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- Desde la perspectiva de la industria financiera y sus aliados, algunos de los cuales han expresado abiertamente su desprecio por la CFPB, las actividades de protección al consumidor que realiza esta agencia imponen costos inaceptables para sus negocios.
- Más allá de las ideologías, algunos de los principales donantes en las elecciones a favor de Trump tienen motivos más prácticos para querer inhabilitar o eliminar a la CFPB.
El presidente Trump, durante su campaña, prometió ofrecer un alivio económico a la población trabajadora de los Estados Unidos y “bajar los precios” desde el primer día en el cargo. Su compañero de fórmula, JD Vance, se hizo conocido con un mensaje de populismo económico cuando escribió en su autobiografía de 2016 que la nación necesita a “un líder que no esté en los bolsillos de las grandes corporaciones, sino que responda a los trabajadores, ya sea que pertenezcan a sindicados o no”.
Por lo tanto, es llamativo que ahora la administración esté intentando cerrar la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), agencia federal encargada de proteger al consumidor del tipo de prácticas financieras engañosas y abusivas que provocaron la crisis financiera de 2008, en la que millones de estadounidenses perdieron sus hogares y los ahorros de toda la vida.
Entonces, surge la pregunta: ¿qué impulsa realmente el intento de cerrar la CFPB?
Desde la perspectiva de la industria financiera y sus aliados, algunos de los cuales han expresado abiertamente su desprecio por la CFPB, las actividades de protección al consumidor que realiza esta agencia imponen costos inaceptables para sus negocios. Muchos donantes de la industria de servicios financieros en general, incluidos los fondos de alto riesgo y bancos de inversión, gastaron cientos de millones de dólares para apoyar la candidatura presidencial de Trump, y ahora algunos ocupan prominentes cargos en la administración. Otros donantes de Trump, como el actual jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) Elon Musk, también han dejado en claro que ven a la CFPB como un impedimento para sus intereses comerciales.
La CFPB fue creada para proteger contra el tipo de prácticas de concesión de préstamos de alto riesgo que contribuyeron al colapso bursátil más importante desde la Gran Depresión. Durante la crisis de 2008, millones de estadounidenses perdieron sus casas debido a una ola de ejecuciones hipotecarias y, según un estudio, la cuarta parte de todas las familias estadounidenses perdió al menos el 75 por ciento de su patrimonio.
Hoy en día, la CFPB tiene una amplia jurisdicción sobre los productos y servicios financieros dirigidos a los consumidores por bancos tradicionales y cooperativas de ahorro y crédito, prestamistas hipotecarios, agencias de informes de crédito, cobradores de deudas, compañías de préstamos estudiantiles y para automóviles, y servicios de transferencia de dinero.
Desde su creación, la CFPB se ha desempeñado como un organismo regulador muy activo, investigando quejas presentadas por los consumidores, creando nuevas reglas para garantizar una mayor transparencia y prevenir prácticas fraudulentas y depredadoras, multando a compañías por infracciones, y ayudando a educar al público sobre temas financieros como las hipotecas y los puntajes de crédito. La agencia estima que ha devuelto casi $20 mil millones a los consumidores estadounidenses.
Pero los representantes de las industrias reguladas por la CFPB muchas veces se han irritado por sus intervenciones. Algunas de estas objeciones parecen ser ideológicas. Varios defensores de derechos conservadores han argumentado que la CFPB posee demasiado poder y la han culpado diciendo que las empresas son “acosadas, intimidadas y excesivamente controladas” por órganos reguladores demasiado impetuosos.
La firma de fondos de alto riesgo Elliott Management escribió una carta en 2017 a sus inversores en la que decía: “El sistema financiero debe estar libre de los dictados disfuncionales” de Dodd-Frank, la ley que hizo posible la creación de la CFPB. El capitalista de riesgo Marc Andreessen acusó a la agencia de “aterrorizar a las instituciones financieras”.
Más allá de las ideologías, algunos de los principales donantes en las elecciones a favor de Trump también tienen motivos más prácticos para querer inhabilitar o eliminar a la CFPB. Elon Musk fue el donante pro-Trump más importante después de haber donado al menos $270 millones a través de varias súper-PAC.
La compañía de autos eléctricos de Musk, Tesla, tiene una división de financiamiento que ofrece préstamos para comprar automóviles. Si bien la CFPB recibió cientos de quejas sobre sus prácticas de cobro de deudas y concesión de préstamos, las investigaciones aún pendientes no se reanudarán debido a la orden de la actual administración de suspender todas sus actividades de supervisión. La CFPB también habría evaluado la nueva iniciativa de Musk de integrar un sistema de pagos entre pares a su plataforma de redes sociales X.
Musk no es el único en absoluto. El presidente de Elliott Management, Paul Singer, que donó $7.5 millones para la reelección de Trump, ha invertido mucho dinero en compañías financieras reguladas por la CFPB, incluida una contra la que existen más de 5,000 quejas de consumidores en la base de datos de la agencia.
Una firma presidida por Andreessen y Benjamin Horowitz, quienes donaron juntos $7 millones a varias súper-PAC a favor de Trump, invirtió en una compañía de préstamos de día de pago llamada LendUp, a la que la CFPB impuso multas de decenas de millones de dólares por prácticas depredadoras de concesión de préstamos.
Warren Stephens, donante de $3 millones a favor de Trump y propietario del banco de inversiones Stephens Inc, tenía una importante participación en otra compañía de préstamos de día de pago, Integrity Advance, que fue enjuiciada por la CFPB en 2015 por prácticas abusivas de concesión de préstamos y multada con millones de dólares.
La oposición de la administración contra la CFPB se basa en las afirmaciones de que es una agencia “demasiado progresista y politizada” que les saca dinero a las instituciones financieras para “respaldar a grupos radicales de defensa de derechos”.
Esta posición proviene directamente del plan de políticas conservadoras conocido como el Proyecto 2025, que fue redactado en parte por Russell Vought, el actual director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de Trump y director interino de la CFPB.
La posición de la Casa Blanca parece basarse en alegaciones no comprobadas de que quienes reciben unos pequeños subsidios para apoyar actividades de educación financiera comunitaria son grupos “radicales”. Pero, aun si hubiera algo de verdad en esta narrativa, resulta difícil comprender cómo estas alegaciones justifican el cierre definitivo de la CFPB.
De hecho, varias de las prioridades anunciadas por el presidente, como imponer un límite en el interés de las tarjetas de crédito y tomar medidas enérgicas contra la práctica de la cancelación arbitraria de cuentas bancarias, coinciden perfectamente con la misión de la CFPB. Tampoco el costo de la agencia, que es de tan solo $750 millones al año, tiene un impacto significativo sobre el presupuesto federal.
La fórmula Trump-Vance realizó su campaña presidencial sobre la promesa de romper con la ortodoxia económica suscrita por los megadonantes históricos del partido republicano. Pero, por ahora, parece ser la ortodoxia la que se está imponiendo.
Traducción de Ana Lis Salotti.
