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Durante los últimos meses, algunas figuras políticas y ciertos medios de comunicación se han aferrado a la narrativa de que las personas inmigrantes recién llegadas y, en especial, las indocumentadas están provocando un fuerte aumento en la delincuencia. En lugar de recolectar datos y examinar el tema empíricamente, están impulsando esta generalización basándose en incidentes de delitos individuales muy publicitados, cometidos por inmigrantes indocumentados.
Todo acto de violencia debe tomarse en serio. Pero quienes elaboran las políticas no deberían atribuir culpa a grupos enteros de personas cuando solo unas cuantas cometen delitos.
Los estudios no corroboran la idea de que las personas inmigrantes cometan delitos o sean encarceladas mucho más que las nacidas en Estados Unidos. De hecho, es posible que las personas inmigrantes tengan menos interacción con la policía que las no migrantes.
Hacer hincapié en datos concretos es fundamental, sobre todo porque la inmigración se ha vuelto un tema principal para la ciudadanía de cara a estas elecciones.
Una importante cantidad de estudios ha evaluado la relación entre la inmigración y el delito. Numerosos estudios demuestran que la inmigración no está asociada a mayores niveles de delincuencia, sino todo lo contrario. Las investigaciones también han evaluado el efecto que tiene la concentración de inmigrantes en una comunidad sobre los patrones delictivos, y han revelado que la inmigración está asociada a tasas de delincuencia más bajas y a una mejora en los factores estructurales —como la conexión social y las oportunidades económicas— que propician la seguridad en un vecindario.
Cuando se evalúa específicamente la relación entre la presencia de personas inmigrantes indocumentadas y la delincuencia, las investigaciones llegan a las mismas conclusiones. Numerosos estudios demuestran que la inmigración de personas indocumentadas no aumenta las tasas de delitos violentos; y los estudios sobre las tasas de delincuencia en las llamadas ciudades santuario tampoco han revelado ninguna diferencia evidente cuando se las compara con ciudades con características similares pero sin políticas de ciudad santuario.
Un estudio que se centró en los delitos relacionados con las drogas y el conducir un vehículo bajo la influencia de sustancias halló que la condición de inmigración sin papeles estaba asociada a una reducción en los arrestos por este tipo de delitos.
Las investigaciones también demuestran que, en términos generales, las personas inmigrantes tienen la misma probabilidad de encarcelación o incluso más baja que las nacidas en Estados Unidos, una tendencia que se repite con inmigrantes de diferentes países de origen.
Por ejemplo, un estudio comprobó que las personas inmigrantes indocumentadas tenían un 33 por ciento menos de probabilidades de ser encarceladas que las nacidas en EE. UU.
También surgen indicios de una relación negativa entre la inmigración y el delito cuando se observan las tasas de condena. En un estudio realizado en Texas, en 2017, las personas inmigrantes indocumentadas tuvieron un 47 por ciento menos de probabilidades de ser condenadas por un delito que las personas nacidas en Estados Unidos.
Otro estudio más reciente que evaluó datos del Censo federal durante un período de 150 años descubrió que, de hecho, desde 1870, las tasas de encarcelación de inmigrantes son un poco más bajas que las de las personas nacidas en EE. UU., y que esa diferencia se ha agrandado en los últimos años, ya que las personas inmigrantes son un 60 por ciento menos propensas a ser encarceladas que las personas ciudadanas nacidas en EE. UU.
A pesar de las afirmaciones de ciertos medios de comunicación conservadores y la retórica de algunas campañas políticas que apuntan a la inmigración como la causa de los aumentos en la criminalidad, no hay pruebas que confirmen que la inmigración — y, en particular, la reciente llegada de grandes cantidades de inmigrantes a ciudades con gobiernos demócratas— esté provocando una “ola delictiva”.
Por un lado, hay muy pocos datos directos sobre las causas de estos últimos aumentos en la delincuencia, en especial cuando se trata de personas inmigrantes indocumentadas. La criminalidad es un tema complicado: intentar aislar factores individuales para explicar las tendencias delictivas, sobre todo cuando la totalidad de repercusiones de la pandemia de covid-19 aún se están corroborando, no sería acertado.
Sin embargo, algunos factores que sí se deben considerar son la inestabilidad socioeconómica principalmente causada por la pandemia, la violencia armada y la mayor prevalencia de armas en las comunidades, y las perturbaciones a la vida en comunidad y el aislamiento social más profundo. Si bien algunas figuras políticas y expertos en los medios se apresuran a establecer conexiones, las investigaciones no confirman la idea de que un aumento en la delincuencia sea producto de la reciente ola de inmigrantes.
Además, la llegada de cantidades récord de inmigrantes a la frontera de Estados Unidos con México durante los últimos dos años no se ha correspondido con un aumento total en la delincuencia en las ciudades llamadas “azules”, o con gobiernos demócratas, donde se han instalado muchas de las personas recién llegadas. En la mayoría de estas ciudades, ocurrió lo contrario: el delito, incluidos los delitos violentos, ha mostrado una tendencia negativa (con la excepción de los hurtos y un pequeño aumento en los robos), después de haber alcanzado un pico en 2020 en todo el país.
