- Si se implementa, la orden ejecutiva podría privar del derecho al voto a millones de ciudadanos estadounidenses, comprometer la seguridad de datos personales confidenciales y afectar la administración de las elecciones en todo el país.
- Se han entablado muchas demandas que imputan la legalidad de este decreto ejecutivo sobre las elecciones, incluida una demanda por el Brennan Center y otros grupos que defienden los derechos electorales.
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El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva el martes pasado que se propone reformar ilegalmente aspectos importantes de los sistemas electorales del país y asumir el control de ellos. Afirmó tener autoridad unilateral extraordinaria para reglamentar las elecciones federales y usurpar las facultades del Congreso, los estados y una agencia federal bipartidista e independiente.
Esto va en contra de la Constitución y varias leyes federales. Si se implementa, la orden ejecutiva podría privar del derecho al voto a millones de ciudadanos estadounidenses, comprometer la seguridad de datos personales confidenciales y afectar la administración de las elecciones en todo el país.
Se produce en un momento en que el Congreso considera la ley Save Act (SAVE Act), una medida que limita el derecho al voto al exigir que los estadounidenses muestren documentos como un pasaporte o certificado de nacimiento a fin de inscribirse para votar. Estos esfuerzos se basan en afirmaciones falsas sobre la votación y las elecciones.
Se han entablado muchas demandas que imputan la legalidad de esta orden ejecutiva sobre las elecciones, incluida una demanda por el Brennan Center y otros grupos que defienden los derechos electorales.
¿Qué cambios implementaría la orde ejecutiva para las elecciones?
El propósito de la orden es forzar a las agencias federales y estatales, y a los funcionarios electorales locales a hacer diversos cambios a las normas y prácticas electorales en todo el país, lo que pondría el sistema electoral bajo el control presidencial.
Exigiría mostrar documentos
La orden exigiría que los ciudadanos muestren un pasaporte o documento similar a fin de inscribirse para votar. La limitada lista de documentos aceptables en el decreto significaría que la mayoría de los estadounidenses tendrían que presentar un pasaporte para inscribirse usando el formulario de inscripción por correo.
Solo la mitad de los estadounidenses tienen pasaporte, lo que pondría a millones de votantes que reúnen los requisitos en peligro de que se impida que voten. Estudios recientes indican que entre las personas estadounidenses jóvenes no blancas y de bajos ingresos hay una alta probabilidad de no tener acceso fácil a documentos como pasaportes y certificados de nacimiento. Además, millones de mujeres casadas que han cambiado de apellido quizá no tengan documentos de ciudadanía con su actual nombre legal.
Lo hace al dar instrucciones ilegales a la Comisión de Asistencia Electoral (Election Assistance Commission o EAC), agencia independiente y bipartidista que apoya la administración de elecciones, para que cambie el formulario federal de inscripción de votantes.
El presidente no solo carece de potestad para ordenar a la comisión que lo haga, sino que agregar ese requisito a un formulario federal iría en contra de las leyes federales y la Constitución. Los estados que no cumplan enfrentarían recortes en los fondos federales.
En general, estos requisitos innecesarios desanimarían o impedirían completamente que voten muchísimos estadounidenses que cumplen los requisitos. Hay muchos sistemas en vigor para asegurar que solo los ciudadanos estadounidenses emitan votos. Y ya es ilegal conforme a las leyes federales y estatales que voten quienes no son ciudadanos. No es de sorprender que, dados esos sistemas y las altas multas por incumplir esas leyes, prácticamente no haya casos de votación por parte de quienes no son ciudadanos.
Afectaría a votantes militares y en el extranjero
La orden también está dirigida a los estadounidenses que viven en el extranjero, incluido el personal militar en servicio en otros países. Da instrucciones al Departamento de Defensa para que agregue el formulario de inscripción usado por los votantes militares y en el extranjero (la Solicitud Federal por Postal o Federal Post Card Application) el requisito de mostrar los documentos, además del requisito adicional de mostrar que cumplen con los requisitos del estado donde desean votar. Estas cargas adicionales para los votantes militares y en el extranjero no solo son impracticas y, en el caso de muchos, imposibles, sino que son vergonzosas.
