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En 2013, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió su dictamen en Shelby County v. Holder, que anuló la fórmula de la Ley del Derecho al Voto (Voting Rights Act) para determinar a cuáles estados y municipalidades se les debe exigir aprobación federal antes de hacer cambios a su política de votación.
Kareem Crayton, director sénior del derecho al voto y representación, reflexiona sobre los efectos nocivos del dictamen una década más tarde y maneras de mitigar el daño.
¿Qué pasó con la Ley del Derecho al Voto?
El presidente de la Corte Suprema John Roberts justificó debilitar la Ley del Derecho al Voto en el caso del condado de Shelby señalando logros en representación y participación por comunidades no blancas en todo el país.
Muchos de nosotros argumentamos que hacerlo era una apuesta imprudente y que, sin las medidas de protección que otorga la histórica ley electoral, la supresión electoral dirigida a dichas comunidades se aceleraría. Hay amplia evidencia de la última década de que estábamos en lo correcto.
Varios de los estados alguna vez sujetos a las normas de previa aprobación en la Ley del Derecho al Voto —que exigían que los estados con un patrón comprobado de discriminación obtuvieran permiso federal antes de cambiar las reglas de votación— han reducido o eliminado los aspectos que mejoraban la participación por minorías, como la inscripción el día de las elecciones y la votación temprana.
La primera ronda de cambios a los distritos electorales desde el caso de Shelby County ignoró los intereses de los crecientes grupos demográficos no blancos. Además, los dictámenes posteriores a Shelby County, como Brnovich v. Democratic National Committee, crearon obstáculos para que los demandantes probaran casos de trasgresión del derecho al voto o un mayor tiempo de espera para que entraran en vigor recursos eficaces.
¿Shelby County ha cambiado los patrones de votación?
El resultado más perturbador de Shelby County es la brecha en la participación de votantes blancos y no blancos en todo el país, que significa cientos de miles de voces ausentes del proceso democrático.
Dedicamos gran parte del año pasado a realizar una investigación innovadora sobre ese preciso tema. El investigador séniorKevin Morris compiló una base de datos con mil millones de datos.
Consideramos que es el conjunto más completo de registros de votantes en el país. Muestra que la brecha en la participación electoral entre las razas ha aumentado en todo el país desde 2013. Sin embargo, en jurisdicciones que antes requerían previa autorización, la brecha se ha incrementado dos veces más rápido. Esta conclusión indica firmemente que Shelby County empeoró las cosas en gran parte del país.
¿Cómo podemos mejorar las condiciones en la participación de votantes?
El Brennan Center viene promoviendo dos medidas cruciales de legislación federal para contrarrestar los efectos negativos de Shelby County.
La Ley para Promover el Derecho al Voto de John R. Lewis (John R. Lewis Voting Rights Advancement Act) incluye un sistema reconfigurado de supervisión y expande los mecanismos disponibles para que los abogados especializados en el derecho al voto defiendan el sufragio. La Ley de Libertad para Votar (Freedom to Vote Act), otra propuesta legislativa decisiva, está diseñada para combatir la manipulación de distritos electorales al crear un proceso mejor y más uniforme para delimitar los distritos que ayuda a asegurar que los intereses de los votantes –y no de los políticos– impulsen los resultados de las elecciones.
Estados en todo el país también formulan disposiciones locales del derecho al voto que pueden ayudar a evitar la toma de decisiones que, ya sea a propósito o no, nieguen a las comunidades minoritarias condiciones equitativas en la elección de representantes que responden a sus necesidades.
¿Y qué hay de 2024. . . Hay algo que podamos hacer ahora?
Debemos asegurarnos de tener un proceso de elecciones libres e imparciales que promueva la confianza del público. Para que suceda, tenemos que trabajar con los funcionarios electorales, votantes y legislaturas a fin de proteger tanto los recintos electorales como a las personas que emiten su voto.
Eso significa garantizar recintos accesibles y seguros, que los votantes y trabajadores electorales entiendan las normas y leyes correspondientes y, cuando sea necesario, hacer que las personas rindan cuentas cuando optan por interrumpir el funcionamiento seguro de este proceso.
¿Se siente optimista?
Para parafrasear a un colega que es abogado del derecho al voto: sin el sistema de previa autorización, nos esforzamos mucho y apenas logramos mantenernos a flote.
La falta de la sección 5 de la Ley del Derecho al Voto nos fuerza a dedicar nuestra energía a impedir que demos marcha atrás en vez de hacer que las leyes y la política avancen.
He dedicado mi carrera de estudio y activismo a asegurar que todos tengan el mismo acceso a la votación y que los votantes tengan la oportunidad de elegir candidatos y candidatas que van a representar los intereses de sus comunidades y responder a sus necesidades.
Incluso si lo vimos venir, no hay duda de que es sumamente frustrante ver que Shelby County ha aumentado la brecha de participación electoral entre las razas. Pero también es importante recordar que fue necesario hacer varios intentos antes de que la Ley del Derecho al Voto se promulgara en 1965. Los actuales retos refuerzan la necesidad de continuar luchando por estas reformas, y estoy seguro de que hemos ideado maneras claras de promover e implementarlos cambios necesarios.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
