Los requisitos para que las personas en Florida que cumplieron condenas por delitos mayores puedan votar son sumamente complicados. Pero no hay forma de que las personas que aspiran a votar después de cumplir esas condenas se enteren de eso si simplemente miran la solicitud universal de inscripción de votantes del estado.
Es una omisión inaceptable que ha tenido y seguirá teniendo graves consecuencias para los residentes de todo el estado y que desobedece la ley federal. Por lo tanto, el Brennan Center y nuestros asesores legales hemos entablado una demanda a favor de grupos de participación cívica para forzar al estado a hacer cambios.
En Florida, los requisitos para que puedan votar las personas que cumplieron condenas por delitos mayores pueden variar según el delito, la pena y el tribunal. Determinar elegibilidad puede tomar un análisis detallado de documentos ya que depende del pago de ciertas deudas judiciales.
Por lo tanto, no es de sorprender que la solicitud haya confundido a algunas personas y que estas se hayan inscrito para votar a pesar de no cumplir los requisitos. Los resultados pueden ser trágicos, ya que el estado de Florida ha empezado a encausar a las personas en esta situación por fraude electoral a nivel de delito grave.
El año pasado, el gobernador Ron DeSantis (R) anunció que se habían presentado cargos contra 20 personas que supuestamente se inscribieron o votaron intencionalmente sin cumplir los requisitos necesarios, a pesar de que aparentemente estaban confundidas respecto a su elegibilidad. Algunas incluso fueron informadas por un funcionario del gobierno que podían votar.
Esto es preocupante para entidades que realizan campañas de inscripción de votantes, como la League of Women Voters of Florida y la Florida State Conference of Branches and Youth Units de la NAACP, porque no quieren entregarle a alguien una solicitud de inscripción de votantes y ponerlo en peligro de encausamiento futuro.
Por eso el Brennan Center representa tanto a la League of Women Voters of Florida como la NAACP de Florida en una demanda que exige que Florida corrija su solicitud. Nuestro equipo cuenta con asesores legales de American Civil Liberties Union, ACLU de Florida, Legal Defense Fund y la firma de abogados O’Melveny & Meyers.
La demanda señala que la falta de información sobre la solicitud de inscripción de votantes de Florida trasgrede la Ley Nacional de Registro de Votantes (National Voter Registration Act), también conocida como la Motor Voter Act. La ley federal de 1993, promulgada a fin de asegurar que todos los estadounidenses que reúnen los requisitos para votar puedan inscribirse para hacerlo y participar en elecciones federales, exige que los estados “informen a los solicitantes. . . de [] los requisitos de elegibilidad de votantes”. También requiere que los formularios estatales de inscripción por correo especifiquen “cada requisito de elegibilidad”.
A pesar de ello, la solicitud de inscripción de votantes de Florida simplemente dice, “Si ha sido condenado de un delito mayor. . . no puede inscribirse para votar hasta que se restaure su derecho al voto”. También requiere que los solicitantes marquen un recuadro que dice, “Afirmo que no soy un convicto o, si lo soy, se ha restaurado mi derecho al voto”.
En enero enviamos una carta al secretario de Estado Cord Byrd exigiendo que haga que la solicitud de inscripción de votantes de Florida cumpla con la Ley Nacional de Registro de Votantes. Como esa ley exige, dimos al estado 90 días para corregir su solicitud de inscripción de votantes antes de entablar juicio, pero optaron por no hacer nada.
La inacción del estado continúa su larga historia de dificultar o hacer imposible que las personas con condenas voten. Antes de 2018, casi 1 de cada 4 personas privadas del derecho al voto en Estados Unidos vivía en Florida. Además, debido a la parcialidad en el sistema penal del estado, 1 de cada 5 adultos de raza negra en el estado no podía votar.
En noviembre de 2018, los residentes de Florida cambiaron esto al adoptar la Enmienda 4, una modificación a la constitución del estado que automáticamente restauró el derecho al voto de la mayoría de sus residentes que habían cumplido la pena debido a condenas por delitos mayores, excepto en el caso de asesinato o delito sexual grave.
Se tenía previsto que la enmienda restaurara el derecho al voto de hasta 1.4 millones de residentes de Florida. Pero tras su aprobación, la Legislatura de Florida y el gobernador limitaron el alcance de esta histórica medida de restauración del derecho al voto. Adoptaron una ley que requiere que se paguen ciertos tipos de deudas judiciales antes de que se restaure el derecho al voto. Este requisito de pagar para votar descalificó a cientos de miles de personas que les deben dinero a los tribunales pero no pueden pagarlo.
El estado adoptó este sistema antidemocrático a pesar de saber que ni siquiera hay una base de datos centralizada donde los votantes potenciales pueden averiguar si tienen deudas judiciales que los descalifican. A su vez, Florida ha promulgado leyes que dificultan que entidades no partidistas de participación cívica como la League of Women Voters of Florida y la NAACP de Florida inscriban a personas que cumplieron condenas y reúnen los requisitos para votar.
Y por supuesto, el estado ha empezado a trastornar la vida de decenas de residentes de Florida con condenas cumplidas al arrestarlos y encausarlos por inscribirse y votar a pesar de no reunir los requisitos, por más que creían de buena fe que podían votar.
Florida tiene mucho trabajo por hacer para solucionar los problemas de su sistema de restauración del derecho al voto. Pero dada la complejidad de sus requisitos de elegibilidad para votar y las graves consecuencias de cometer un error sin mala intención, lo menos que puede hacer es corregir su solicitud de inscripción de votantes. De hecho, las leyes federales lo requieren.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