Esto ocurre desde la primavera de 2022, año en que varios gobernadores republicanos, como los de Arizona, Texas y Florida, comenzaron a trasladar a personas inmigrantes indocumentadas a ciudades con políticas inmigratorias más favorables, como Nueva York, Chicago, Boston y Washington.
Tal como lo demuestra un nuevo análisis periodístico de la NBC, las tasas de delincuencia totales bajaron desde abril de 2022 y durante todo 2023 en la mayoría de las ciudades a las que Texas envió inmigrantes, aunque Washington fue una excepción importante.
Según un análisis realizado por el Council on Criminal Justice, la delincuencia ha disminuido desde 2022 en muchas categorías de delitos, como agresiones físicas agravadas (incluidas las cometidas con armas de fuego) y secuestros de vehículos, en la mayoría de las ciudades estudiadas. En los sitios donde sí se registraron aumentos, incluso de robos y hurtos en tiendas, estas tendencias comenzaron en 2021, antes de la actual oleada de inmigrantes sin papeles.
Tampoco ha habido un fuerte incremento en las tasas de delitos violentos en los estados o condados a lo largo de la frontera con México que coincidan con las afluencias de inmigrantes más pronunciadas.
En Nueva York, ciudad santuario que ha recibido a la mayor cantidad de inmigrantes de estados vecinos con gobiernos republicanos, el delito disminuyó en la mayoría de las categorías principales de delitos en 2023, en comparación con el año anterior, tal como lo confirmó un informe de enero del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Esta disminución les sigue a otras reducciones en la mayoría de las categorías de delitos en esta ciudad durante 2022.
La ciudad de Nueva York sigue siendo una de las ciudades grandes más seguras del país, a pesar de las afirmaciones sensacionalistas de que está siendo aplastada por la delincuencia.
Si bien se ha intentado retratar a ciertas áreas de la ciudad de Nueva York donde se ubican temporalmente grandes cantidades de inmigrantes como regiones azotadas por la criminalidad, los datos existentes no corroboran este argumento. En cuatro jurisdicciones que tienen grandes refugios de inmigrantes, los datos no demuestran ninguna tendencia común en sus tasas de delincuencia. Una jurisdicción registró una disminución en la tasa de delincuencia; dos, un aumento; y otra permaneció sin cambios.
Las narrativas que intentan asociar a las personas inmigrantes con el peligro y la criminalidad no son nada nuevas. Adquieren prominencia en el discurso público de un modo cíclico, principalmente tras oleadas inmigratorias. A las olas de inmigrantes de nuevos grupos —a lo largo de la historia: irlandeses, católicos, judíos, italianos, mexicanos, japoneses, chinos y alemanes—, suele seguirle la fuerte réplica de asociarlos a un mayor delito y desorden público.
Este discurso de hace siglos tenía el objetivo principal de fomentar una política contemporánea de exclusión, no de abordar seriamente las causas verdaderas del delito.
Un informe de 1931 de la entonces Comisión Nacional de Ley y Orden Público (National Commission of Law and Enforcement) lo reconoció: “La teoría de que la inmigración es responsable de la delincuencia, de que la más reciente ‘ola de inmigración’, cualquiera sea su nacionalidad, es menos deseable que las anteriores, de que todos los recién llegados deberían tratarse con una actitud de sospecha es una teoría casi tan vieja como las colonias plantadas por los ingleses en la costa de Nueva Inglaterra”.
Perpetuar este mito hoy en día puede ser contraproducente para la seguridad pública, en particular cuando quienes toman las decisiones adoptan políticas que afectan a comunidades enteras. Estas políticas podrían fragmentar las comunidades, por ejemplo, quebrando millones de hogares con integrantes que tienen distintas condiciones de ciudadanía.
También pueden perjudicar las relaciones entre la comunidad y la policía, porque incrementan el riesgo de que las medidas policiales inmigratorias punitivas aumenten el miedo de las personas inmigrantes a la policía y su reticencia a denunciar delitos.
Hacer generalizaciones excesivas sobre todas las personas inmigratorias puede perpetuar estereotipos dañinos que fomentan la hostilidad hacia sus comunidades. A su vez, esto puede tener un impacto negativo sobre la capacidad de la policía de llevar a cabo sus investigaciones y, a fin de cuentas, penalizar a los autores de delitos; mucha gente puede no denunciar delitos a la policía o no cooperar con una investigación o un proceso penal porque no confían en la policía o temen ser víctimas de represalias por su condición inmigratoria.
También puede quitar el mérito al esfuerzo de resolver los motivos por los que algunas personas cometen delitos, ya sean condiciones económicas, problemas de salud conductual o pobreza.
A fin de cuentas, los factores que impulsan las tasas de delincuencia son extraordinariamente complejos y raramente pueden reducirse a una sola causa. Quienes elaboran nuestras políticas no deberían culpar a todo el grupo de inmigrantes por una mayor criminalidad, cuando los datos no confirman ese argumento. Hacerlo entorpecerá el desarrollo de políticas efectivas de prevención de delitos que puedan ayudarnos a tener comunidades más seguras para toda la población.
Traducción de Ana Lis Salotti.
