Si bien la Corte Suprema de Estados Unidos es el árbitro legal final en muchas disputas, las cortes supremas estatales deciden muchísimos casos más, conforme a las leyes y constitución de cada estado. Incluso cuando los nueve miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos emiten un fallo de particular trascendencia sobre derechos reproductivos, por ejemplo, las cortes estatales tienen una voz importante.
En una entrevista con State Court Report del Brennan Center for Justice, Steven C. González, presidente del Tribunal Supremo del estado de Washington, habla sobre la función que las cortes estatales desempeñan en la protección de nuestros derechos y democracia. González, de ascendencia mexicana y de Europa oriental, también habla sobre su experiencia como juez latino y la importancia de que se representen vivencias diferentes en el tribunal.
González es juez de la Corte Suprema de Washington desde 2012 y la preside desde 2021.
Esta es la conversación traducida de la versión en inglés que el juez tuvo con Alicia Bannon, directora del Programa Judicial del Brennan Center, la que se ha editado para mayor claridad y por motivos de espacio. Puede ver toda la entrevista aquí.
Mireya Navarro, jefa de redacción de Brennan en español, también entrevistó al juez en español.
Sesión de preguntas y respuestas:
¿Nos puede contar por qué decidió ser magistrado de una corte suprema estatal y sobre la trayectoria que lo ha llevado hasta el estrado que hoy ocupa?
Yo fui el primero en mi familia en ir a una universidad y, mucho más, una facultad de derecho. Cuando llegué allí, me encantó estudiar. Me gradué con un título en estudios del Sudeste Asiático. Viví en China y en Japón, volví a estudiar en Japón y al final entré en la facultad de derecho.
Ejercí derecho privado, me contrataron para trabajar en casos penales y litigios. Trabajé en causas de violencia doméstica y luego para la Fiscalía federal, donde llevamos a juicio casos de delitos de odio, prostitución infantil y terrorismo internacional.
Me propusieron que me postulara para el estrado de la Corte Suprema. Para ese entonces, había estado alentando a otras personas que siguieran esa carrera; habría sido hipócrita alentar a los demás a ocupar un puesto de liderazgo y yo no hacerlo. Solicité el nombramiento del gobernador y me lo dieron hace 21 años para la corte superior. Allí vi la diferencia que podemos hacer como jueces en el estrado y como modelos a imitar, porque hay muy pocos modelos a imitar que vengan de personas no blancas.
Realmente quería cambiar la imagen de quién es un juez y darles a los jóvenes no blancos la esperanza de aspirar al estrado, de un modelo a imitar. Y también quería cambiar la imagen de juez que tiene la cultura de la mayoría.
Es más que tan solo la apariencia, es la esencia. Muchos estudios prueban que un jurado mixto obtiene mejores resultados en cada una de las medidas objetivas que un jurado homogéneo, excepto quizá en la medida de eficiencia.
Pero vale la pena ese sacrificio de eficiencia porque observamos que un jurado mixto era más propenso a hablar. Era más propenso a leer y seguir las instrucciones del tribunal. También era más propenso a estudiar con detenimiento las pruebas que recibían. Y creo que eso también pasa en la corte suprema, como corte de última instancia. Somos nueve en la corte y nuestra diversidad nos ha ayudado a tomar mejores decisiones.
Después de ejercer como juez procesal durante diez años, me alentaron a convertirme en juez de la Corte Suprema. Lo pensé muchísimo y decidí que no podía no hacerlo. Quizá me rechacen, pero qué más da si me rechazan. Ese no debería ser el motivo de no intentarlo.
¿Cómo sus propias experiencias profesionales y de vida le han impactado su trabajo como juez y las deliberaciones que tiene con sus colegas? Y desde el otro ángulo, ¿cómo las experiencias de sus colegas le han impactado su opinión sobre la ley?
Durante mi primera campaña para juez, una de las preguntas que me hicieron más de una vez fue: “¿Cree que puede ser justo e imparcial si el litigante que tiene enfrente también es latino?”. Esa pregunta dice muchísimo sobre mí y sobre la persona que la hace porque a las personas de la mayoría no les hacen la misma pregunta. No les preguntan: “Si tiene a una persona blanca enfrente del estrado, ¿cree que puede ser justo?”.
