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Voting Rights Act of 1965

Ley de Derecho al Voto de 1965

La Ley de Derecho al Voto de 1965 fue una ley inmensamente exitosa en la lucha para garantizar el acceso al voto de toda la ciudadanía estadounidense, en especial de las comunidades no blancas. Pero una decisión de la Corte Suprema de 2013 en Shelby County v. Holder resquebrajó esta medida histórica en materia de derechos civiles, cuando eliminó una disposición de la ley conocida como el requisito de “aprobación previa”.

¿Cuáles eran los efectos de la aprobación previa?

Antes de la Ley de Derecho al Voto, la invalidación de una práctica electoral discriminatoria dictada por un tribunal federal solía enfrentar resistencia de los gobiernos locales y estatales, que usaban maniobras procesales y apelaciones interminables para evitar cumplir con lo impuesto, o bien simplemente adoptaban otra alternativa igualmente discriminatoria que hacía que el electorado afectado volviera a las mismas condiciones de antes. 

Con el requisito de la Sección 5 de la Ley de Derecho al Voto de obtener la aprobación federal de sus políticas electorales propuestas, las jurisdicciones afectadas por esta protección de la ley moderaban con rapidez muchos de los peores abusos. Con el tiempo, numerosas jurisdicciones hasta comenzaron a aprobar leyes electorales y planes de redistribución de distritos con vistas a resolver las dificultades de sus electorados minoritarios y asegurarse de que las nuevas leyes que proponían pudieran obtener la aprobación previa federal. 

El éxito del sistema de aprobación previa hizo que el Congreso lo incluyera varias veces durante las renovaciones de la Ley de Derecho al Voto. Al final, fue la Corte Suprema, y no el Congreso, quien suspendió la aprobación previa. En la controversial causa Shelby County v. Holder de 2013, la Corte invalidó la fórmula de protección utilizada para determinar qué estados y gobiernos locales debían cumplir con el requisito de aprobación previa. Por ello, hoy ningún estado ni localidad tiene la obligación de solicitar la aprobación del gobierno federal antes de cambiar sus reglas electorales. 

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