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Las redes sociales se han vuelto una herramienta fundamental para ejercer la libertad de expresión y otros derechos, pero su uso indebido por parte de las autoridades del orden público puede aplastar esos derechos, a menudo de forma discriminatoria.
Por eso, el Brennan Center y otros grupos de defensa de derechos han estado desde hace tiempo expresando su preocupación por los peligros que plantea el darles a las fuerzas policiales un libre acceso a las redes sociales en nombre de la seguridad pública. Es esencial que el modo y el momento en que las fuerzas policiales utilizan las redes sociales estén sujetas a fuertes restricciones y estrictas reglas de transparencia.
Sin embargo, un exhaustivo análisis realizado a nivel nacional por el Brennan Center revela que casi todas las políticas existentes que rigen el uso policial de las redes sociales tienen serias deficiencias que pueden acarrear consecuencias graves para aquellas personas que son monitoreadas o rastreadas.
Por eso, también estamos publicando una serie de principios y mejores prácticas a fin de orientar el uso de las redes sociales por parte de las fuerzas policiales para garantizar que se protejan los derechos constitucionales del público.
El riesgo de que la policía utilice las redes sociales para vigilar actividades protegidas por la Constitución no es algo hipotético. Para citar un ejemplo, se sabe que el Departamento de Policía de Los Ángeles emplea herramientas de monitoreo de redes sociales para vigilar actividades en las redes relacionadas con los movimientos de protesta.
La ACLU de Massachusetts publicó que el Departamento de Policía de Boston utilizó una herramienta de monitoreo de redes sociales para vigilar a comunidades negras y musulmanas.
La nueva investigación exhaustiva del Brennan Center demuestra que, a pesar de estos peligros, la mayoría de los departamentos de policía ofrecen a sus oficiales rienda suelta a la hora de vigilar las redes. Descubrimos que, si bien el uso de las redes sociales en los destacamentos de policía locales es generalizado, muchos departamentos no tienen implementadas políticas que regulen la práctica. Y en los casos en que sí existen, la implementación de guías robustas y salvaguardas eficientes es la excepción y no, la regla.
Para este estudio, el Brennan Center evaluó los departamentos de policía de las 328 localidades que tienen más de 100,000 habitantes. De esas, menos de la mitad —162 destacamentos— tenían políticas de dominio público, disponibles en sus sitios web.
A excepción de unos pocos casos, no se sabe cuántos de los casi 200 departamentos restantes sin políticas igualmente utilizan las redes sociales para monitorear o recabar información online. En vista del uso masivo de las redes sociales, es muy probable que por lo menos algunos sí lo hagan.
Analizamos las políticas disponibles de acuerdo a una lista de factores, por ejemplo, si establecían requisitos para el uso encubierto y con fines investigativos, o si incluían disposiciones que protejan los derechos constitucionales del público.
Nuestro análisis reveló que las políticas raramente incluían descripciones adecuadas sobre la forma en que el departamento se propone utilizar las redes sociales. Incluso las políticas más completas carecen de fuertes salvaguardas para evitar el abuso de las redes sociales por parte de sus oficiales, lo cual pone en riesgo los derechos y libertades civiles de las personas.
Por ejemplo, casi todas las políticas que evaluamos establecen que las redes sociales pueden utilizarse para contribuir con las investigaciones. Sin embargo, solo 74 políticas, es decir, menos de la mitad de las que descubrimos, presentan estándares sobre la forma en que la policía puede utilizar las redes sociales en sus investigaciones.
Además, muchas de estas políticas simplemente indican a sus oficiales que deben verificar la información que recaban de las redes sociales y explican cómo documentarla y retenerla, pero no imponen ninguna restricción sobre su monitoreo en línea ni sobre la información que puede ser retenida.
De hecho, solo ocho políticas requieren que sus oficiales tengan una sospecha razonable de actividad delictiva antes de buscar o retener información de las redes sociales, con lo cual le da al resto de las fuerzas policiales una verdadera invitación para salir a pescar información.