Esto ocurre porque a menudo cometemos el error de pensar que la norma es lo neutral. Yo no soy la norma, entonces se supone que no soy neutral y que tendré una parcialidad a favor de mi grupo demográfico. Bueno, primero que todo, mi propia demografía es un poco más complicada que el ser latino. Hay suposiciones arraigadas directamente en la pregunta.
En segundo lugar, la idea de que esta pregunta esté bien para mí, pero no para la mayoría no hace más que señalar la forma en que vemos la neutralidad.
En parte, es lo que estamos haciendo cuando redefinimos el concepto de observador objetivo. Estamos diciendo que un observador objetivo debe incluir todas nuestras experiencias, y no solo las de la mayoría.
Es importante que haya personas encargadas de tomar decisiones que tengan una diversidad de experiencias, que ellas mismas hayan vivido en la pobreza y que hayan vivido la vida como una persona no blanca o persona homosexual y que entiendan lo que eso significa también.
Me he dado cuenta de que no se trata solo de tener una voz diferente en la sala, sino que la voz de la mayoría también cambia cuando yo estoy en la sala. Cambia la naturaleza misma del debate. Soy un gran defensor de esa inclusión y creo que nos convierte en mejores personas.
He hablado de algunas experiencias que tuve de joven. Fui fiscal, así que trabajé muy de cerca con la policía, pero también he tenido interacciones negativas con la policía cuando era un jovencito no blanco, al que detenían por motivos que yo creía inapropiados. Es importante tener esta perspectiva en el estrado. No debemos suponer que, cada vez que se detiene a alguien, es legítimo. También debemos saber que muchas veces sí lo es, pero creo que es importante tener esta perspectiva diferente.
Cuando la mayoría de la gente piensa en la constitución, la que tienen en mente es la constitución federal. Pero me gustaría saber su opinión sobre la función que desempeña la Corte Suprema de Washington y la constitución del estado de Washington a la hora de proteger nuestros derechos.
En las universidades de derecho, lo que más aprendemos es sobre el sistema federal y no tanto sobre el sistema estatal. Claro que la perspectiva es totalmente diferente. Cuando se evalúa alguna acción del gobierno ante un tribunal federal, lo que queremos saber es qué les da la autoridad para hacer algo. Si no tienen la autoridad explícita, entonces no pueden hacerlo.
En los estados, ocurre lo opuesto. Los estados pueden hacer lo que quieran, a menos que se les prohíba hacerlo. La función de las cortes supremas estatales consiste en preguntarnos si se ha ejercido una autoridad de acuerdo con lo que estipula la ley. Es decir, si el gobierno hace algo, ¿podían hacerlo? Y ¿lo hicieron correctamente?
La constitución de nuestro estado es más amplia en algunos aspectos que la federal. Por ejemplo, [en cuanto al tema del allanamiento y secuestro,] el artículo 1, sección 7 [de la constitución del estado de Washington] brinda más protecciones que [la Cuarta Enmienda de] la Constitución Federal. El poder judicial estatal desempeña una función importante como una rama de gobierno con igualdad de condiciones a nivel estatal, a la hora de garantizar los derechos amparados por la Constitución Estatal.
Acaba de decir que el tema del allanamiento y secuestro es diferente según se trate de la Constitución del estado de Washington o la Constitución Federal. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones que debe tomar como juez cuando se adopta una interpretación constitucional diferente a la de los tribunales federales, cuando estos han tenido que evaluar disposiciones parecidas?
Primero, debemos realizar un análisis comparativo de los textos. Nuestra Constitución no se aprobó en la misma época que la Constitución Federal, así que hay un contexto histórico y político diferente. Las interpretaciones de la Constitución Federal sobre los mismos temas informan nuestras propias interpretaciones, pero no las dominan. Debemos evaluar nuestra propia postura única dentro del estado.
[Con respecto al tema del allanamiento y secuestro,] el lenguaje que se utiliza es diferente. El gobierno no puede interferir con las “cuestiones privadas” de cada uno. Tenemos un derecho de privacidad explícito en el estado de Washington, que ha generado resultados diferentes a los de la ley federal, por ejemplo, cuando se trata de conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol u otras sustancias. Según la ley federal, se pueden hacer controles generales donde se para a todo el mundo para controlar su estado de sobriedad al volante. Según la ley estatal de Washington, debe haber una sospecha particularizada para parar a una persona e interferir con una cuestión privada.
