Cuando estudiaba derecho, tuve la oportunidad de escuchar un discurso del magistrado William Brennan en la Facultad de Derecho de NYU. Para mi sorpresa, el feroz defensor de la Corte Suprema de los Estados Unidos no habló sobre las causas Baker vs. Carr, el New York Times vs. Sullivan ni ninguno de sus otros dictámenes majestuosos. Sino que habló sobre los tribunales y constituciones estatales. Dijo que estos eran los verdaderos “defensores de los derechos individuales” que todos daban por sentado y muy pocos valoraban. Por aquella época se sentía el primer ímpetu de la ola conservadora que iba a golpear a los tribunales federales, y el Dr. Brennan, que había sido juez de una corte suprema estatal, sabía cuánto poder y esperanza había latentes en nuestro sistema federalista.
Esta semana vimos en Ohio la puesta en práctica de la revelación del Dr. Brennan. La Corte Suprema de Ohio rechazó, por cuarta vez en un año, un mapa legislativo que había sido muy manipulado. Sí, leíste bien: lo rechazó cuatro veces.
La primera versión del mapa probablemente les habría dado a los republicanos una supermayoría en las dos cámaras de la legislatura con tan solo un 54 por ciento del voto popular del estado. La Corte sigue rechazando mapas, y una comisión controlada por políticos sigue presentando mapas manipulados que apenas modifica. Para tratar de asegurarse su victoria, el partido republicano ahora intenta destituir a la presidente de la Corte Suprema del estado (que también es republicana).
Sí, se trata de otra anécdota política frustrante del 2022. Pero veamos este caso más de cerca: lo importante aquí es que es la corte suprema de un estado, y no la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos, la que está luchando por lograr una democracia más justa.
Durante la última década, el gobierno federal ha abandonado su función de proteger el derecho al voto. La Corte Suprema Federal destripó la Ley de Derecho al Voto mediante una serie de dictámenes, entre los cuales figura la decisión Shelby County en 2013 como la más notoria. Luego en 2019, en la causa Rucho vs. Common Cause, la Corte Suprema afirmó que la manipulación partidista de distritos electorales era una mala práctica, de verdad, pero que los tribunales federales no podían hacer nada al respecto. De hecho, los magistrados prohibieron que las cortes federales siquiera pudieran admitir demandas de este tipo. El Congreso tiene la facultad para actuar y lo ha intentado con el proyecto de Ley Libertad de Voto John Lewis (Freedom to Vote: John Lewis Voting Rights Act). Pero ya todos sabemos en qué terminó.
La retirada del gobierno federal ha dejado un espacio vacío en el campo de los derechos electorales, y los estados están empezando a ocuparlo. Todos los estados, excepto uno, tienen protecciones explícitas más sólidas para el derecho al voto que lo que brinda la constitución nacional. Los tribunales estatales, muchos de los cuales solían interpretar sus disposiciones constitucionales sobre el derecho al voto según lo que diga la Corte Suprema que significa la constitución federal, ahora están encontrando su propia voz. Los tribunales de Carolina del Norte, Arizona, Maryland y Nueva York ya han rechazado mapas legislativos por haber tenido manipulaciones partidistas.
La ciudadanía también ha hecho aprobar iniciativas para restaurarles el derecho al voto a las personas encarceladas cuando salen en libertad, para crear comisiones independientes de distribución de distritos electorales y para prohibir la manipulación de distritos. Y ya hace cuatro años, el electorado de Míchigan, Colorado, Missouri y Utah hicieron aprobar reformas que mejoran la distribución de distritos.
De hecho, en Ohio fue una medida de ley incorporada en las boletas de voto la que fijó las normas que ahora la justicia está aplicando, en el marco de una demanda judicial que presentó el Brennan Center junto con otros actores.
Falta mucho para dar por terminada esta lucha. El gobierno estatal de Wisconsin, por ejemplo, sigue obstinado en manipular los mapas electorales para mantenerse en el poder. Y no sabemos cómo terminarán las cosas en Ohio. El partido republicano presentó un recurso de apelación ante los tribunales federales para pasar por alto a la corte suprema del estado, y la comisión de distribución de distritos sigue impenitente.
Sobre todo, cabe resaltar que no hay nada que reemplace a las medidas federales para proteger el derecho al voto y fortalecer la democracia. La Ley de Libertad de Voto prohíbe la manipulación de distritos en Ohio y en los otros cuarenta nueve estados. Pero si el Congreso no puede tomar medidas, entonces no nos queda otra opción que seguir luchando con otras estrategias. Los estados, sus tribunales y sus constituciones ofrecen una avenida prometedora.
