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Una demanda entablada por el Brennan Center y Data for Black Lives para obtener documentos públicos reveló que el Departamento de la Policía Metropolitana (Metropolitan Police Department o MPD por sus siglas en inglés) del Distrito de Columbia colaboró con agencias federales de la ley para vigilar a manifestantes en 2020 y 2021.
Obtuvimos más de 700,000 páginas de documentos que muestran que las agencias compartieron información encontrada en plataformas de redes sociales relacionadas con las manifestaciones por la justicia racial en grandes cadenas de correo electrónico, y describieron como“amenazas” a los manifestantes y activistas.
El Brennan Center lleva años expresando preocupación sobre el carácter invasivo y la falta de trasparencia de la vigilancia policial de las redes sociales. Estas prácticas, que con frecuencia están dirigidas a activistas y a comunidades marginadas, pueden inhibir los derechos constitucionales de las personas a la libre expresión y a protestar.
A falta de justificaciones públicas sobre la seguridad que son dignas de confianza, la vigilancia cibernética generalizada y coordinada de las manifestaciones en el distrito suscitan seria inquietud sobre los derechos del público conforme a la Primera Enmienda y destacan la necesidad de medidas más estrictas de protección.
Obtuvimos documentos correspondientes a febrero de 2020 hasta enero de 2023 que muestran que la MPD compiló información recopilada en gran parte de plataformas de redes sociales sobre manifestaciones y otros eventos públicos que se avecinaban, que incluía la fecha, la hora, el lugar, los organizadores y el estimado del tamaño de la multitud de cada manifestación.
Durante las protestas por la justicia racial del verano de 2020, el MPD proporcionó dichas listas a agencias federales, entre ellas el Servicio Secreto, el Servicio Nacional de Parques y el Departamento de Defensa. A su vez, las agencias federales diseminaron listas similares a cadenas de correo electrónico que incluían más de una docena de funcionarios gubernamentales a nivel local, municipal, estatal y federal.
Otras cadenas de email contenían tomas de pantalla de mensajes en redes sociales de las entidades u organizadores.
Para recopilar esta información, las agencias señalaron a quiénes y a qué debían estar atentos en redes sociales. En respuesta a un email de un teniente del MPD que pedía cuentas y mensajes de personas en redes sociales que “instaban a la gente a amotinarse”, un representante de la Policía del Capitolio federal que seguía a grupos como las filiales del Distrito de Columbia de Black LivesMatter, RefuseFascism y Showing Up for Racial Justice, además de términos como “Protesta en DC”, “Justicia para George Floyd DC”, “BLM DC” y “No hay paz sin justicia DC”. declaró que seguía a grupos como las filiales del Distrito de Columbia de Black LivesMatter, RefuseFascism y Showing Up for Racial Justice, además de términos como “Protesta en DC”, “Justicia para George Floyd DC”, “BLM DC” y “No hay paz sin justicia DC”.
El funcionario de la Policía del Capitolio no proporcionó ninguna prueba de que estos grupos hubieran instado a las personas a amotinarse. Tampoco demostró que las frases que buscaban correspondían a amenazas creíbles contra la seguridad pública.
La vigilancia tan extensa de redes sociales puede crear confusión entre el escrutinio de expresión inocua o protegida por la constitución y la vigilancia debido a verdaderas amenazas contra la seguridad pública.
La vigilancia por las agencias de la ley en las redes sociales también puede reprimir a agrupaciones, en particular aquellas de comunidades desfavorecidas,de expresar sus puntos de vista o planear eventos en internet y puede resultar en la intervención policial fuera de ese entorno.
Durante el verano de 2020, los departamentos de policía de todo el país monitorearon intensamente las manifestaciones de Black LivesMatter y fueron desigualmente agresivos en su respuesta a las manifestaciones por la justicia racial. Esto fue a pesar de que dichas manifestaciones fueron en su gran mayoría, no violentas.
Los riesgos de dicha vigilancia en redes sociales son incluso más serios cuando la policía sigue a personas por susactividades protegidas por la Constitución. En un email, por ejemplo, un oficial de la Policía del Capitolio destacó un mensaje en el que una mujer anunció que había dado a luz a su segundo hijo y señaló que “esto, sin duda, no significaba que no está saliendo a las manifestaciones” pues había “publicado fotos de su hijo mayor mientras dormía en el asiento trasero de un auto” en otra manifestación. El oficial había descrito a la mujer anteriormente como “una de las principales organizadoras de Antifa en DC”.