El magistrado presidente de la Corte Suprema Federal John Roberts realizó la famosa comparación de que ser juez es como ser el árbitro de un partido de béisbol. ¿Nos podría dar su propia versión de esta comparación, ya sea una metáfora, una frase o un caso que refleje su opinión sobre la profesión de juez?
Nunca fui muy aficionado a las metáforas deportivas. Algunas personas no las entienden. Pero si hablamos de esa metáfora, creo que es incompleta porque no solo estamos decidiendo si hubo un strike o no, sino que también estamos definiendo cuál es la zona de juego en algunos casos. Y eso es diferente porque ya no se trata de una fórmula matemática que podemos aplicar.
Thomas Jefferson no le acertó en todo, pero sí cuando dijo: “No soy muy defensor de cambiar todo el tiempo las leyes y las constituciones, pero las leyes y las instituciones deben ir de la mano con el progreso de la mente humana. Y a medida que esta se vuelve más avanzada, más ilustrada, a medida que se realizan nuevos descubrimientos, se descubren nuevas verdades y cambian los modos y las opiniones, con el cambio de las circunstancias, las instituciones también deben cambiar para adaptarse al ritmo de los tiempos que corren”.
Y, como conclusión, agregó: "Sería como pedirle a alguien que siga poniéndose la chaqueta que le quedaba de niño si pretendemos que la sociedad civilizada deba permanecer siempre bajo el régimen de nuestros ancestros bárbaros".
Lo que creo que quiso decir Thomas Jefferson es que lo que hacemos hoy en día que nos puede parecer razonable, en el futuro, podría parecernos bárbaro. De hecho, el haberles negado la condición de ser humano a muchas personas de nuestra nación o el derecho al sufragio y otros derechos a las mujeres, etcétera, fueron cosas bárbaras ahora que las vemos en retrospectiva.
El objetivo de nuestro trabajo consiste en decidir qué principios se aplicaban en ese momento y darles efecto, a la inmensa retórica de que todos y todas tenemos el derecho de libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Qué significan estas palabras hoy en día y cómo las interpretamos? Debe haber cierta flexibilidad en esas palabras.
Hablando de los fundadores de nuestra constitución, se les está dando demasiado auge en el enfoque que está tomando la Corte Suprema federal para interpretar la constitución. Me gustaría saber su reflexión sobre la tendencia de la Corte Suprema de adoptar un enfoque originalista en su interpretación constitucional y su opinión sobre el originalismo (la insistencia de que la “intención original” o el “significado público original” es la única forma legítima de interpretar la Constitución)con respecto a su propia filosofía judicial.
No creo que el originalismo tenga la elasticidad necesaria. No creo que tenga la flexibilidad necesaria. Puede resultar violento pedirle a alguien que imagine tener esclavos bajo su poder y creer que las mujeres no tienen los mismos derechos para comprender lo que quiere decir la Constitución. No creo que eso haya sido lo que querían decir los fundadores de nuestra Constitución.
Tampoco creo que estemos libres de esas palabras. Las palabras y su interpretación tienen peso. La forma en que se interpretaron en el pasado tiene mucho peso. Pero creo que debemos tener mucho cuidado cuando intentamos encontrar la intención detrás de las palabras.
Es lo mismo que hacemos cuando intentamos determinar la intención legislativa a la hora de interpretar una ley. Intentamos imaginarnos qué quiso decir una legislatura, pero allí tenemos cientos de personas que no se ponen de acuerdo en todo. La intención legislativa es algo así como un constructo, un mito.
La idea es preguntarnos qué necesita el pueblo con estas palabras. ¿Cuál era su política y su intención? En este análisis es fundamental estudiar todo el contexto y comprender qué derechos se están protegiendo y por qué. No se trata simplemente de preguntarse qué habrían hecho los fundadores de la nación en este caso.
Quisiera cambiar de tema y hablar ahora sobre una declaración que publicó la Corte Suprema de Washington en junio de 2020, que me pareció verdaderamente admirable. La Corte señaló que “como jueces, debemos reconocer el papel que ejercemos cuando se devalúan las vidas de las personas negras. Y es solo cuando reflexionamos detenidamente sobre nuestras acciones, asumimos la responsabilidad individual por nuestro accionar y procuramos siempre mejorarlo que podemos reparar el legado vergonzoso que hemos heredado”.
A más de dos años de esta declaración, ¿en qué medida la Corte ha respondido a este llamamiento a la acción y qué más le queda por hacer?
