Fiscales federales han notificado a Donald Trump que se le investiga por sus esfuerzos de anular las elecciones de 2020, lo que significa que Trump podría enfrentar pronto la tercera acusación delictiva desde marzo.
Si bien se desconocen los detalles exactos de los cargos posibles, la carta de notificación que recibió supuestamente menciona una ley de derechos civiles que se ha usado históricamente para proteger las elecciones contra interferencias. Es un recordatorio notable de los poderosos mecanismos legales que existen para combatir el peligro que representa el movimiento de negacionismo electoral que Trump desencadenó y sigue activo.
El fiscal especial Jack Smith investiga los presuntos actos de Trump antes del ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio, como presionar al vicepresidente Mike Pence para que obstruyera la certificación de la victoria de Joe Biden en 2020, presionar a funcionarios estatales y municipales para que cambiaran los resultados de las elecciones, y difundir informaciones falsas sobre los comicios.
No se han revelado los hechos que podrían servir de fundamento de una acusación, pero la carta de notificación supuestamente menciona varios estatutos federales que se podrían usar para acusar al expresidente. Entre ellos está la sección 241 del Título 18 del Código de los Estados Unidos (U.S. Code), ley que data de la época de la Reconstrucción.
La medida se aprobó inicialmente como parte de la Ley Enforcement Act de 1870, la primera de varias con ese nombre y también llamadas las leyes Ku Klux Klan. Su propósito era proteger los derechos que se acababan de reconocer en las enmiendas a la constitución 13, 14 y 15 contra incumplimiento por entidades como el Klan. Si bien su implementación por las cortes ha sido escasa durante muchas décadas, estas leyes siguen siendo fundamentales para la jurisprudencia de derechos civiles y se han vuelto a codificar en diversas secciones del Código de los Estados Unidos.
La sección 241, específicamente, penaliza las conspiraciones para “perjudicar, oprimir, amenazar o intimidar a cualquier persona” con el fin de impedir que ejerza un derecho constitucional libremente.
Es importante que la ley no exige que esta conspiración haya sido exitosa para que se considere un delito. Si bien se ha usado históricamente para encausar al Klan por impedir que los estadounidenses de raza negra ejerzan su derecho al voto, se ha aplicado durante más de un siglo a esfuerzos más extensos para interferir en elecciones.
En 1915, la Corte Suprema confirmó una acusación conforme a la sección 241 en U.S. v. Mosley, donde funcionarios electorales de un condado confabularon para excluir votos de un conteo final. El tribunal dictaminó que una artimaña de ese tipo, de ser comprobada, privaría a las personas de su derecho constitucional al voto, que no se limita a emitir una boleta sino también a que se cuente.
En el transcurso de los años, se ha usado la ley para combatir en las cortes diversos actos de conspiración a fin de interferir en las elecciones, entre ellos emitir votos falsos o sobornar a votantes.
Recientemente, en 2014, una alcaldesa que se volvió a postular al cargo en Kentucky fue declarada culpable bajo la sección 241 por forzar y sobornar a votantes a fin de asegurar su reelección. Se ha usado, además, para sancionar campañas de desinformación que tenían como propósito suprimir votos. Hace apenas cuatro meses, un influencer en las redes sociales fue condenado bajo el estatuto por engañar a la gente sobre cómo votar en las elecciones de 2016.
Un análisis del uso histórico y contemporáneo de la sección 241 deja en claro por qué tiene relevancia en el caso de Trump. Se le acusa de organizar un intento de anular los resultados de una elección presidencial, atentando así contra los derechos de millones de votantes.
Ayudó a provocar un ataque sin precedente contra la democracia y socavó la confianza del pueblo en formas que siguen poniendo en peligro a funcionarios electorales y propiciando legislación para restringir el voto.
Además, un aspecto poco mencionado de esta supuesta conspiración es que sedirigióa las boletas emitidas por votantes no blancos. Muchas de las objeciones legales y alegatos de fraude electoral de la campaña de Trump tras las elecciones de 2020 se centraron en invalidar votos en ciudades y condados con una gran población negra y latina, como Detroit, Filadelfia y el condado de Fulton en Georgia. Si bien se puede recurrir a la sección 241 con cualquier caso de privación de un derecho federal, este intento aparente por privar a comunidades no blancasdel derecho al voto evoca las razones por las que se aprobó la ley en primer lugar.
A su vez, la historia de la sección 241 destaca que la subversión electoral no es una amenaza nueva, y tenemos los recursos necesarios para contrarrestarla. Ante los continuos ataques contra las elecciones, es importante recordar este largo y exitoso legado deproteger la voluntad del pueblo y el proceso democrático.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
