El presidente Trump dijo que iba a acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento el primer día de su segundo mandato. La orden ejecutiva de Trump es inconstitucional y contradice directamente el lenguaje claro de la Decimocuarta Enmienda y más de un siglo de jurisprudencia de la Corte Suprema.
Será disputada de inmediato, y sus probabilidades de sobrevivir a esas disputas judiciales son escasas, aún ante una Corte Suprema acomodada con magistrados conservadores y nombrados por Trump.
Antes de evaluar los méritos legales de los argumentos constitucionales en contra de la orden ejecutiva de Trump, vale la pena hacer una pausa para recalcar el descaro de lo que acaba de hacer. Cada presidente que asume al poder jura defender la Constitución. Tan solo unos minutos después de su juramento, el presidente Trump violó su juramento y lo hizo con total flagrancia.
Volviendo a la historia y al texto de la Decimocuarta Enmienda: antes de que se ratificara la enmienda, Estados Unidos tenía un sistema de clases racializadas en el que a las personas esclavas se les negaban los derechos más básicos concedidos por los documentos de nuestra fundación. La Corte Suprema selló este sistema con su infame decisión en el caso Dred Scott, que establecía que las personas esclavas y sus hijos nunca podían ser ciudadanos.
Se desató la Guerra Civil para ponerle fin a esta situación. Y, como condición de su reingreso a la Unión, los estados antes esclavistas tuvieron que aceptar los principios consagrados en la Decimocuarta Enmienda. Entre ellos, la afirmación clara y llana de quiénes son ciudadanos: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.
Dicho de otro modo, si naciste aquí, eres ciudadano. No importa quiénes son tus padres, si eran libres o esclavos, ciudadanos estadounidenses o no: tú eres ciudadano estadounidense. No hay ninguna otra forma de interpretar esa oración.
La Corte Suprema confirmó esta interpretación hace casi 130 años en una causa de 1898 llamada United States v. Wong Kim Ark. El demandante del caso, Wong Kim Ark, había nacido en San Francisco en 1873. De adulto, salió del país para visitar a sus padres de nacionalidad china en su país de origen. Pero, cuando regresó, el gobierno le negó la entrada a los Estados Unidos porque disputó su condición de ciudadano estadounidense.
Tras citar los principios que se remontan a la ley inglesa del siglo 17 y el lenguaje claro de la Decimocuarta Enmienda, la Corte Suprema reconoció que el derecho a la ciudadanía por nacimiento es “histórico y fundamental”. Desde entonces, la Corte continuó avalando esta interpretación, por ejemplo, en el caso de 1982 Plyler v. Doe, que confirmó que los inmigrantes indocumentados y sus hijos tienen derecho a recibir todas las protecciones de la Decimocuarta Enmienda.
La orden de Trump sostiene —como han sostenido desde hace años otros que se oponen a la ciudadanía por nacimiento— que los hijos de inmigrantes indocumentados no pueden ser ciudadanos, porque supuestamente no están “sujetos a la jurisdicción” de los Estados Unidos. Eso es ridículo.
Las personas inmigrantes indocumentadas y sus hijos deben cumplir con las mismas leyes que el resto de la población que vive sobre suelo estadounidense, entre ellas, la obligación de pagar impuestos. (A diferencia de lo que ocurre con el principal ejemplo de personas que no están sujetas a la jurisdicción del gobierno federal: diplomáticos extranjeros).
Es lógico preguntarse si la actual Corte Suprema desafiará a Trump en torno a un tema sobre el que él hizo campaña con tanta agresión. Es indudablemente verdad que los magistrados han amoldado la jurisprudencia estadounidense de modos novedosos para evitar conflictos directos con Trump. Pero confirmar el derecho a la ciudadanía por nacimiento no requiere ningún logro inaudito de jurisprudencia progresiva.
Basta con mirar la Corte que decidió el caso Wong Kim Ark. Dos años antes, habían publicado la decisión de la causa Plessy v. Ferguson, uno de los dictámenes más notoriamente racistas de la historia de EE. UU. Hasta esos magistrados —que creían en el régimen dual de relaciones racistas de “separados pero iguales” que gobernó los Estados Unidos por generaciones— no pudieron encontrar una forma sincera de reinterpretar el lenguaje simple y claro de la Decimocuarta Enmienda. Ese precedente acechará —con razón y gran amenaza— sobre cualquier paso que tome la Corte.
Cuando ratificamos la Decimocuarta Enmienda, rechazamos la idea de que algunas personas nacidas aquí son menos que otras ante los ojos de la ley. Hoy volvemos a rechazar esa idea. Lo decimos a viva voz —para que todo el mundo lo oiga—, porque proteger nuestra Constitución exige que todos hagamos oír nuestra voz y nos comportemos como una nación que aún tiene una constitución. Más allá de qué tipo de órdenes puedan salir del despacho del presidente.