Cancelaría la certificación del sistema electoral
La orden forzaría a la Comisión de Asistencia Electoral (Election Assistance Commission) a quitarle la certificación a los sistemas de votación de todos los estados dentro de 180 días. Afirma que estos sistemas se podría volver a certificar bajo los nuevos estándares federales, pero no hay ningún sistema de votación existente en este momento que cumpla con este estándar, lo que deja a los estados sin manera viable de cumplir con él.
Esto podría costarles miles de millones de dólares a los estados, a las puertas de las elecciones de 2026. Los estados ya fueron afectados por las decisiones del gobierno previo de reducir el apoyo federal para la seguridad electoral. Es más: la orden se propone modificar las pautas federales que prohíben el uso de ciertas funciones de las máquinas para votar que se usan comúnmente en por lo menos 21 estados.
Daría al DOGE de Elon Musk acceso a los datos de votantes
La orden ejecutiva también otorgaría al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Elon Musk y el Departamento de Seguridad Nacional total acceso a las listas de votantes y la documentación de mantenimiento de los padrones electorales de cada estado. Estos documentos contienen información confidencial y privada sobre los ciudadanos estadounidenses, datos a los que no deben tener acceso actores y empresas no gubernamentales.
Permitir que el DOGE examine toda esa información confidencial sobre votantes crea graves peligros para la privacidad. El DOGE ya ha mostrado que no hay garantía alguna de que usará los datos debidamente.
Esta movida también daría paso a la interferencia en los padrones electorales y las elecciones. Es posible que los empleados del DOGE traten de usar el acceso a los archivos de votantes para afirmar que hubo fraude y erosionar la confianza pública en las elecciones. Quizá también traten de usar análisis errados de estos archivos de votantes para presionar a los estados a expurgar enérgicamente a votantes que efectivamente son ciudadanos estadounidenses.
Hubo amenazas similares antes de las elecciones de 2024 cuando grupos de observadores autodenominados vigilantes usaron datos erróneos para cuestionar que decenas de miles de estadounidenses inscritos que cumplían con los requisitos para votar en efecto podían hacerlo. El DOGE ha mostrado un alarmante nivel de errores en sus afirmaciones de fraude en el programa federal.
Forzaría cambios a los plazos de boletas estatales de votación por correo y en ausencia
Continuaría la campaña de hace años de ataques sin fundamento contra la votación por correo, al penalizar a cualquier estado que cuente boletas emitidas por correo que se reciban después del Día de las Elecciones. (Ordenaría a la Comisión de Asistencia Electoral a retener fondos).
El presidente no tiene la autoridad de imponer condiciones a los fondos asignados por el Congreso, ni mucho menos si los desembolsa la comisión bipartidista e independiente. La orden también da instrucciones al fiscal general para que tome medidas legales contra los estados que cuentan las boletas emitidas a tiempo, pero recibidas después del día de las elecciones.
Actualmente 18 estados —entre ellos Nevada, Ohio, Texas y Virginia— cuentan boletas que llegan después del Día de las Elecciones siempre que tengan el sello postal del día de las elecciones o antes. El presidente no tiene la autoridad para cambiar las leyes ni prácticas electorales de los estados.
Obligaría a los estados a cooperar
La orden ejecutiva trata de forzar a los estados a proporcionar información al Departamento de Justicia y cooperar con sus esfuerzos de procesar delitos electorales. Específicamente, la orden pide que el fiscal general retenga subvenciones y fondos, incluidos aquellos utilizados por la policía y otras agencias de la ley para sus fines, y de los estados que no cumplan con esta orden presidencial.
Sin embargo, los estados no tienen el derecho a compartirla, y el Departamento de Justicia no tiene el derecho a obtener cierta información que se contempla en la orden como la información confidencial sobre los votantes o las investigaciones estatales en curso. Además, varios tribunales han dictaminado que el presidente no puede imponer condiciones al desembolso de fondos asignados por el Congreso para fines policiales.
¿La orden ejecutiva es legal?
