La semana pasada, un comité del Senado emitió una acerba evaluación de la respuesta del gobierno a la violencia de la supremacía blanca. Esta conclusión del Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado (Senate Homeland Security and Government Affairs Committee) no es una sorpresa. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, o Federal Bureau of Investigation) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, o Department of Homeland Security), las agencias principalmente responsables de investigar el terrorismo doméstico y recopilar inteligencia para prevenirlo, han sido repetidamente criticadas por su falta de atención a la violencia de la supremacía blanca.
Incluso los defensores más fieles del FBI han reconocido que su incapacidad para tratar la violencia de la extrema derecha como una preocupación grave contribuyó a la falta de preparación para el ataque del 6 de enero en el Capitolio y han pedido al FBI que lleve a cabo una revisión interna de su programa de terrorismo doméstico.
Pero el nuevo informe del Senado deja en claro que el FBI no está dispuesto a examinar críticamente su desempeño en la lucha contra la violencia de los supremacistas blancos y, en cambio, ha tomado medidas para ocultar los datos necesarios para realizar dicha evaluación. Las preocupaciones públicas sobre la violencia de extrema derecha aumentaron después del tiroteo masivo por motivos raciales de 2015 en la Iglesia Metodista Episcopal Africana Madre Emmanuel (Mother Emmanuel African Methodist Episcopalian Church) en Charleston, Carolina del Sur, que el entonces director del FBI James Comey se negó a calificar de acto de terrorismo. Las preocupaciones se intensificaron después de que las fuerzas del orden público no lograron detener los múltiples incidentes de violencia de la supremacía blanca cometidos en la manifestación de Unite the Right de 2017 en Charlottesville Virginia, y un informe filtrado del FBI reveló que había creado una nueva categoría de terrorismo doméstico llamada "Extremistas de Identidad Negra" (“Black Identity Extremists”) que catalogaba a los activistas Negros que protestan contra la violencia policial racista como amenazas.
El Congreso tomó nota y, a partir de 2018, varios comités comenzaron a celebrar audiencias centradas en la supremacía blanca y la violencia militante de extrema derecha, las primeras desde que el FBI y el DHS declararon el contraterrorismo como su prioridad número uno después de los ataques del 11 de septiembre (9/11).
A lo largo de este tiempo, el FBI no proporcionó datos básicos sobre su programa de terrorismo interno que permitieran evaluar si estaba dirigiendo adecuadamente sus recursos antiterroristas. Esta falta de transparencia desencadenó variosesfuerzos legislativos para obligar al FBI a publicar datos que documenten cada incidente de terrorismo doméstico, la cantidad de investigaciones que inició y la cantidad de condenas, todo desglosado por las diversas categorías que el FBI usó para administrar su trabajo, que luego incluyó a los supremacistas blancos, los-llamados extremistas de la identidad negra, los extremistas de los derechos de los animales y otros.
Incluso antes de que se promulgara la ley que obliga al FBI a presentar estos datos en 2019, los responsables de la oficina tomaron medidas para impedir que el Congreso obtuviera la información que buscaba. El FBI reordenó sus categorías de terrorismo doméstico, combinando a los supremacistas blancos con los Extremistas de Identidad Negra y a los militantes de extrema derecha con los anarquistas, reorganizaciones que tenían poco sentido en cuanto a funcionamiento pero que oscurecerían qué grupos de cada categoría cometían la violencia más mortífera y cuáles eran los objetivos más frecuentes de la oficina para su investigación.
Al final, importó poco, como señala el informe, porque el FBI simplemente se negó a cumplir con los requisitos de la ley. En informes presentados en 2021 y 2022, el FBI argumentó que si bien podía proporcionar estadísticas de primera línea sobre la cantidad de investigaciones que abrió, no podía proporcionar datos sobre incidentes de terrorismo doméstico porque la oficina no los recopiló y ninguna ley exigía que los estados y las fuerzas del orden locales lo reportaran.
