- Este año, la mayoría republicana del Congreso ha priorizado un proyecto de ley que, si se aprueba, podría convertirse en la primera ley de supresión del voto promulgada por este órgano en el pasado reciente y quizá en toda su historia.
- Se trata de la Ley SAVE (SAVE Act), un proyecto de ley que privaría a millones de ciudadanos estadounidenses de su derecho al voto.
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Hace 60 años, el Congreso aprobó la ley de defensa del derecho al voto más importante en la historia de nuestra nación. La Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) de 1965 marcó el punto culminante de las medidas del Congreso para proteger el derecho al voto, un momento en el que un movimiento organizado de derechos civiles, un realineamiento político partidario y actos públicos de violencia opresiva se combinaron para crear las condiciones perfectas para que el poder legislativo se armara de valor y actuara.
Lamentablemente, 60 años después, podríamos estar a punto de ser testigos de un punto bajo con respecto a la defensa del derecho al voto en el Congreso. Este año, la mayoría republicana del Congreso ha priorizado un proyecto de ley que, si se aprueba, podría convertirse en la primera ley de supresión del voto promulgada por este órgano en el pasado reciente y quizá en toda su historia.
Se trata de la Ley SAVE (SAVE Act), un proyecto de ley que privaría a millones de ciudadanos estadounidenses de su derecho al voto. Si se promulga, básicamente nos exigiría presentar un certificado de nacimiento o pasaporte (o algún otro documento que demuestre ciudadanía estadounidense) en persona, antes de registrarnos para votar en las elecciones federales.
Más de 21 millones de personas ciudadanas estadounidenses no tienen a mano su certificado de nacimiento o pasaporte, y son muchas más, como mujeres que se cambiaron el apellido cuando se casaron, las que no tienen estos documentos con sus nombres actuales.
Además, cada año, millones de estadounidenses se registran o se vuelven a registrar por correo o internet o a través de campañas de registro de votantes, métodos que ya no serían una opción válida para inscribirse si la Ley SAVE se aprobara y exigiera que la gente le muestre sus papeles a un funcionario electoral en persona. De hecho, más de 50 millones de personas utilizaron uno de estos métodos para registrarse entre 2018 y 2022, mientras que menos de 12 millones lo hicieron en persona ante un funcionario electoral.
En 1965, la Ley de Derecho al Voto prohibió el uso de “pruebas y dispositivos” que se utilizaban en algunas partes del país para negarles a personas afroamericanas y otras personas no blancas la oportunidad de registrarse para votar. En aquel entonces, algunos de los obstáculos frecuentes que se utilizaban para impedirles registrarse incluían pruebas de alfabetismo y el pago de los impuestos para votar. El Congreso observó cómo algunos estados y localidades imponían estas barreras para votar y tomaron medidas para ponerles fin.
Ahora, el Congreso podría imponer sus propias barreras por primera vez. Según la Cláusula de Elecciones de la Constitución, los estados tienen la responsabilidad de regular los “plazos, sitios y la manera” en que se administran las elecciones federales. La misma cláusula le da al Congreso la facultad de intervenir para denegar esa autoridad a los estados o establecer su propio reglamento, y las Decimocuarta y Decimoquinta Enmiendas le dan al Congreso más poder para prevenir la discriminación en las elecciones.
A lo largo de la historia, el Congreso ha usado estas facultades solamente para ampliar el acceso a las urnas y frenar a los estados cuando colocan obstáculos, crean irregularidades o cometen actos discriminatorios. La Ley de Derecho al Voto es un ejemplo entre varias otras leyes electorales importantes que el Congreso ha aprobado con los años, como la Ley de Voto en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y en el Exterior (Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act) de 1986, la Ley de Registro Nacional de Votantes (National Voter Registration Act) de 1993 y la Ley Ayude a América a Votar (Help America Vote Act) de 2002.
Al menos en los tiempos modernos, el Congreso nunca ha usado su autoridad para crear obstáculos innecesarios en la participación en las elecciones, y ciertamente no para privarles a millones de estadounidenses de su derecho al voto. De hecho, esta podría ser la primera vez en la historia que el Congreso lo haga, ya que las reglas discriminatorias de votación de la era Jim Crow y de tiempos anteriores, por lo general, estaban codificadas en las leyes estatales.
La Ley de Derecho al Voto se aprobó porque generaciones de personas afroamericanas lucharon durante décadas y organizaron un movimiento nacional que culminó en una serie de protestas y marchas que fueron enfrentadas con una violencia grotesca por parte de la policía en el sur del país. La injusticia fue tan evidente y extrema que una coalición en el Congreso de los dos partidos políticos se sintió obligada a actuar.
Los congresistas que votaron a favor de la Ley de Derecho al Voto hace 60 años pasaron a la historia como personas que han transformado nuestra democracia. Este año celebramos su legado. Ahora, algunos miembros del actual Congreso corren el riesgo de quedar marcados por la infamia. Deberían mirar a sus predecesores en busca inspiración y reconsiderar sus posturas actuales.
Traducción de Ana Lis Salotti