Otros ejemplos demuestran que los oficiales del MPD y otras agencias de la ley identificaron a personas y grupos que participaron o sacaron mensajes en redes sociales sobre las manifestaciones de justicia racial por estar afiliados al movimiento izquierdista Antifa sin prueba de que representaban una amenaza para la seguridad pública.
Un oficial del Servicio Secreto señaló que uno de los grupos destacados, AllOut DC, no tenía “ningún mensaje que incitaba a la violencia” en sus redes sociales. En vez, parece que otras agencias de la ley alertaron sobre estos usuarios debido a la presunta amenaza que representaban debido a sus convicciones y afiliaciones, lo que aumentó la posibilidad de que se les sometiera a mayor vigilancia o incluso interacción innecesaria con la policía.
Cabe señalar que el agente del MPD que supervisaba la división de vigilancia del departamento en ese momento y participaba mucho en estas actividades fue suspendido y posteriormente acusado en parte por presuntamente proporcionar a Enrique Tarrio, el líder de Proud Boys, información sobre investigaciones policiales dirigidas al grupo. La conexión del agente con Proud Boys no hace sino generar mayor inquietud de que la motivación de la vigilancia por el departamento de las manifestaciones por la justicia racial fueron prejuicios en vez de seguridad pública.
Agentes federales también diseminaron información falsa sobre las amenazas que los manifestantes representaban. Dos informes de junio de 2020 que fueron recopilados por el Departamento de Trasporte y el Servicio Naval de Investigación Penal y compartidos con el MPD y otras agencias policiales, mencionó que se “pusieron en escena ladrillos, rocas, mazos. . . y otras armas en los lugares de las manifestaciones” en una sección que enumeraba tácticas, técnicas y procedimientos que la Fuerza Conjunta Nacional contra el Terrorismo de la FBI determinó se usaron en las manifestaciones por la justicia racial.
Afirmaciones como esta por parte del gobierno federal, que provinieron de redes sociales, ya se han desmentido repetidamente en reportajes.
Este intercambio de información sobre las manifestaciones por la justicia racial continuó en 2021, cuando el MPD y agentes federales compartieron mensajes de redes sociales sobre las vigilias por el asesinato de Breonna Taylor, en los que se insinuaba que los sujetos que asistieron a las vigilias podrían cometer actos de violencia aparentemente sin prueba para confirmar dicha conclusión.
Actualmente el MPD y el gobierno federal carecen de una política adecuada para refrenar la vigilancia en internet. La política del MPD que rige el uso de redes sociales para deberes oficiales otorga a los agentes un amplio margen para recopilar información pública de redes sociales sin autorización adicional, siempre que sea para un “propósito policial legítimo”.
Las leyes del Distrito de Columbia son igualmente permisivas y permiten que sus policías realicen, sin previa autorización “indagaciones preliminares” de actividades protegidas por la Primera Enmienda. Si bien se requiere que el MPD “proteja los derechos y libertades constitucionales de todas las personas”, no hay limitaciones aparentes para contrarrestar estas extensas facultades ni mecanismos de orientación y supervisión para asegurar que la vigilancia de redes sociales por los oficiales no atente contra los derechos que la Primera Enmienda otorga al público.
La vigilancia por el MPD de las manifestaciones pacíficas por la justicia racial deja en claro que son necesarias medidas adicionales de protección de los derechos constitucionales. El MPD debe empezar por formular e implementar, con comentarios de la sociedad civil y miembros de la comunidad, una política a disposición del público que incluya protecciones concretas para refrenar la vigilancia de redes sociales por sus oficiales, además de medidas internas para guiarlos.
Sin embargo, no basta con reformar un solo departamento de policía. En el Distrito de Columbia hay docenas de agencias policiales, entre ellas 32 del gobierno federal que prestan asistencia al MPD.
Por ejemplo, tanto el FBI como el Departamento de Seguridad Nacional tienen una política permisiva que rige su uso de redes sociales, y tienen una historia de usarlas para vigilar manifestaciones, incluidas las del verano de 2020. A fin de proteger los derechos constitucionales del público, se necesitan reformas integrales de vigilancia de redes sociales en todos los niveles del gobierno.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