La oficina también dijo que no podía proporcionar datos sobre los enjuiciamientos por terrorismo doméstico porque “el FBI o el DOJ no mantienen actualmente el numero de cargos federales con un nexo al [terrorismo doméstico] de manera integral”. Sería razonable suponer que una agencia que llama al antiterrorismo su prioridad número uno querría saber cuántos incidentes terroristas domésticos ocurren en los Estados Unidos cada año y quién los comete. Además, una agencia que opera 200 fuerzas de trabajo conjuntas contra el terrorismo (“Joint Terrorism Task Forces”) y emplea a miles de investigadores y analistas en todo el país presumiblemente tiene la capacidad de catalogar estos incidentes. Entonces, ¿por qué no?
Una indicación se produjo durante una audiencia del Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional (Homeland Security and Government Affairs Committee) al día siguiente. Cuando el senador Rick Scott (R-FL) preguntó qué estaba haciendo el FBI con respecto a los informes de violencia contra los activistas que se oponen al aborto, el director Christopher Wray respondió que desde la decisión de junio de la Corte Suprema de revocar Roe v. Wade, "probablemente alrededor del 70 por ciento de nuestros casos de violencia o amenazas relacionados con el aborto son casos. . . donde las víctimas son organizaciones pro-vida”.
Esta respuesta probablemente calmó la preocupación de Scott, pero por sí sola, es una estadística sin sentido. Lo mínimo de evidencia requerido para abrir investigaciones del FBI es extremadamente bajo, por lo que los agentes pueden abrir tantas investigaciones como deseen. Sin conocer el número de incidentes y el número de condenas que ocurren como resultado dentro de las diferentes categorías de casos de terrorismo, la información sobre las investigaciones que el FBI está llevando a cabo puede dar una impresión engañosa de la prevalencia de los diferentes tipos de actividad terrorista. Y más problemático, puede ocultar el hecho de que los recursos del FBI no se están destinando a las mayores amenazas.
La respuesta de Wray destaca cómo la falta de datos sobre incidentes y condenas por terrorismo doméstico permite que el FBI utilice las investigaciones de terrorismo doméstico como una herramienta política, utilizada para satisfacer las demandas de los políticos o impulsada por los prejuicios de los agentes. Si bien los informes recientes de incendios provocados contra instalaciones antiaborto merecen investigación, la violencia grave relacionada con el aborto ha sido históricamente cometida predominantemente por militantes antiaborto, y esa tendencia solo ha aumentado en los últimos años. Solo se puede saber si es una división adecuada de recursos que el 70 por ciento de las investigaciones del FBI relacionadas con el aborto se enfoquen en la violencia y las amenazas contra los activistas antiaborto si también sabemos la cantidad de actos de violencia y amenazas contra los activistas a favor del derecho a decidir. De hecho, los militantes de extrema derecha han amenazado cada vez más a los trabajadores electorales, los administradores escolares, e incluso a los miembros del Congreso con violencia, por lo que es importante saber qué amenazas atraen el atención del FBI y cuáles no. El Congreso solo puede determinar si el FBI está utilizando sus autoridades antiterroristas nacionales de manera adecuada y sin prejuicios si tiene los datos para demostrarlo.
El informe del Senado hace varias recomendaciones para abordar estas preocupaciones. Lo más importante, llama a que el Congreso exija a que se examine a lo largo de todo el gobierno los programas y políticas federales de contraterrorismo para garantizar que las amenazas terroristas internas se identifiquen y prioricen adecuadamente. Una revisión exhaustiva de los programas antiterroristas del FBI posteriores al 11 de septiembre, programas que han estado plagados de errores y abusos, está atrasado. Claramente, el FBI no está dispuesto o no puede hacer este trabajo por sí mismo, y ahora parece poco probable que el comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes publique sus hallazgos con respecto a las fallas de inteligencia por parte del FBI, el DHS y otras agencias federales de aplicación de la ley. Ahora el Congreso debe asegurarse de que esos registros se conserven para informar la evaluación más amplia que solicitó el comité.
Traducción de Minnesota Interpreters and Translators
