En 2020, el gobernador de Florida Ron DeSantis se jactó de tener unas elecciones “ejemplares”. La verdad es que exageró, pero sí tenía razón en un sentido: las elecciones de Florida, al igual que en el resto del país, se desarrollaron de un modo seguro y sin problemas de fraude.
Esto le creó un dilema a DeSantis durante su campaña para las elecciones primarias contra Donald Trump para la nominación presidencial del partido republicano. ¿Cómo probar que él también puede debilitar la democracia descaradamente? Su respuesta fue un escuadrón de policía electoral que fue anunciado el año pasado con bombos y platillos.
Pero ¿descubrieron satélites de espionaje italiano que modificaban votos? ¿O acaso unas máquinas Dominion que utilizaban boletas fabricadas en China? ¿Toneladas de boletas?
No, descubrieron a votantes que tan solo querían votar.
En lugar de encontrar una red sospechosa de operativos estatales, esta policía estatal electoral pescó a unas poquísimas personas, muchas de las cuales fueron víctimas de la incompetencia del gobierno.
¿Quién se habría imaginado algo así?
Bueno, mucha gente, incluso el Brennan Center y otras instituciones defensoras del derecho al voto. El sistema de privación del derecho al voto por delitos mayores que implementaba Florida era un notorio vestigio de la era Jim Crow. Le prohibía votar a toda persona condenada por un delito mayor, y esa prohibición persistía durante toda su vida, lo cual les prohibía ejercer su derecho ciudadano a 1.7 millones de personas que, de no ser por esta condición, habrían sido elegibles para votar. En 2018 una importante mayoría de votantes promulgó la Enmienda 4 para acabar con este sistema. El Brennan Center se enorgullece de haber ayudado a redactar la enmienda y participado en la campaña para que se aprobara.
Pero luego, se metió la Legislatura de Florida y debilitó la ley, que ahora requiere que los ciudadanos a los que recién se les restaura el derecho al voto tengan que pagar tasas y multas antes de poder votar. Presentamos una demanda contra el estado y advertimos que este nuevo requisito iba a causar caos. No había forma de saber si una persona ya podía votar o no. Perdimos la demanda, y ahora Florida está viviendo en ese caos.
Veamos la historia de Kelvin Bolton, documentada en un artículo de ProPublica y publicada también por el Brennan Center. En 2018, después de que la ciudadanía de Florida hubiera votado con una mayoría aplastante una iniciativa de ley para restaurarles el derecho al voto a casi todas las personas condenadas, la supervisora de elecciones del condado de Alachua envió a funcionarios a la cárcel del condado para que ayudaran a los prisioneros a registrarse para votar en las próximas elecciones. Kelvin Bolton se inscribió con orgullo, junto con otras personas en la misma situación. Según Bolton, los funcionarios no le dijeron que debía pagar tasas y multas antes de poder votar.
Y aunque lo hubiera sabido, no habría podido hacer mucho al respecto. No hay ninguna base de datos centralizada que se pueda consultar ni ningún número de teléfono al que se pueda llamar para saber si se debe este dinero. Aquí tenemos otro ejemplo de lo exasperante que es el proceso: cuando el Brennan Center estaba creando un recurso para las personas que querían restaurar su derecho al voto, enseguida nos dimos cuenta de que tenía que estar dirigido a abogados.
Ninguna persona que no conociera la ley iba a poder navegar correctamente este laberinto kafkiano. Y, sin embargo, DeSantis y su policía electoral aparentemente adoptaron la postura de que todo ciudadano de Florida previamente encarcelado que quisiera votar tenía que hacerlo bajo su propio riesgo.
Y a pesar de que tiene la obligación de hacerlo, el estado de Florida no va a levantar un dedo para ayudarles. El gobierno simplemente deja (y a veces alienta a) que las personas con condenas por delitos mayores se registren para votar y luego las encarcela cuando no pagan las multas adeudadas.
Eso es lo que le pasó a Kevin Bolton. Ahora enfrenta años en prisión y, como te lo puedes imaginar, miles de dólares en deuda. Está decidido a darles pelea a esos cargos, pero muchas otras personas se declararon culpables y aceptaron perder otra vez su derecho al voto.
Los escuadrones de policía electoral fueron inútiles desde el comienzo. El fraude electoral es extremadamente raro y no hay ningún motivo en absoluto para creer que el pequeñísimo número de casos de fraude tiene alguna tendencia partidista. Los casos de fraude no decidieron las elecciones de 2020, ni tampoco decidirán las elecciones de 2024.
Pero condenar a personas como Kelvin Bolton demuestra que la insistencia de Florida de descubrir delitos electorales es mucho peor que inútil: es peligrosa. Ataca contra personas que solo intentan participar en nuestra democracia como plenos ciudadanos que son. También intimida y desalienta a votantes elegibles que temen que la policía electoral los va a atrapar también a ellos. Y todo porque quieren probar que sí hay fraude, para dar credibilidad a aquellos que han montado su carrera política sobre la existencia de ese fraude.
Traducción de Ana Lis Salotti.
