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El procesamiento del fiscal especial Jack Smith en Washington, DC contra Donald Trump por su intento de revertir su derrota en las elecciones de 2020 arremete de nuevo. Tras meses de estar esperando que la Corte Suprema se declare sobre el argumento de inmunidad presidencial de Trump y luego tras semanas de lidiar con las repercusiones de la escandalosa decisión de otorgarles a expresidentes una fuerte protección contra el procesamiento penal por “acciones oficiales”, la jugada inicial de Smith consistió en volver ante el gran jurado con una acusación presentada a fines de agosto que sustituye a la anterior.
Los nuevos cargos eliminaron toda referencia a las interacciones de Trump con el personal del Departamento de Justicia, acciones que la Corte Suprema señalaron explícitamente que estaban dentro del alcance de una inmunidad esencial otorgada a los presidentes, lo cual significa que Trump no puede ser acusado por esas acciones.
La jueza Tanya Chutkan estableció un cronograma para las presentaciones judiciales y, el 26 de septiembre, Smith presentó su primer escrito sobre si alguno de los cargos de la acusación sustitutiva o la evidencia que quiere usar para probarlos quedaban prohibidos por las nuevas reglas de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial.
Smith argumentó que ni los cargos ni la evidencia estaban prohibidos. Cuando este expediente dejó de estar sellado y el escrito se divulgó públicamente una semana más tarde, Trump salió a las redes sociales a acusar al fiscal especial de estar jugando sucio y alegó que Smith había presentado su escrito en un momento estratégico para influenciar al electorado justo antes de las elecciones.
Trump lo catalogó de una “interferencia en las elecciones” y seguramente seguirá haciéndolo, ya que objeta la última decisión de la jueza Chutkan de liberar el expediente bajo sello y divulgar también los apéndices que acompañan al escrito de Smith.
Pero las alegaciones de Trump carecen de mérito. La jueza Chutkan oyó los argumentos de las dos partes y estableció el orden para la presentación de escritos para elaborar de una manera eficiente el expediente detallado de los hechos que la Corte Suprema le ordenó compilar. Trump ya había presentado su moción de desestimar el caso sobre la base de la inmunidad presidencial. Esa moción fue el tema de la apelación ante la Corte Suprema.
Ahora que el caso volvió al tribunal inferior, tiene sentido que Smith presente sus argumentos primero, para que luego Trump los responda. Y Trump no ofreció ninguna justificación por la demora adicional. Ahora que la jurisdicción volvió al tribunal de la jueza Chutkan después de la resolución de la Corte Suprema, era hora de ponerse manos a la obra de nuevo.
La postura de Smith es que la mayoría de la acusación trata sobre conductas no oficiales. Se trata del candidato Trump, no del presidente Trump. Si la jueza Chutkan concuerda, Smith podrá avanzar con esta parte del caso, porque la Corte Suprema declaró que las conductas personales no están protegidas por la inmunidad presidencial.
Smith tomó un curso totalmente diferente en cuanto a los cargos contra el vicepresidente Mike Pence. Argumentó que, si bien las comunicaciones entre Trump y Pence sí eran acciones oficiales, no eran del tipo de acciones esenciales que la Corte declaró como siempre inmunes. En cambio, alegó que entraban en la categoría de “otras” acciones oficiales que solo se presumen inmunes. Pero esta presunción puede ser revocada si el gobierno demuestra que la fiscalía no afectará el funcionamiento de la presidencia. Smith adujo que eso no ocurrirá en este caso. De hecho, no procesar judicialmente a un presidente que intenta aferrarse al poder corrompiendo a su vicepresidente para que sea parte de un complot parecería dañar a la presidencia mucho más que permitir continuar con dicho procesamiento.
Ahora que Smith ha dejado en claro su postura de que todo en la acusación sustitutiva es juego limpio, le corresponderá al equipo de Trump convencer a la jueza de que alguno de los cargos o la evidencia no obedece a las reglas sobre la inmunidad presidencial. Cualquiera pensaría que Trump se moriría de ganas de explicar por qué los argumentos de Smith son erróneos, pero no. En cambio, sus abogados le pidieron a la jueza Chutkan posponer la fecha para presentar su respuesta al 21 de noviembre, cuando había estado programada originalmente para octubre. También pidieron permiso para presentar una respuesta adicional, conocida como una contrarréplica, el 19 de diciembre. (Trump, como es la parte que solicitó desestimar el caso, tiene derecho a tener la última palabra en este asunto).
Al final, la jueza Chutkan le concedió al equipo de Trump parte de la prórroga, pero no toda y estableció el plazo para su respuesta para el 7 de noviembre, justo después de las elecciones. La respuesta de Smith debe llegar el 21 de noviembre. Y la contrarréplica de Trump, el último escrito de la secuencia, se debe presentar el 5 de diciembre. El asunto estará listo para que la jueza Chutkan lo decida en ese momento, a menos que considere necesario oír testimonios o alegatos orales.
Una secuencia irregular de presentación de escritos
Por lo general, cuando la parte imputada realiza una moción para desestimar la causa, ésta presenta el primer escrito. Si bien este es el orden habitual, en este caso, el gobierno solicitó hacerlo primero, y la jueza Chutkan decidió que había buenas razones para permitirlo. Este procedimiento irregular se convirtió en el punto focal de las críticas de Trump y su equipo. Pero los jueces de primera instancia tienen una amplia libertad para llevar adelante sus casos, y, dado que Trump sigue teniendo la oportunidad de presentar el último escrito, no hay ningún prejuicio concebible.