Cuando [la magistrada presidenta Debra L. Stevens y la magistrada Mary Yu] insinuaron esta idea, yo sentí cierto escepticismo, no creía que, como jueces, pudiéramos declarar algo tan valioso y hacerle honor. Pero me agradó mucho cuando logramos encontrar un lenguaje fuerte, cuyos ideales estamos honrando.
Ampliamos la decisión [del caso Batson v. Kentucky] para especificar que no se puede excluir a alguien no blanco [de un jurado] sin el correcto escrutinio de la corte. Fue el primer caso de toda la nación que declaró que, si un observador objetivo, definido como alguien consciente de nuestra historia de racismo y prejuicio implícito, puede determinar que hubo motivos racistas en la remoción de un miembro del jurado, entonces no se puede excluir a esa persona. Este es un cambio drástico en la forma de considerar el sesgo implícito y la parcialidad en nuestro sistema. Porque, aunque haya habido un prejuicio intencional o no, el resultado es el mismo sobre la persona a la que se discrimina.
Enmendamos nuestra Regla de Conducta Profesional 8.4, que ahora prohíbe toda discriminación con motivos de identidad de género o expresión de género. Realizamos una revisión global de todas nuestras reglas y eliminamos todo lenguaje parcial, sexista y no inclusivo de esas reglas, muchas de las cuales se aprobaron hace muchos años.
Modificamos un comentario de nuestra Regla de Conducta Profesional 4.4 para especificar que utilizar el estado inmigratorio de una persona como ventaja en un caso en su contra es una violación a las reglas.
También hemos repudiado todo lenguaje parcial que se haya utilizado en opiniones anteriores. Aunque el principio de legalidad haya sido el correcto, rechazamos el lenguaje que se utilizó para llegar a él.
En la causa State v. Blake, declaramos que nuestra ley estatal sobre la posesión simple de drogas era inconstitucional porque no tenía un elemento de intención criminal. Esta resolución revocó cientos o acaso miles de condenas por posesión simple de drogas, que afectan muchísimo más a las personas no blancas y personas que viven en la pobreza.
Revertimos el caso State v. Zamora porque la fiscalía apeló en numerosas ocasiones a un discurso antiinmigratorio en contra de un acusado latino que ni siquiera era inmigrante.
Anulamos, con carácter póstumo, la condena de Alec Towessnute por haber pescado en tierras indígenas, un caso cuya resolución tenía un lenguaje abusivo y racista en contra de los indígenas nativo-americanos que debíamos repudiar.
Seguimos haciendo más y nos tomamos en serio nuestro compromiso de hacerles honor a los ideales que contemplamos en esa carta.
¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de hacerles honor a esos ideales? ¿Hay algún aspecto que le gustaría señalar en el que siente que hay que seguir trabajando?
Hay una cantidad importante de trabajo que debemos seguir haciendo. En nuestra profesión, nos enseñan que debemos mirar hacia al pasado. Es un trabajo difícil resistir la tentación natural de decir: “Ah, bueno, no podemos hacer eso, va más allá de nuestras capacidades.
Cuando era juez procesal (trial court judge,) un par de colegas y yo propusimos una regla para prohibir que ICE arrestara a alguien en los tribunales o en sus proximidades, porque queríamos que todos y todas se sintieran con la libertad de venir a un tribunal y arbitrar sus disputas en paz, sin el fantasma de una entidad policial federal que los persiga. Algunos colegas en el estrado dijeron: “Bueno, no podemos hacerlo. Es una cuestión política”. Pero solo porque el estado inmigratorio sea un tema político, no significa que el acceso a la justicia sea político. Al final, aprobamos la regla y el Departamento de Seguridad Nacional acordó cumplir con la política [hasta la administración de Trump].
Es importante que los tribunales demuestren valentía en estos temas y digan: “Nuestro trabajo consiste en darles un foro a las personas para que resuelvan sus disputas. Y como tal, es problemático si nos enredamos y participamos en cuestiones de vigilancia inmigratoria porque significa que no tendremos testigos, no tendremos víctimas ni tendremos padres que vengan a ayudar a sus hijos en los tribunales juveniles”. Y ese es un tema de acceso a la justicia que sí está a nuestro alcance. Considerar este tipo de temas requiere valentía, coraje, dedicación y muchísima paciencia.
Traducción de Ana Lis Salotti.
