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“Si el presidente lo hace, significa que no es ilegal”. Eso dijo Richard Nixon después de su renuncia.
Durante sus últimos días como presidente, Nixon argumentó ante la Corte Suprema los motivos por los que él no podía ser investigado por un fiscal especial. Afirmó que la Corte ni siquiera tenía la facultad de admitir el caso.
Pero la Corte no estuvo de acuerdo. Con un voto unánime en la causa United States v. Nixon, los magistrados le exigieron acatar la orden del gran jurado y presentar las grabaciones secretas que tenía en la Oficina Oval.
El mismo magistrado que Nixon había nominado como presidente de la Corte Suprema, Warren Burger, redactó la opinión judicial. En el dictamen, decía que el presidente no está por encima de la ley.
Nixon nunca enfrentó cargos penales. El presidente Gerald R. Ford lo indultó un mes después de asumir la presidencia; así que la Corte Suprema nunca tuvo la oportunidad de declarar que, en realidad, todo presidente que cometiera un delito federal durante el ejercicio de su cargo puede rendir cuentas ante la justicia.
Toda esta historia hace que las recientes disputas judiciales de rápida evolución ante la Corte Suprema adquieran una importancia fundamental para la salud de nuestra democracia. Donald Trump, como quizá hayas escuchado, ha sido acusado en cuatro causas penales distintas, dos de ellas en tribunales federales.
Se espera que uno de esos juicios por haber intentado derrocar el traspaso pacífico de poder comience el 4 de marzo en Washington, DC, ante un tribunal federal. Ya se enviaron los cuestionarios para la participación del jurado a las personas residentes de la capital.
Los abogados de Trump alegan que el expresidente no puede ser procesado. La semana pasada, la jueza Tanya Chutkan rechazó la alegación.
“La función del acusado como comandante en jefe durante cuatro años no le confirió el derecho divino de la realeza de poder evadir la responsabilidad penal que rige sobre sus compatriotas”, escribió la jueza.
El fiscal especial Jack Smith ayer le solicitó a la Corte Suprema que opinara como situación de emergencia.
Si bien se supone que, por lo general, no se puede enjuiciar a un presidente en ejercicio, esta suposición nunca se decidió formalmente: proviene de una nota al pie colocada en un memo de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia de 1973.
Sin embargo, todos los presidentes saben que pueden enfrentar cargos penales cuando finalizan su mandato. Hasta Nixon pareció aceptar esta idea cuando recibió el indulto concedido por Ford.
Bill Clinton, mi antiguo jefe, fue investigado y salió limpio, después de su presidencia, por controversias en torno al uso de su facultad de indulto. No recuerdo haber oído a mucha gente decir que Clinton debía haber sido inmune.
El senador Mitch McConnell (R-KY) explicó sus motivos por los que votó a favor de eximir a Trump durante su segundo juicio político de destitución.
“Aún no se salió con la suya por nada”, afirmó McConnell. “Tenemos un sistema de justicia penal en nuestro país”.
Hasta el magistrado Brett Kavanaugh —que ha expresado escepticismo sobre la posibilidad de investigar a un presidente — escribió cuando ejercía como abogado privado:
“La Constitución misma parece dictar, además, que se debe llevar a cabo una investigación a cargo del Congreso, en lugar de una investigación penal, cuando es el presidente el sujeto de la investigación y que puede iniciarse un procesamiento judicial únicamente cuando el presidente deje su cargo”.
Si la Corte Suprema fuera a dictaminar que no se puede enjuiciar a un presidente por actos cometidos durante su mandato, entonces realmente se inmunizaría al jefe máximo del poder ejecutivo de toda responsabilidad, para siempre, y lo eximiría del peso de la ley.
Por eso, el tema principal aquí no es el dictamen, sino el momento en el que se realice. Trump busca postergar su juicio hasta después de las elecciones. Quizá, para ese entonces, pueda ordenar al Departamento de Justicia que retire los cargos en su contra.
O quizá hasta podría perdonarse a sí mismo. Si se hace justicia, se debe hacer con prontitud, para darle al electorado la oportunidad de procesar cualquier veredicto posible.
Esta será una de las causas más importantes de los últimos años. Sin duda, la Corte oirá un coro griego de opiniones que presentarán los llamados amicus curiae, o amigos del tribunal. Estudiosos del derecho documentarán el consenso establecido en contra de Trump. Fiscales ya retirados le urgirán a la Corte que no inmunice a quienes violan la ley.
Trump mismo ha subido las apuestas, cuando dejó en claro que quiere utilizar al gobierno federal para vengarse y espera usar al Departamento de Justicia para propósitos personales y partidarios.
Hasta ahora, aun con las tendencias derechistas que viene teniendo, la Corte Suprema ha mostrado ser una corte hiperconservadora, pero no una corte MAGA. Se ha negado, sin rodeos, a intervenir en los casos que presentó Trump para anular las elecciones de 2020. Y dictó también que él tenía que presentar sus impuestos ante un gran jurado.
Los enérgicos pronunciamientos de la Corte Suprema ayudaron a que Nixon dimitiera de su cargo. Esperemos que esta vez la Corte deje en claro que los presidentes no están por encima de la ley.
De lo contrario, el argumento de Nixon anularía la lógica de la causa Nixon: si un presidente lo hace, significa que no es ilegal.
Traducción de Ana Lis Salotti.