La posibilidad de abuso se vuelve aún más pronunciada cuando la policía usa cuentas encubiertas o en incógnito para conectarse con otras personas en las redes sociales.
Por ejemplo, la ACLU de Tennessee demandó con éxito al Departamento de Policía de Memphis después de que un oficial se hizo pasar por un activista negro en Facebook para hacerse “amigo” de otros activistas, infiltrarse en sus grupos y recolectar información para armar expedientes en su contra. El uso de cuentas falsas por parte de la policía también viola las políticas de las principales plataformas de redes sociales, tal como se lo ha advertido Meta, la propietaria de Facebook, a las autoridades del orden público en repetidas ocasiones.
Aun así, el lenguaje utilizado en estas políticas sobre las cuentas encubiertas es muy permisivo. De las 162 políticas que identificamos, 92 abordan el tema de las actividades encubiertas o en incógnito.
Si bien todas, excepto cuatro, exigen a sus oficiales obtener algún tipo de autorización de sus supervisores para llevar a cabo actividades encubiertas o en incógnito, casi el 80 por ciento exige no más que un requisito mínimo de supervisión, ya que 68 de las 87 políticas que requieren la aprobación de sus supervisores no establecen ninguna otra medida de procedimiento ni salvaguarda, como una reautorización regular y continua de las cuentas encubiertas, auditorías para detectar cualquier abuso o límites para restringir su uso a una lista limitada de delitos graves.
Las pocas políticas que sí incorporan límites importantes, como prohibir el uso de cuentas encubiertas en las redes sociales cuando no hay sospecha razonable de actividad delictiva ni amenaza a la seguridad pública, se ven debilitadas por el hecho de que no definen con precisión el concepto de seguridad pública.
Por ejemplo, si un acto del movimiento Black Lives Matter fue refrenado por una respuesta policial violenta o arruinado por una persona que arrojó una botella y ocasionó caos, existe el riesgo de que el próximo acto parecido también se categorice como una amenaza a la seguridad pública, lo cual justificaría una vigilancia intrusiva y encubierta en las redes sociales.
Si bien ninguna de las políticas que analizamos fue lo suficientemente robusta como para convertirse en un mecanismo de control adecuado en el uso policial de las redes sociales, algunos sí tienen elementos útiles.
El Departamento de Policía de Austin, por ejemple, exige a un supervisor o supervisora que revise toda actividad encubierta cada 90 días, para comprobar que siga siendo necesaria, mientras que el Departamento de Policía de Detroit le indica a su personal que debe borrar la información recolectada de las redes sociales cuando no se establezca ningún vínculo delictivo.
Claro que ni hasta las mejores políticas pueden prevenir todo tipo de abuso o mal uso de las redes, en especial en vista de las deficiencias conocidas que tienen las redes sociales como herramientas interpretativas o para la toma de decisiones. La información que se halla en estas plataformas depende mucho del contexto en el que se publica, y los riesgos de malinterpretarla son altos cuando se involucra a la policía.
Por ejemplo, la policía de Wichita, Kansas, arrestó a un adolescente negro en 2020 con motivo de una publicación que hizo en Snapchat que incitó a disturbios, cuando en realidad su publicación le advertía a la gente que se mantuviera lejos de las protestas de su ciudad.
Por otro lado, las publicaciones en las redes sociales se suelen utilizar como un tipo de prueba débil para identificar a jóvenes no blancos como miembros de pandillas, una designación que puede tener graves consecuencias.
De todas formas, las políticas públicas son fundamentales para brindar orientación a la policía, evitar el mal uso y abuso de las redes sociales y garantizar la correcta rendición de cuentas cuando ocurren infracciones. Con esos fines, estamos publicando una serie de principios y mejores prácticas para ayudar a orientar el uso policial de las redes sociales con propósitos investigativos y otros motivos, y, al mismo tiempo, proteger los derechos y libertades civiles de la población estadounidense.
Las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también acarrean serios riesgos; por eso, es fundamental que los departamentos de policía adopten políticas claras, robustas y de dominio público para mitigar esos riesgos y servir mejor a sus comunidades.
Traducción de Ana Lis Salotti.