No, la orden claramente va en contra de leyes federales y la Constitución. El presidente no tiene autoridad para modificar unilateralmente las leyes electorales. Solo los estados y el Congreso pueden reglamentar las elecciones federales. La Cláusula de Elecciones de la Constitución de Estados Unidos dice que las normas para operar las elecciones federales “las prescribirá la Legislatura de cada estado” excepto que el “Congreso puede en cualquier momento hacer o modificar dichas regulaciones por ley”.
El presidente no tiene ninguna función en este plan constitucional (más allá de promulgar o vetar la legislación federal). Debido solamente a eso, está prácticamente garantizado que la orden fracase ante las cortes.
Además, el decreto excede en varios casos las facultades presidenciales. Para comenzar, el presidente no tiene ninguna autoridad sobre la Election Assistance Commission, una agencia federal bipartidista e independiente creada por el Congreso. No puede forzarla a modificar ningún formulario de inscripción de votantes, cambiar cómo certifica los sistemas de votación ni tomar ninguna otra medida descrita en la orden
Incluso si la agencia actuara sola, estaría prohibida por la ley agregar el requisito de que los ciudadanos estadounidenses presenten un pasaporte u otros documentos de ciudadanía a fin de inscribirse para votar.
Exigirlo incumpliría las leyes estatutarias federales y constitucionales: La Ley Nacional de Inscripción de Votantes (National Voter Registration Act) limita lo que se puede pedir en el formulario de inscripción de votantes para excluir documentos de ciudadanía, y la Constitución prohíbe las cargas indebidas que afecten el derecho al voto de los estadounidenses.
Además, el presidente no puede dar instrucciones a ninguna agencia federal para que retenga fondos asignados por el Congreso de los estados que no siguen sus órdenes. La Constitución declara que solo el Congreso tiene el poder de asignarlos. Es más, el presidente no tiene autoridad para dirigir las decisiones de la Election Assistance Commission, que es independiente y bipartidista. Asimismo, otorgar acceso al DOGE a datos de los archivos de votantes iría en contra de las leyes estatales y federales que protegen información privada.
En conclusión, la orden está repleto de aspectos ilegales que imposibilitarían su aplicación.
¿Esta orden ejecutiva es lo mismo que la ley SAVE Act?
De cierta manera coinciden las instrucciones del decreto ejecutivo de agregar el requisito de la prueba de ciudadanía al formulario federal de inscripción de votantes y la ley Save una medida que está pendiente ante el Congreso que exigiría que los estadounidenses presenten documentos como un pasaporte o certificado de nacimiento a fin de inscribirse para votar o volver a hacerlo. Si se promulga, la ley SAVE Act podría impediría que 21 millones de estadounidenses que carecen de fácil acceso a estos documentos se inscriban.
La orden ejecutiva difiere de la ley SAVE Act porque no necesariamente permite que los votantes muestren certificados de nacimiento como parte del requisito de presentar documentos.
Además, la ley SAVE, en efecto, eliminaría los métodos populares de inscripción de votantes, entre ellos la inscripción en línea y por correo, además de las campañas de inscripción de votantes, al forzar a las personas a presentarse personalmente en oficinas gubernamentales para mostrar sus documentos. Aparte de estas diferencias, tanto la orden ejecutiva como la ley SAVE Act podrían impedir que los ciudadanos estadounidenses se inscriban para votar.
La ley SAVE Act es muy impopular y ha sido atacada por informes sobre su impacto en los votantes que cumplen con los requisitos, incluidas las mujeres casadas cuyo actual apellido legal no es el mismo que figura en sus documentos de ciudadanía. Ahora el presidente trata de evadir al Congreso y al público al poner en vigor una versión de la ley SAVE Act en su orden.
No hay duda de que ciertas reformas podrían mejorar cómo se operan las elecciones estadounidenses o apoyar más a las personas que las operan. Pero los cambios de política que el presidente trata de promulgar ilegalmente por orden ejecutiva impedirían la votación de millones de ciudadanos de Estados Unidos que reúnen los requisitos y afectarían la administración de las elecciones en todo el país. Los tribunales no pueden permitir este decreto.
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