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En enero de 2021, la bandera boca abajo de Estados Unidos se volvió un símbolo del esfuerzo de Donald Trump por bloquear la transferencia pacífica del poder. Insurgentes armados la llevaron cargada el 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos. Once días más tarde, incluso mientras miembros de la Guardia Nacional seguían protegiendo el Capitolio y el propio edificio de la Corte Suprema, el juez Samuel Alito izó la bandera de los insurgentes frente a su casa en Virginia.
Esto fue más que un acto de partidismo indiscreto, algo que, de por sí, habría sido preocupante. Ha sucedido anteriormente, desde el respaldo que Sandra Day O’Connor ofreció a George W. Bush hasta las burlas de Ruth Bader Ginsburg respecto a Trump. Los jueces son humanos y a veces se equivocan.
No, este no fue un error. Fue un alto funcionario del gobierno que izó la bandera de un movimiento insurgente violento dedicado a anular un principio constitucional básico. En ese momento, había muchos casos ante la Corte en que los jueces hicieron caso omiso de las afirmaciones falsas de Trump sobre robo electoral.
Durante tan solo este período, se han presentado argumentos en tres casos importantes que tratan directamente sobre la conducta indebida que caracterizó la campaña “Alto al robo” (Stop the Steal).
Alito ya se sumó a la mayoría para rechazar el esfuerzo por Colorado de dejar a Trump fuera de la boleta porque participó en una insurrección. El tribunal está considerando una impugnación legal al uso del derecho penal federal que invalidaría las condenas de culpa de 350 insurgentes que atacaron el Capitolio.
Ante este tipo de audacia, ¿qué se debe hacer?
Para empezar, el Congreso debe, de una vez por todas, aprobar un código de conducta obligatorio para los jueces. El actual código, que la Corte anunció en noviembre, es impreciso e ineficaz. Siempre fue un intento de impedir que el Congreso tomara medidas al respecto.
El año pasado, Alito le dijo al Wall Street Journal, “Sé que esta es una opinión controversial, pero estoy dispuesto a decirlo. Ninguna disposición en la Constitución le da [al Congreso] la autoridad para regular a la Corte Suprema y punto”. Es absurdo. Como mis colegas Jennifer Ahearn y Michael Milov-Cordoba documentaron recientemente en un oportuno artículo de una revista legal, el Congreso tiene el importante papel de velar por una conducta ética de la Corte Suprema.
El Congreso puede aumentar y reducir las dimensiones de la Corte, y lo ha hecho repetidamente. Puede cambiar la jurisdicción de la Corte. Ha impuesto normas de recusación y trasparencia financiera. El Congreso incluso escribió el primer juramento obligatorio de los jueces en 1789.
Como la jueza Elena Kagan respondió el año pasado sabiamente, “Simplemente no es posible que la corte sea la única institución que, por algún motivo, no está sujeta a un sistema de controles y contrapartes de nadie. No somos imperiales”.
El Congreso también puede exigir que Alito responda preguntas bajo juramento, en vez de esconderse tras comunicados de prensa incompletos (y su esposa). Quizá pueda hacer más.
Y como ya hemos dicho, es hora de limitar el período de mandatos de la Corte Suprema. En respuesta al escándalo más reciente, Alito se ha encogido de hombros. Esta es una demonstración impactante del peligroso envalentonamiento que causa el poder vitalicio. Nadie debe tener demasiado poder durante demasiado tiempo.
¿Y qué dice el presidente de la corte John Roberts?
Con frecuencia se presenta a sí mismo como un institucionalista que trata de velar por la credibilidad de la corte. Sabe que el nivel de aprobación por el público del tribunal supremo se ha desplomado a prácticamente su nivel más bajo en la historia de las encuestas.
Eso va más allá de una reacción a Dobbs y otros dictámenes activistas; refleja extensa consternación pública por lo que se ha convertido en una institución partidista.
A fin de cuentas, si alguien se otorga poderes tan amplios, el tema se debe incorporar al diálogo nacional en nuestras elecciones nacionales. ¿Qué dice el presidente Biden? Parece renuente a comentar porque se aferra a la reverencia anticuada que muchos liberales todavía tienen por la corte como institución.
Pero como los conservadores nos enseñan desde hace décadas, es muy apropiado que la Corte Suprema, sus actos y su impacto sean parte importante de un debate público.
El Código sobre la Bandera de Estados Unidos indica que no se debe izar boca abajo “excepto como señal de que corre peligro urgente la vida o propiedad”. Hoy en día, es el sistema constitucional el que está bajo peligro urgente pero no de la manera que creen Alito y sus aliados.
Si Alito no hace lo mínimo voluntariamente por proteger nuestra democracia, las otras ramas del gobierno con poderes equivalentes deben hacer todo lo posible para forzarlo a hacerlo.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
