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La semana pasada nos recuerda que la historia es raramente lineal, muchas veces aterradora y exige coraje y determinación para inclinar el universo hacia el lado de la justicia.
Unos 30 colegas representaron al Brennan Center en Selma y Montgomery, Alabama, en conmemoración del 60.° aniversario de lo que se conoció como el Domingo Sangriento, una marcha pacífica liderada por un joven John Lewis y reprimida con violencia por la policía y otros actores parapoliciales.
El ataque televisado provocó una gran indignación a nivel nacional, que se tradujo en la promulgación de la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) de 1965.
“La visita a Montgomery tuvo un significado especial no solo por el 60.° aniversario de la marcha, sino también por la escalada de nuevos intentos que buscan borrar y revertir el progreso logrado por las personas que cruzaron ese puente en 1965”, señaló Kareem Crayton, que lideró al grupo del Brennan Center mientras cruzaba el puente Edmund Pettus el domingo pasado.
La lucha por el voto de hoy en día no implica bastones de policía ni gruñidos de perros. Está, más bien, plasmada en leyes y legislación, dictámenes judiciales, despidos de funcionarios de seguridad electoral y ataques contra grupos de defensa del derecho al voto.
Se despliega en las salas de justicia, por supuesto: quienes intentan suprimir el voto están tratando de convencer a los tribunales federales de que las personas ciudadanas no pueden obtener una reparación judicial conforme a la Ley de Derecho al Voto si se viola su libertad de voto. Un tribunal federal de apelaciones ya ha suscrito a esta postura radical.
Lo vemos en los despidos: la nueva administración despidió al grupo entero de funcionarios de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) que trabajaron para proteger las elecciones de cualquier ataque, lo cual ahora puede abrirles el camino a los actores maliciosos internos o extranjeros que deseen manipular nuestro sistema de votación.
Hasta ocurre en las entrevistas de trabajo. A los candidatos que se presentan para ocupar un cargo alto en esta administración se les pregunta si creen en la Gran Mentira de que Donald Trump en realidad ganó los elecciones de 2020, una teoría conspirativa utilizada para justificar las restricciones electorales.
El ritmo parece estar acelerándose. Esta semana, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva contra una firma de abogados, Perkins Coie. La orden revoca la autorización de seguridad de sus empleados, les prohíbe la entrada a los edificios del gobierno federal y amenaza con investigar a cualquier compañía que contrate a la firma. Entre otras justificaciones, la orden cita el litigio que presentó Perkins Coie para detener iniciativas de supresión del voto.
Es difícil encontrar una aplicación más clara de un uso inapropiado de poder por parte del gobierno, que procura abiertamente callar la libertad de expresión y asustar a la comunidad jurídica para obligarla a dejar de defender el estado de derecho en los Estados Unidos.
Las restricciones electorales de hoy en día también pueden venir del recinto del Congreso. La Cámara de Representantes pronto votará la Ley SAVE (SAVE Act), que básicamente le exigiría a toda persona ciudadana presentar un pasaporte o certificado de nacimiento antes de registrarse (o volver a registrarse) para votar.
Al menos 21 millones de estadounidenses no tienen a mano estos documentos. La medida también eliminaría fundamentalmente el registro de votantes por internet y correo o a través de campañas de inscripción de votantes. Sería el peor proyecto de ley en cuestiones electorales que haya aprobado el Congreso en la historia.
El Congreso, en cambio, puede ofrecer una respuesta positiva. La semana pasada, el representante demócrata de Alabama, Terry Sewell, presentó una versión actualizada de la Ley para Promover el Derecho al Voto de John R. Lewis (John R. Lewis Voting Rights Advancement Act).
Esta legislación recuperaría toda la fuerza de la Ley de Derecho al Voto después de que la Corte Suprema la despedazó con su decisión en el caso Shelby County v. Holder. Aplicaría datos actuales para proteger el derecho al voto en todo el país. Esa es la forma correcta en que el Congreso debería abordar la votación: con datos concretos, no con miedo.
La actual lucha por el voto aún no nos llama a demostrar el coraje físico que mostraron aquellos héroes y heroínas sobre el puente Edmund Pettus hace 60 años. Los obstáculos que enfrentaban ellos eran mucho más graves que los de hoy en día. Pero igualmente nos llama a la acción.
Al final de la marcha desde Selma hasta Montgomery, el Dr. Martin Luther King Jr. habló frente a la Cámara de Representantes del estado de Alabama. En una parte menos recordada de ese extraordinario discurso, King explicó que el sistema Jim Crow estaba arraigado no solo en el racismo sino también en el crudo cálculo político y económico de la década de 1890 dominada por los llamados barones ladrones.
“La amenaza al libre ejercicio del voto de las masas negras, como así también de las masas blancas dio como resultado el establecimiento de una sociedad segregada”, afirmó King. “Segregaron el dinero del sur de los blancos ricos; segregaron la cultura del sur de los blancos ricos; segregaron las iglesias del sur del cristianismo; segregaron las mentes del sur del pensamiento honesto; y segregaron al negro de todo”.
King entendía que la lucha por el voto iba más allá de la cuestión técnica del sufragio y abarcaba la pregunta más amplia de qué tipo de gobierno teníamos y en qué clase de sociedad viviríamos. King se preguntó cuánto tiempo demoraría en llegar el progreso. “No mucho, porque ninguna mentira puede vivir para siempre”.
Traducción de Ana Lis Salotti.
