- La Cámara de Representantes marcha a toda velocidad hacia algo muy diferente: un proyecto de ley que restringiría la libertad del voto, que les impediría votar a millones de personas ciudadanas estadounidenses.
- Si se convierte en ley, sería el proyecto de ley de supresión del voto más significativo que haya aprobado el Congreso en su historia.
- Basta con que los senadores necesarios se opongan a someterlo a voto para ponerle fin a este proyecto.
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El recinto de la Cámara de Representantes ha sido el sitio de algunos de los mayores avances de la historia en cuanto a la libertad del voto.
Es donde Lyndon Johnson exhortó a aprobar la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act). Donde los legisladores votaron para eliminar los impuestos para votar e impulsar las enmiendas constitucionales que otorgaron el derecho al voto a las mujeres y a los jóvenes de 18 años.
Mientras escribo este artículo, la Cámara de Representantes marcha a toda velocidad hacia algo muy diferente: un proyecto de ley que restringiría la libertad del voto, que les impediría votar a millones de personas ciudadanas estadounidenses. Si se convierte en ley, sería el proyecto de ley de supresión del voto más significativo que haya aprobado el Congreso en su historia.
Este proyecto se llama Ley SAVE, o SAVE Act. Básicamente, le exigiría a la población estadounidense presentar un pasaporte o certificado de nacimiento para registrarse y votar. La investigación del Brennan Center demuestra que al menos 21 millones de votantes no tienen a mano esos papeles.
Y, por ejemplo, aproximadamente la mitad de toda la ciudadanía estadounidense no tiene pasaporte. (Pero ¿cómo se van a Francia en verano?). Y en cuanto al certificado de nacimiento, muchos lo tienen… pero no saben dónde está. (¿En una caja de zapatos? ¿En la casa de mi mamá?).
Y se pone peor. Decenas de millones de mujeres casadas se cambiaron el apellido; por lo tanto, el nombre que figura en sus certificados de nacimiento no coincide con su nombre legal actual. Se calcula que 8 de cada 10 mujeres casadas con un hombre usan el apellido de su esposo.
El proyecto de ley ha provocado la ira de las autoridades electorales de los dos partidos políticos, porque afectaría la forma en que registramos a votantes en los 50 estados. ¿El registro por correo o internet? Ya no más. Las campañas de registro de votantes quedarían funcionalmente eliminadas. El registro automático en las oficinas del DMV sería mucho más difícil.
En resumen, esta sería la peor ley electoral que haya aprobado el Congreso en toda su historia.
Se parece a la orden ejecutiva que firmó el presidente Trump la semana pasada y que busca intervenir el sistema electoral de los Estados Unidos mediante un edicto presidencial. Esa orden ejecutiva tiene muy poca validez legal; es rotundamente ilegal en la mayoría de sus detalles.
Esta mañana, el Brennan Center presentó una demanda para impedir su implementación, junto con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), la ACLU de D.C., el Fondo de Defensa Legal, LatinoJustice PRLDEF y la organización Asian Americans Advancing Justice (AAJC por sus siglas en inglés), en representación de la Liga de Mujeres Votantes y otros grupos.
Nada en la ley estadounidense dice que el presidente tiene la autoridad para cambiar las reglas electorales. La Constitución les otorga al Congreso y a los estados la facultad de establecer esas reglas. El Congreso ha delegado parte de su autoridad a la Comisión de Asistencia Electoral (EAC por sus siglas en inglés), crucialmente creada como una entidad independiente y bipartidaria, precisamente para prevenir este tipo de manipulaciones.
La orden ejecutiva de Trump básicamente les permitiría registrarse para votar solo a aquellas personas que tengan pasaporte; parece que ni siquiera un certificado de nacimiento es suficiente. También inhabilitaría casi todas las máquinas de votación utilizadas en los Estados Unidos. Pero, vale repetirlo: nada de todo esto tiene validez legal, porque el presidente no posee la autoridad de exigirle a un organismo independiente como la EAC que cumpla con lo que él le ordena.
Y, sí, además, esta orden haría que los estados le otorguen al equipo de DOGE de Elon Musk acceso a los padrones electorales. Expondría un enorme volumen de información privada al equipo de Musk sin las correctas salvaguardas.
Seguro el personal de DOGE realizará anuncios grandilocuentes de fraude, solo para demostrar luego que, en realidad, no comprenden la mayor parte de lo que evalúan, igual que lo han hecho con las auditorías plagadas de errores que efectuaron sobre los gastos del gobierno.
Todo esto es un desastre: destructivo, descuidado, innecesario. (Pregúntenme cómo me siento realmente). Durante los debates en el Congreso, oiremos decir que la Ley SAVE es necesaria para la integridad de las elecciones. Qué tontería. Los estados implementan numerosos sistemas que garantizan que solo puedan votar las personas ciudadanas. Toda alegación de un fraude masivo es un mito, nada más.
También oiremos decir que no es más que un proyecto de ley para “la identificación de votantes”. Más tonterías. Según las disposiciones de este proyecto de ley, presentar una licencia de conducir común y corriente no sería suficiente para registrarse para votar. Solo un documento como un pasaporte o un certificado de nacimiento.
No, el motivo por el cual el Congreso está siquiera considerando esta ley de supresión del voto desacertada es porque Donald Trump lo exige. Refleja su constante alegación de que las elecciones de 2020 fueron un robo. Se aprovecha de miedos injustificados sin hacer nada para mejorar, de veras, la seguridad de las elecciones.
El Congreso debe ponerse firme. Los senadores deben saberlo: este proyecto de ley llegará a sus manos. Basta con que los senadores necesarios se opongan a someterlo a voto para ponerle fin a este proyecto. Deben estar preparados para hacerlo.
En 1965, el Congreso aprobó una legislación de derecho al voto después de ver el video donde golpeaban a John Lewis en Selma, Alabama. El Congreso respondió asumiendo un compromiso con la justicia. Esta vez, el Congreso actuaría en apoyo a una teoría conspirativa. Decenas de millones de ciudadanos estadounidenses pagarían el precio.
Traducción de Ana Lis Salotti
