Esta columna se publicó originalmente en La Opinión
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Sin ninguna prueba en absoluto, algunos republicanos han estado difundiendo la idea de que nuestras elecciones están amenazadas por el voto ilegal de personas no ciudadanas. Incluso han propuesto leyes en el Congreso para hacer que los estados exijan una prueba de ciudadanía cuando la gente se registra para votar.
Pero el voto de personas que no son ciudadanas de los Estados Unidos casi nunca ocurre y, además, ya es ilegal según las leyes federales y estatales de todos los estados. Toda persona que viole estas leyes registrándose para votar o votando enfrentaría tanto una pena de prisión como la deportación.
Es obvio que no hay multitudes de personas no ciudadanas intentando votar. ¿Por qué lo harían? Para registrarse para votar, hay que jurar que uno es ciudadano bajo pena de procesamiento penal. ¿Por qué alguien arriesgaría su vida en los Estados Unidos y la posibilidad de estar cerca de su familia tan solo para emitir un voto? Cada estudio legítimo publicado demuestra que el voto no ciudadano en elecciones estatales y federales es extremadamente raro.
El Brennan Center, donde yo trabajo, realizó su propio estudio sobre 42 jurisdicciones en las elecciones generales de 2016. Según este estudio, las autoridades electorales de estos sitios supervisaron el conteo de 23.5 millones de votos y derivaron tan solo unos 30 incidentes de voto no ciudadano para su mayor investigación o procesamiento. Dicho de otro modo, esos supuestos votos ilegales representaron apenas el 0.0001 por ciento de todos los votos emitidos. Y algunos de ellos probablemente fueron emitidos por error, ya que ha habido casos en los que el personal electoral se equivoca y le hace creer a una persona no ciudadana que sí puede votar.
El mito del voto no ciudadano a escala masiva parece más un truco para sembrar la desconfianza en nuestro proceso electoral y preparar el terreno para que quienes pierdan las elecciones puedan afirmar que se “han robado” las elecciones o que ha habido un “fraude” para disputar los resultados. A medida que nos acercamos al día de las elecciones, debemos recordar lo siguiente:
Los estados implementan múltiples controles para asegurarse de que solo las personas ciudadanas elegibles puedan votar. Ello incluye numerosos procedimientos para garantizar que los registros de votantes sean correctos y estén actualizados, así como las salvaguardas que previenen que las personas no ciudadanas y otros votantes no elegibles se registren y voten.
Según la ley federal, los estados deben realizar un mantenimiento periódico de las listas y padrones electorales para eliminar a todo votante no elegible.
Exigir una prueba de ciudadanía para registrarse para votar crearía importantes obstáculos a la hora de registrarse para millones de votantes elegibles. El año pasado, el Brennan Center, en colaboración con varias organizaciones como el Centro para la Democracia y la Participación Cívica (CDCE por sus siglas en inglés) de la Universidad de Maryland, realizó una encuesta en la que les preguntamos a los participantes si tenían documentos fácilmente disponibles para demostrar su condición de ciudadanía.
Nuestra investigación indica que más del 9 por ciento de las personas ciudadanas estadounidenses en edad de votar, es decir, 21.3 millones de personas, no tienen fácilmente disponible ninguna prueba de ciudadanía, tal como un pasaporte, un certificado de nacimiento o papeles de naturalización.
Claro que a veces ocurre algún caso aislado de voto ilegal. Las elecciones no son perfectas. Pero la perfección no debería ser la medida a utilizar para evaluar la integridad de las elecciones ni para inventar un problema que debilita la confianza en nuestra democracia.
