Siempre nos pareció que las demoras que causaba la Corte Suprema eran lo peor que podía hacer la Corte en la alegación de inmunidad de procesamiento penal que plantea Donald Trump. Qué inocentes.
Claro que habrá demoras. Los seis magistrados nombrados por presidentes republicanos que componen la supermayoría de la Corte Suprema decidieron: “Todo expresidente tiene derecho a la inmunidad absoluta de procesamiento penal por actos realizados dentro de la ‘autoridad conclusiva y preclusiva que le otorga la Constitución’”.
Y agregaron: “No hay inmunidad por actos no oficiales”.
En lugar de aclarar que intentar desbaratar el traspaso de poder pacífico y constitucional no se considera un acto oficial, los magistrados enviaron el caso de vuelta a la jueza de primera instancia Tanya Chutkan. Ahora vendrán más deliberaciones, más análisis, más dictámenes, más apelaciones. Probablemente todo termine volviendo a la Corte Suprema dentro de un año, si es que no se cancela por completo todo el procesamiento penal.
Pero los daños a nuestro sistema van más allá de las demoras. La causa Trump v. U.S. asombra por sus implicaciones. Le da al presidente el poder de un monarca.
Richard Nixon justificó su conducta en el escándalo Watergate cuando le dijo en una entrevista a David Frost: “Si el presidente lo hace, significa que no es ilegal”. Ahora, la supermayoría de la Corte Suprema efectivamente ha consagrado tan descarada alegación.
Claro que existen motivos para sentir nerviosismo cuando se procesa penalmente a un presidente, así que es lógico tener ciertas normas. Pero, en este caso, la Corte ha publicado un manual de instrucciones para presidentes sobre cómo quebrantar la ley: asegúrese de conspirar únicamente con otros empleados del gobierno. Así, nunca tendrá que rendir cuentas por lo que hizo.
¿Qué hace que algo sea un acto oficial? “Para diferenciar una conducta oficial de otra no oficial, los tribunales no pueden investigar los motivos del presidente”, dictaminaron los magistrados. Y un jurado no puede conocer las otras partes de una conspiración delictiva que puedan involucrar actos oficiales.
La magistrada Amy Coney Barrett no se mostró de acuerdo con este último punto importante. Barrett señaló que los jurados, por supuesto, pueden considerar el contexto de un acto delictivo.
Ni el magistrado Samuel Alito (que hizo ondear banderas de la insurrección en sus dos viviendas) ni el magistrado Clarence Thomas (cuya esposa se encontraba en el Ellipse el 6 de enero) se recusaron. Es más, emitieron los votos decisivos para evitar que un jurado pueda conocer la historia completa detrás del intento de derrocamiento de nuestra Constitución.
Los fundadores de nuestra nación afirmaron en repetidas ocasiones que los presidentes no tienen ninguna inmunidad especial, tal como lo puso de manifiesto un escrito presentado por el Brennan Center en nombre de prominentes historiadores. Después de todo, ese fue uno de los aspectos de la monarquía británica que odiaban y contra los que se rebelaron.
De un modo más directo, este dictamen desarma las restricciones que han impuesto contra el abuso de poder presidencial numerosos funcionarios y juristas de los dos partidos políticos desde la década de 1970.
El término “presidencia imperial” describió una época de una amplísima facultad del poder ejecutivo y un gran abuso del poder. Llegó a un estrepitoso final durante el escándalo Watergate y después de las revelaciones sobre el mal uso de las operaciones de inteligencia y las fuerzas del orden público que hicieron los predecesores de Nixon.
La inmunidad presidencial que hoy se tramó por la Corte Suprema habría glorificado la mayoría de los delitos de Nixon. Nixon le ordenó a su abogado de la Casa Blanca, en una reunión que mantuvo en la Oficina Oval el 21 de marzo de 1973, que les pagara un soborno a los ladrones del Watergate. ¿Se consideraría este un presunto acto oficial?
Barajó la idea de otorgarle clemencia a E. Howard Hunt, uno de los conspiradores. Este uso de la facultad de otorgar un indulto… ¿sería totalmente inmune?
Nixon renunció a la presidencia cuando una grabación reveló que había ordenado a la CIA que le pidiera al FBI que cerrara la investigación de los ladrones que había enviado su propio comité de campaña. “Hazte el duro”, le dijo a su jefe de gabinete de la Casa Blanca.
A primera vista, oficial.
¿Y qué pasa con las otras causas penales contra altos funcionarios? En el escándalo Irán-Contra a finales de la década de 1980, numerosos funcionarios fueron acusados (entre ellos, el asesor de seguridad nacional y el secretario de defensa). Ronald Reagan no enfrentó acusaciones, pero no porque se hubiera presumido inmune.
¿Qué habría pasado si realmente hubiera quebrantado la ley? ¿Se habría salvado de rendir cuentas ante la justicia? En 2001, una fiscalía federal investigó si Bill Clinton había vendido indultos. Lo absolvieron, pero otorgar un indulto es ciertamente un acto oficial.
En su opinión disidente, la magistrada Sonia Sotomayor lo dijo muy claro: “Según esta regla [de la mayoría], cualquier uso del poder oficial para cualquier propósito, incluso el propósito más corrupto señalado por pruebas objetivas que demuestren los motivos e intenciones más corruptas, se considera un acto oficial y, por lo tanto, inmune. Según la prueba de la mayoría, si es que se la puede llamar una prueba, la categoría de una acción presidencial que puede considerarse “no oficial” está destinada a ser ínfimamente pequeña”.
De modo que sí, todo esto demorará el juicio contra Trump. En este sentido, Trump logró lo que tanto deseaba.
Pero las implicaciones son mucho peores para la estructura de autogobierno estadounidense.
Es un fracaso enorme para el presidente de la Corte, el magistrado John Roberts. Los otros dictámenes principales sobre la rendición de cuentas de un presidente por un acto ilegítimo han sido unánimes.
La decisión del caso U.S. v. Nixon (que limitó los privilegios del poder ejecutivo) fue redactada por el magistrado republicano presidente de la Corte que Nixon había nombrado, y fue unánime.
La causa Jones v. Clinton (que permitió la posibilidad de llevar a un presidente a un juicio civil, incluso mientras ocupa la presidencia) tuvo una resolución unánime. Supongamos que Roberts sea un institucionalista. Está presidiendo el colapso de la confianza del público en la misma institución que él procura venerar.
Además, el caso Trump v. U.S. tiene enormes implicaciones para el futuro de la presidencia.
¿Se acuerdan de ese caso hipotético completamente chiflado presentado en el alegato del tribunal de apelaciones, es decir, que un presidente podría ordenar al Equipo SEAL 6 que asesine a un oponente?
Sotomayor, otra vez: “Hipotéticamente, un presidente que admita haber ordenado el asesinato de sus rivales políticos o sus críticos… tiene buenas probabilidades de conseguir inmunidad según este nuevo modelo de rendición de cuentas presidenciales de la mayoría”.
Esperábamos oír un discurso rimbombante de parte de la mayoría que dijera que “el presidente no está por encima de la ley”, y sí lo oímos. Pero fueron puros clichés grandilocuentes.
Justo antes del Día de la Independencia, la Corte Suprema nos acerca otra vez a la época en que nos gobernaba un rey.
Traducción de Ana Lis Salotti
