La semana pasada, la supermayoría de los seis magistrados más conservadores de la Corte Suprema publicó un dictamen que debilita las leyes sobre el derecho al voto en la causa Alexander v. South Carolina NAACP. Considerémoslo el primer trompetazo de lo que podría ser una mala temporada de dictámenes de la corte superior.
La causa es densa y está repleta de detalles y doctrina. Aquí resumido en pocas palabras: los legisladores del partido republicano en Carolina del Sur trazaron mapas de distritos congresuales de tal forma que redujeron la influencia política del electorado negro a la hora de elegir a su representante. El estado rechazó las acusaciones de manipulación racial de distritos, la cual (teóricamente) sigue siendo ilegal. Carolina del Sur dijo que no, que esta era una instancia de la vieja manipulación de distritos partidista, parte entrañable y pintoresca de nuestro sistema político. Es una costumbre estadounidense, ¡los fundadores de nuestra nación lo hicieron! Con este argumento inverosímil, la Corte Suprema estuvo de acuerdo.
¿Cómo interpretar este dictamen?
La primera forma de comprenderlo y espero te encuentres sentado: este dictamen es bueno para el partido republicano. Esa es la forma cada vez más segura de pronosticar las decisiones de la Corte. Samuel Alito, el magistrado más previsiblemente partidista de las últimas décadas, redactó el dictamen.
Samuel Alito siempre agita la bandera republicana del lado correcto.
Pero eso no es todo. Este dictamen inclina la gobernanza y la política a favor del electorado blanco. ¿Cómo puede ser? La peculiar interpretación de la diferencia entre una manipulación racial de distritos y una manipulación partidista es más que una sofistería legalista.
En una serie de casos judiciales resueltos durante décadas, a la Corte Suprema le había costado elaborar una “norma judicialmente ejecutable” para reparar la manipulación partidista de distritos electorales. En 2019, en la causa Rucho v. Common Cause, la Corte abandonó su esfuerzo por completo. La cínica opinión de la mayoría, redactada por el presidente de la Corte, el magistrado John Roberts, declaró que las denuncias de manipulación partidista de distritos eran “no justiciables”, lo cual significa que los tribunales federales no podían decidir sobre ellas, por más horrorosos que fueran los mapas manipulados.
Por inconveniente que sea, aún era ilegal trazar distritos con la intención de crear una mayoría racial. Esto puso a los tribunales en aprietos. La manipulación racial de distritos puede parecerse mucho a la manipulación partidista en sitios segregados racialmente donde las comunidades no blancas tienen preferencias políticas muy diferenciadas.
La decisión de la semana pasada en la causa Alexander y el amplio puerto seguro que le ofrece a la manipulación partidista de distritos resuelven el problema en detrimento del electorado no blanco. Quienes desean manipular distritos electorales tan solo tienen que proclamar un mapa injusto como partidista (¡hurra!), no racial (¡bu!).
Si un mapa manipulado favorece al electorado blanco (republicano), es ilegal… pero, si se puede afirmar que el mismo mapa solamente favorece al electorado republicano (blanco), entonces los tribunales federales no lo pueden tocar.
Este dictamen también se puede interpretar como parte de la campaña en que se ha embarcado la Corte Suprema en los últimos 15 años para impedir el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. A menudo, ello implica deshacer el trabajo de legisladores y congresistas electos.
El caso Citizens United revirtió un siglo de leyes sobre financiamiento de campañas políticas y provocó una inundación de donaciones aún más cuantiosas en la política estadounidense. Los casos Shelby County v. Holder de 2013 y Brnovich v. Democratic National Committee de 2021 trituraron la Ley de Derecho al Voto. Este nuevo dictamen restringe aún más el alcance de esa ley histórica.
Podemos anhelar tener una mejor doctrina y exigir mejores jueces, pero hay una mejor solución: el Congreso debe tomar medidas. La Ley de Libertad para Votar (Freedom to Vote Act), entre sus otras disposiciones robustas, prohibiría la manipulación partidista de distritos en las elecciones congresuales a nivel nacional. (De esta forma, también evitaría las diferencias que surgen cuando los tribunales de un estado democrático como Nueva York son mucho más agresivos a la hora de anular mapas injustos que en otros estados republicanos como Texas o Florida, por ejemplo).
La Ley para Promover el Derecho al Voto de John R. Lewis (John R. Lewis Voting Rights Advancement Act) restauraría la fuerza de la Ley de Derecho al Voto. El electorado también tiene poder. En Ohio, la ciudadanía se prepara para considerar una medida de ley incorporada en sus boletas electorales de noviembre, que crearía una de las comisiones de redistribución de distritos no partidarias más fuertes del país.
¿Sabes quién bendijo estos esfuerzos para reparar el partidismo de la Corte Suprema? La misma Corte Suprema. En la causa Rucho, Roberts elogió la facultad del Congreso de actuar. Señaló que la Ley de Libertad para Votar propuesta era prueba de que “los creadores de la Constitución le dieron al Congreso el poder de actuar sobre la manipulación partidista de distritos en la Cláusula de Elecciones” de la Constitución. También indicó que las medidas de ley estatales incorporadas en las boletas son otro instrumento para proteger la democracia. Y podemos reformar la mismísima Corte Suprema a través de este tipo de medidas, por ejemplo, limitando el mandato de los magistrados a un período de 18 años.
Nos acostumbramos a la idea de que, en cada primavera, esperamos que nueve personas que ocupan, de por vida, un cargo gubernamental no electo nos digan en qué tipo de país vamos a vivir. Las elecciones deberían desempeñar este papel, y nosotros, el pueblo, deberíamos ser quienes decidimos. Tal como lo dijo la periodista Dahlia Lithwick, esta es una forma de impotencia aprendida. Toda persona a la que le hierve la sangre con las noticias del extremismo de Samuel Alito debería indignarse de la misma forma con los dictámenes radicales que a menudo llevan su nombre.
Traducción de Ana Lis Salotti.
