Después de la acusación penal sin precedentes que se le ha realizado al expresidente Donald Trump, ya se están pronosticando fuertes implicaciones políticas para lo que se prevé que será una campaña presidencial muy reñida durante las elecciones primarias. Sin embargo, esta acusación trae otra consecuencia muy diferente pero igualmente importante que se ha pasado por alto: sus repercusiones sobre los funcionarios electorales.
Durante casi estos dos años y medio que han pasado desde las elecciones de 2020, Trump y sus aliados han presionado a las autoridades electorales de todo el país para cambiar los resultados de las elecciones de forma ilegítima, afirmando alegaciones falsas, desacreditadas y hasta inverosímiles como, por ejemplo, que se cambiaron votos por medio de unos termostatos de China y se destruyeron boletas durante un incendio en una granja de gallinas.
Sin embargo, casi no ha habido consecuencias legales por estos hechos. Después de esta campaña muy larga y divulgada, que ha incluido falsas alegaciones contra determinadas autoridades electorales, amenazas de muerte y hasta la reubicación de emergencia de las familias de algunos funcionarios, varias autoridades electorales han llegado a la conclusión lógica de que la ley no alcanza para protegerlos ni impedir una interferencia política viciosa; y esta es la nueva norma.
De acuerdo con una encuesta realizada el año pasado, al 52 por ciento de las autoridades electorales “no les preocupaba en absoluto” la posibilidad de interferencia política antes de las elecciones de 2020, y solo el 13 por ciento indicó estar “muy preocupado”.
Sin embargo, después de los esfuerzos públicos de Trump de interferir con los resultados de las elecciones de 2020 —tales como la conversación telefónica grabada en la que presionó al secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que le “encuentre 11,780 votos”, que le habría dado a Trumpuna victoria en Georgia por tan solo 1 voto—,el porcentaje de autoridades electorales que ahora están “muy preocupadas” por la posibilidad de interferencia política en elecciones futuras casi se triplicó y aumentó al 36 por ciento.
Por otro lado, el porcentaje de autoridades electorales que “no están para nada preocupadas” cayó estrepitosamente al 14 por ciento. Es lógico, entonces, que una de cada cinco personas seguramente termine abandonando su puesto en la administración electoral antes delas elecciones presidenciales de 2024.
Como buena noticia, proteger nuestras elecciones y a nuestras autoridades electorales contra cualquier interferencia política no es una tarea complicada. Solo hay que responsabilizar a aquellas personas que violan las leyes federales y estatales existentes que prohíben la manipulación de resultados electorales.
La ley federal es muy clara: cualquier persona que “a sabiendas y a propósito... intenta privarles o despojarles a los residentes de un estado de un proceso electoral justo e imparcial mediante... [un] cómputo de votos que esa persona sabe que es sustancialmente falso, ficticio o fraudulento” será culpable de un delito mayor.
En 2017, el Departamento de Justicia resumió esta prohibición de la siguiente forma: “En términos simples, un fraude electoral es toda conducta que busque corromper... el proceso mediante el cual se computan o certifican los resultados electorales”.
La ley federal estipula medidas de protección adicionales contra cualquier esfuerzo de intervenir en una elección presidencial y clasifica como delito mayor todo intento de intimidar o “convencer de manera corrupta” a otra persona para que altere un registro que vaya a utilizarse en un "procedimiento oficial" (tal como en la certificación del Colegio Electoral por parte del Congreso).
Muchos estados, entre ellos Georgia, también tienen prohibiciones claras contra cualquier intento de presionar a una persona para interferir en una elección. Carolina del Norte, por ejemplo, considera ilícito que “una persona, mediante amenazas, coacción o de cualquier otra forma, intimide o trate de intimidar a cualquier juez presidente, juez electoral u otra autoridad electoral en su desempeño de funciones... durante la realización de cualquier elección o elección primaria”.
Si bien la ley es muy clara, solo puede proteger nuestras elecciones si se hace cumplir. Además, la falta de acciones judiciales contra las violaciones obvias y públicas de las leyes que prohíben la interferencia política incentiva a que se cometan más actos de corrupción electoral y acelera aún más el éxodo de autoridades electorales con experiencia en todo el país.
En resumen, enjuiciar a aquellas personas que utilizan su cargo político para intentar manipular los resultados de las elecciones es fundamental para garantizar la seguridad de las elecciones. La acusación formal de Trump sirve para poner de relieve que las leyes que protegen a las autoridades electorales no son insuficientes, simplemente hay que hacerlas cumplir.
Traducción de Ana Lis Salotti.
