Démosle la bienvenida a la Resistencia Masiva, versión 2023.
En junio el electorado de raza negra en Alabama logró una victoria importante en la Corte Suprema federal. La Corte determinó que los legisladores republicanos violaron la Ley de Derecho al Voto cuando volvieron a trazar el mapa congresual del estado después del censo de 2020, porque no crearon un segundo distrito de mayoría negra.
El dictamen fue una grata noticia: en los últimos años, la mayoría de las causas de la Corte Suprema sobre el derecho al voto no ha favorecido a la defensa de estos derechos. De hecho, este verano se cumplen diez años de la decisión infame de la Corte en la causa Shelby County v. Holder, donde se aniquiló una disposición clave de la Ley de Derecho al Voto que les imponía a estados con una larga historia de discriminación un requisito adicional de escrutinio antes de aprobar nuevos planes de distribución de distritos electorales o cambiar sus leyes electorales.
Con estos antecedentes, la mayoría de las personas que observan y estudian las causas de la Corte Suprema se preparaban para lo peor, a medida que se acercaba la fecha de la decisión del caso de Alabama.
Sin embargo, la opinión judicial, con 5 votos a favor y 4 en contra, redactada por el presidente de la Corte, el magistrado John Roberts, no solo confirmó la decisión del tribunal inferior en contra de Alabama, sino que también lo hizo con fuerza y, así afianzó la jurisprudencia previa de la Corte en este sentido.
Si nos detuviéramos aquí, podríamos pensar que Alabama, después de recibir este fuerte escarmiento, enseguida se habría puesto a trazar de nuevo su mapa congresual y habría agregado un segundo distrito “en el que el electorado de raza negra represente o bien la mayoría de personas en edad de votar, o algo muy similar” (en palabras textuales de la opinión del tribunal inferior sobre lo que debía hacerse para arreglar el mapa).
Pero no fue así. En cambio, en una jugada parecida a la resistencia abierta y desafiante que Alabama opuso contra los dictámenes judiciales federales sobre la desegregación de la década de 1960, la legislatura del estado aprobó un mapa con un distrito de mayoría negra y otro —que supuestamente resolvía los problemas que señala la Corte— en el que el electorado de raza negra representa tan solo el 40 por ciento de la población del distrito.
El mapa nuevo fue promulgado y convertido en ley rápidamente tras la firma de la gobernadora Kay Ivey (R), quien dijo en una declaración que la legislatura conocía a “ nuestro estado, nuestra gente y nuestros distritos mejor que los tribunales federales o los grupos activistas”.
Bueno, desde ya alertamos que, en un estado donde el voto está tan racialmente polarizado como en Alabama, un distrito con solo el 40 por ciento de electorado de raza negra seguirá eligiendo al candidato republicano que prefiera la comunidad blanca una y otra vez. (Otro dato interesante: el fiscal general de Alabama, Edmund LaCour, quien representa al estado ante la justicia en el caso sobre este mapa, aparentemente también se desempeña como la persona encargada de trazar el mapa del estado).
La semana pasada, el tribunal inferior que supervisa el caso de Alabama realizó una audiencia para decidir si aprobaba el nuevo mapa del estado u ordenaba que un experto especial nombrado por la justicia volviera a delinearlo. Es casi inevitable que comience una nueva ronda de apelaciones contra la decisión de la Corte Suprema.
El desacato a los tribunales de justicia no solo ocurre en Alabama. En Luisiana, donde un tribunal federal también dictó que el estado debía crear otro distrito congresual de mayoría negra, la legislatura está tomando medidas para no tener que trazar el mapa otra vez, litigando el asunto debido a ciertas “dudas” sobre la constitucionalidad del dictamen del tribunal.
Entonces, ¿cuál es el objetivo final de Alabama y Luisiana?
En parte, es un objetivo político. Dado que en 2024 está en juego el control de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, los republicanos están luchando para conseguir hasta el último escaño mediante la manipulación de distritos.
Se ha informado en las noticias que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo haber llamado personalmente a algunos legisladores de Alabama para pedirles que no aprobaran un mapa legítimo. Además, es evidente que las autoridades electas republicanas y sus agentes no dejarán de atacar la Ley de Derecho al Voto ni abandonarán su visión de que la Constitución no acepta la distinción de razas o que la Constitución no distingue razas.
Hace diez años, en la causa Shelby County, el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Roberts, escribió: “Las cosas han cambiado en el sur del país”. En muchos aspectos es verdad. Pero, desafortunadamente, Alabama y Luisiana demuestran que algunas cosas no han cambiado nada.
Traducción de Ana Lis Salotti.
