penales y el uso de los indultos. En muchos casos, la administración podrá seleccionar a individuos o compañías específicas para recibir estos beneficios.

Contratos federales

Las decisiones sobre contratación del gobierno son quizás la vía más directa a través de la cual la administración puede recompensar a sus donantes, y los salvaguardas para prevenir abusos son escasos.

Aunque las reglas en la adjudicación de los contratos por lo general requieren ofertas competitivas y otras salvaguardas procesales, los presidentes tienen un control significativo sobre cómo se estructuran los contratos, inclusive la habilidad de imponer condiciones para avanzar en objetivos políticos específicos, como los requisitos de “comprar lo estadounidense” que Trump impuso en su primer mandato.

El presidente Trump prometió en su discurso de posesión llenar las reservas estratégicas de petróleo “al tope”, lo cual podría significar más de $20 mil millones en ganancias para los vendedores de petróleo.

Trump también prometió impulsar las exportaciones de gas y aumentar las extracciones en tierras federales. Además, firmó una orden ejecutiva en su primer día de mandato para disponer de grandes extensiones de tierras y aguas federales para las extracciones petroleras.

Trump cortejó agresivamente a ejecutivos petroleros durante su campaña.

Otras industrias a las cuales hay que prestarle atención incluyen defensa, tecnología y construcción, las cuales están en fila para obtener grandes contratos si la administración se enfoca en la seguridad fronteriza e infraestructura de IA.

Aranceles

Amenazar con imponer aranceles parece ser una de las tácticas de negociación favoritas del presidente.

Las tarifas pueden ser un vehículo especialmente potente para los favores políticos porque el presidente tiene autoridad sustancial para imponerlas —o para conceder excepciones— sin involucrar al Congreso. El presidente puede imponer políticas tarifarias para ayudar o perjudicar a compañías o industrias específicas al atacar a sectores o países específicos. Y decisiones sobre excepciones le permiten a la administración excluir a compañías particulares con precisión quirúrgica.

Regulaciones

La familia Trump continúa invirtiendo en la tenencia de valores de criptomonedas, incluso a través de su plataforma de operaciones bursátiles World Liberty Financial, y los memecoin $TRUMP y $MELANIA. Además, Cantor Fitzgerald, el fondo de cobertura que por muchos años ha administrado el nuevo secretario de comercio Howard Lutnick, supuestamente tiene una participación de $600 millones en la firma de criptomonedas Tether.

A pesar de su posible conflicto de interés, Lutnick, quien donó casi $11 millones a los súper-PACs de Trump, desempeñará un papel central en la formulación de regulaciones federales de criptomonedas. Eso podría incluir la desregulación e instar a la Administración a adoptar políticas públicas de implementación y cumplimiento menos estrictas.

También podría significar avanzar en la propuesta de Trump de crear una reserva estratégica de bitcoins y trabajar con el nuevo Congreso en una nueva legislación que formalice un marco regulatorio favorable para proteger a las monedas digitales de las leyes sobre el mercado de valores tradicional. Anticipando estos cambios regulatorios, los precios de las criptomonedasse han disparado desde las elecciones.

Medidas regulatorias como estas le dan a la administración Trump lo que es tal vez el camino más amplio para repartir favores políticos. Al aprobar nuevas regulaciones, eliminar algunas existentes o implementarlas selectivamente, la administración Trump tiene un inmenso poder para moldear la fortuna empresarial en las economías de Estados Unidos y el mundo, incluyendo el sector de servicios financieros y las industrias de petróleo y gas.

Abundan otros ejemplos de cambios regulatorios que podrían ayudar a los aliados de Trump, incluido el amplio mandato del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para revisar las acciones de las agencias en todo el gobierno federal. Por ejemplo, DOGE despidió a empleados de la administración de Alimentos y Medicamentos que estaban revisando a la compañía de Musk de implantes cerebrales, Neuralink.

DOGE podría recomendar cambiar o eliminar las protecciones ambientales, las cuales Musk ha abiertamente criticado por frenar el desarrollo de SpaceX. Podría intentar socavar el programa de larga data de la Comisión Federal de Comunicaciones para financiar la expansión de servicios de banda ancha a zonas rurales, lo cual compite con Starlink, una compañía en servicios de internet por satélite de Musk.

O podría influir en el gasto de la administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, la cual actualmente está investigando incidentes que involucran a la tecnología de conducción autónoma de Tesla. Decisiones sobre regulaciones favorables a lo largo de estas agencias podría significar enormes ganancias para las empresas de Musk.

Impuestos y subsidios

Los recortes fiscales de 2017 de Trump le ahorraron cientos de millones de dólares a sus simpatizantes más adinerados. Dueños de negocios como Hendricks y los Uihleins estuvieron entre los beneficiarios más grandes de las deducciones a las llamadas empresas de paso establecidas en la ley —una provisión que originalmente se promovió como un alivio para los pequeños negocios— permitiéndoles drásticamente reducir sus ingresos tributarios.