La Corte Suprema devolvió el caso a la jueza Chutkan con la directiva de elaborar un expediente detallado de los hechos y formular su dictamen sobre el asunto de la inmunidad. Sus decisiones serán el tema de otra ronda de revisión de apelaciones antes de que el caso pueda llegar al juicio. La jueza Chutkan prefirió la eficiencia de que Trump pudiera responder a los argumentos de Smith. Si Trump hubiera sido primero, simplemente habría estado adivinando la postura de Smith. Y el gobierno había dejado en claro que prefería lidiar con todos los argumentos sobre la inmunidad de un solo golpe, para que hubiera una sola ronda más de apelaciones y no un proceso fraccionado interminable.
Trump también se quejó de que la jueza le permitió a Smith presentar un escrito considerablemente más largo de lo habitual. Este argumento no es convincente. El expediente exhaustivo de los hechos que pidió la Corte Suprema significa que Smith debe cubrir metódicamente todos los cargos del caso y toda la evidencia que usará para probarlos. Si hubiera sido menos minucioso, Trump probablemente habría objetado con vehemencia la inclusión de cualquier cosa que no hubiera presentado hasta ese momento. La Corte Suprema le encomendó una tarea a la jueza Chutkan, y tanto ella como Smith están esforzándose por cumplirla. La jueza le dio a Trump el mismo número de páginas para su respuesta, 180, que la que le autorizó a Smith en su escrito.
La jueza está tratando de hacer lo que la Corte le ordenó de la forma más eficiente posible. Esto puede ir en contra del deseo de Trump de demorar el caso hasta el infinito, pero no hay ningún defecto sustantivo en el proceso que está usando la jueza Chutkan. De hecho, a la mayoría de los imputados les encantaría tener ya preparado todo el argumento de la fiscalía, como lo hizo Smith con Trump en su escrito, además de un amplio período para responder.
Las alegaciones de interferencia electoral
En cambio, Trump está clasificando el escrito del fiscal especial como una interferencia electoral y acusando a Smith de tratar de influenciar al electorado al presentar la evidencia y los cargos del caso, tal como lo ordenó la Corte Suprema. Esto no tiene mucho sentido. El pueblo estadounidense vio cómo Trump intentaba interferir con los resultados de las elecciones, y hasta el mismo Trump ha comentado sobre su accionar más de una vez. Si bien puede haber más datos específicos en el escrito de Smith, lo básico se conoce muy bien, y Trump tiene un megáfono público enorme que no ha dudado en usar para responder a las alegaciones en su contra y acusar al fiscal especial de conducta indebida.
El Departamento de Justicia cuenta con una política interna, una regla llamada de 60 días, que consiste en el requisito implícito de que las fiscalías deben evitar hacer algo que podría afectar una elección. Se entiende que esta regla busca evitar una acusación, orden de allanamiento o declaración pública sorpresa justo antes de una elección, de ser posible. Si ocurre algo así, el público podría suponer lo peor y condenar a un candidato o candidata sobre la base de especulaciones y rumores, lo cual le podría costar una elección antes de pudieran responder a la justicia.
En este caso, Smith presentó un escrito como respuesta a una fecha ordenada por el tribunal. Ese solo hecho lo descalifica como el tipo de conductas que la regla busca evitar: acciones voluntarias realizadas por una fiscalía. Pero, más allá de eso, la gente ya conoce bien las acciones de Trump a grandes rasgos, y es muy improbable que surjan nuevos detalles que puedan influenciar las elecciones. El comité de la Cámara de Representantes encargado de investigar el ataque del 6 de enero ya prestó testimonio sobre las acciones del expresidente, y Trump las ha reiterado en numerosos actos políticos y frecuentes publicaciones de redes sociales.
Es ridículo sugerir que Smith hubiera presentado su escrito en el momento más conveniente para interferir con las elecciones, cuando lo presentó después de una larga demora por apelaciones sobre la que no tuvo ningún control. Si lo hubiera hecho como dicen, Smith eligió el peor medio, ya que un escrito de 165 páginas lleno de argumentos legales densos no está hecho exactamente para el consumo masivo del público. De cualquier modo, esta no fue su intención. La Corte Suprema le devolvió el caso a la jueza Chutkan con la orden de seguir adelante y sin ninguna indicación de que consideraba una demora para las elecciones. Las quejas de Trump sobre el proceso son tan solo otra manifestación de su estrategia judicial habitual: la demora.
La jueza ahora debe determinar cuáles de los cargos y evidencia, si los hubiera, no están permitidos por las reglas sobre la inmunidad presidencial, antes de que la causa pueda seguir adelante. La queja de Trump sobre la forma en que lo está haciendo se resume a lo siguiente: su queja está diseñada para evitar que la causa avance. Esa es la objeción real; su equipo no quiere que la causa siga adelante. Se están quejando de que Trump tendrá que responder a la justicia en manos de una jueza y un jurado y están tratando de evitar que eso ocurra. Pero esa no es una queja legítima. Ningún imputado tiene el derecho a posponer su juicio para siempre simplemente porque quiere. Como ex fiscal general adjunta, Sally Yates afirmó en un discurso de 2016: “Nuestro trabajo consiste en buscar justicia… buscar justicia en todos y cada uno de los casos”. Eso sigue siendo verdad aun cuando el imputado es Donald Trump.
Traducción de Ana Lis Salotti.