Extender las deducciones y el resto de los recortes fiscales de 2017, los cuales están programados para expirar a fines de este año, fue un eje central en la campaña de Trump.

Según reportes, prometió hacer permanentes los recortes durante galas para recaudar fondos en dónde recibió sumas muy altas de donantes como el magnate del petróleo Harold Hamm y la heredera de Johnson & Johnson, Woody Johnson.

Los recortes fiscales para los estadounidenses más ricos son un pilar de los gobiernos republicanos, pero la administración Trump también podría adelantar políticas fiscales más puntuales para beneficiar a empresas e industrias específicas representadas por los donantes más grandes de Trump.

Musk, por ejemplo, busca deshacerse de los créditos fiscales para individuos que compran vehículos electrónicos. Aunque estos créditos fueron cruciales para la supervivencia de una Tesla emergente, permitiéndole a la compañía vender vehículos electrónicos a un precio más alto y evitar la quiebra, ahora fomentan la competencia.

Trump priorizó eliminar los incentivos para vehículos eléctricos como una de sus primeras órdenes ejecutivas. La administración también podría incrementar los incentivos para las industrias de petróleo y gas, las cuales ya reciben aproximadamente $700 mil millones en apoyo financiero anualmente.

Además, podría eliminar los impuestos sobre las ganancias de capital de las criptomonedas y ampliar las deducciones para las empresas manufactureras, como la depreciación adicional por inversiones de capital y los gastos de intereses.

La fuente principal de información sobre las nuevas exenciones fiscales serán las propuestas legislativas que avancen o las medidas que el Congreso apruebe, las cuales estarán disponibles para que el público las examine.

Investigaciones, acciones penales e indultos

Durante la campaña, Trump juró tomar represalias contra sus adversarios. Ahora en el poder, puede ordenar a las agencias iniciar investigaciones o procesos penales en contra de aquellos que lo enojen.

El Servicio de Impuestos Interno puede iniciar auditorias en contra de personas, compañías y organizaciones que critiquen a la administración. La Comisión Federal de Comercio puede obstruir negocios. Y la Comisión Federal de Comunicaciones puede amenazar con quitarles la licencia a compañías de comunicaciones que la administración percibe como no objetivas.

Otras acciones acentúan la estrategia cada vez más transaccional en procesos penales de la administración. El presidente firmó una orden ejecutiva pausando la implementación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977, la cual prohíbe sobornar a funcionarios de un gobierno extranjero. Trump se justificó en parte diciendo que requerir a compañías estadunidenses cumplir las provisiones anti-corrupción afectaba sus negocios.

La administración también ordenó a fiscales federales desistir de los cargos por corrupción en contra del alcalde Eric Adams de Nueva York, basándose en parte en el aparente acuerdo con Adams de colaborar con prioridades federales de inmigración.

Estas decisiones sugieren que hay un potencial nivel sin precedentes de interferencia política en materia de procesamiento penal.

Hoy en día, la amenaza creciente de que los intereses privados y concentrados atrapen a nuestro sistema político recalca la renovada necesidad de reformas sensatas a nuestro sistema de financiamiento de campañas. Desde fortalecer las reglas para prevenir la coordinación entre campañas y las súper-PAC, a la modernización de definiciones claves en derecho para atender nuevas y emergentes tecnologías.

El status quo también subraya la importancia de desarrollar nuevas soluciones para contrarrestar la influencia desproporcionada de los donantes ultrarricos, especialmente los sistemas de financiación pública de campañas mediante pequeñas donaciones, los cuales han comprobado ser eficientes en amplificar las voces del ciudadano común.

También es crítico revivir el paquete de reformas sensatas a la ética federal, incluso cerrar vacíos que eximen al presidente de hasta las protecciones más básicas de conflicto de interés, mejorando las reglas de implementación que ya existen y asegurando una mejor transparencia.

Mientras tanto, los investigadores pueden seguir utilizando las leyes existentes de divulgación y otras herramientas disponibles para sacar a la luz las contribuciones de campaña, describir conflictos de interés y exponer cuando los funcionarios abusan del poder de su puesto para su beneficio personal o político.

Traducción de Laura Gómez

Acknowledgments

The author is grateful for invaluable guidance and insight from Daniel Weiner, Lawrence Norden, and Michael Waldman. Grady Yuthok Short, Shanze Hasan, and Roberto Cordova provided helpful research assistance. Essential editorial and design work by Marcelo Agudo, Zachary Laub, and Brian Palmer ensured this piece’s successful publication.

An earlier version of this article stated that Citizens United struck down the Tillman Act. The article was updated on February 21 to clarify that the law formed the foundation of the campaign finance regime limiting corporate expenditures, which the Supreme Court struck down.