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La reforma de la Corte Suprema es un tema al que le ha llegado la hora.
En 2021, el presidente Biden me nombró miembro de la Comisión Presidencial sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos. Al comienzo, se nos instruyó públicamente no sacar conclusiones y no lo hicimos. (Por fin, una agencia gubernamental que funciona).
Oímos el testimonio de docenas de testigos públicos; 17 tan solo el primer día. No estuvieron de acuerdo en muchas cosas. Pero uno tras otro, tanto testigos conservadores como progresistas dijeron, casi sin pensarlo, que por supuesto que apoyaban los límites en el período de mandato de la Corte Suprema. Reflejaba un consenso nacional naciente.
Aun así, nuestro informe final recibió poco más que un escueto reconocimiento de la Casa Blanca. Por eso mismo, el elocuente llamamiento que ha hecho Biden a favor de una reforma de la Corte Suprema parece aún más sorprendente. En un artículo de opinión que escribió en el Washington Post, Biden declaró: "Lo que está pasando en este momento no es normal y socava la confianza del público en las decisiones de la Corte, incluso aquellas que afectan las libertades personales. Nos encontramos ante una ruptura".
¿Qué cambió? La Corte Suprema tiene un poder inmenso y una ínfima rendición de cuentas. La confianza del público se hundió al punto más bajo que se haya registrado en la historia. La Corte está plagada de controversias de corrupción. Y su dictamen en la causa Trump v. United States que da al presidente amplia inmunidad penal permitirá comportamientos ilícitos en el poder ejecutivo a una escala sin precedentes.
Biden le dio su respaldo a la idea de imponer un límite de 18 años en el mandato de los magistrados, con un nombramiento periódico cada dos años. Urgió por aplicar reglas éticas vinculantes para la Corte Suprema y así remplazar el inútil código de ética que publicó la Corte por internet precipitadamente el año pasado. Y abogó por una enmienda constitucional para anular la terrible decisión sobre la inmunidad presidencial.
En muchos aspectos, estas son ideas conservadoras. Los límites en el período de mandato se basan en una premisa fundacional en torno a la rendición de cuentas: nadie debería acumular demasiado poder durante demasiado tiempo. George Washington nos enseñó eso cuando se retiró del poder después de dos mandatos.
Un código de ética vinculante, que es obligatorio cumplir, nos confirma que nadie es tan sabio como para ser juez en su propio juicio. Y la enmienda constitucional nos devolvería la noción que permaneció intacta durante dos siglos: los presidentes no son reyes, y nadie está por encima de la ley. Este paquete de reformas contundente podría salvar a la Corte Suprema de sí misma.
Esta reforma ahora se convertirá en un tema público central de aquí en adelante. La vicepresidenta Harris, candidata para suceder a Biden, respaldó la iniciativa. Nadie espera que los cambios ocurran este año. Pero, si los astros políticos se alinean después de las elecciones de noviembre, como formula Politico, las cosas podrían cambiar con rapidez.
Como era de esperar, este nuevo llamamiento a favor de la reforma ha provocado críticas. Ayer el Wall Street Journal lo clasificó como un "ataque político". Hoy lo clasificaron de "radical". ¿Quién sabe cómo lo clasificarán mañana?
En realidad, está surgiendo un amplio consenso a favor de los límites en el período de mandato de la Corte Suprema. Muy pocas políticas tienen un atractivo bipartidista tan duradero como esta. De acuerdo con una encuesta reciente efectuada por Fox News, el 78 por ciento de las personas estadounidenses apoya la idea, un aumento con respecto al 66 por ciento observado en 2022. Hace unos años, el Centro Nacional de la Constitución reunió a un grupo de académicos progresistas y conservadores para que presentaran ideas antagonistas sobre cómo reformar la Corte Suprema. Los dos grupos apoyaron los límites en el mandato.
También los apoyó John Roberts. Mientras trabajaba como abogado de la Casa Blanca, Roberts escribió que los límites en el período de mandato "asegurarían que los jueces federales no pierdan todo su contacto con la realidad por permanecer en sus torres de marfil durante décadas" y que "también brindarían una mayor rotación y más periódica entre los jueces. Ambos acontecimientos serían, en mi opinión, saludables". De hecho, la idea fue propuesta por primera vez en 2002 por uno de los fundadores de la Federalist Society, Steven Calabresi, en un artículo escrito en conjunto con el académico liberal especialista en derecho constitucional Akhil Reed Amar.
Hoy en día, nadie tiene la ilusión de que un apoyo público bipartidista vaya a traducirse en la ruptura de la división partidista que existe en el Congreso. Pero, si el apoyo del público es lo suficientemente fuerte, puede presionar al sistema político para que responda.
Un crítico, miembro colega de la comisión, advierte que este plan no es más que una reformulación del espantoso intento de aumentar la cantidad de magistrados de la Corte. La junta editorial del Wall Street Journal lo llama "un intento de golpear a la Corte". Pero este chiste zonzo revela sin querer la verdad. Esta idea no se trata de un aumento vengativo de la cantidad de miembros de la Corte diseñado simplemente para superar a los magistrados conservadores, lo cual luego podría ser seguido por otro aumento de la cantidad de magistrados para ganarles a los liberales, y así sucesivamente. Sino que es un modo basado en principios sólidos para hacer que la Corte se alinee con nuestro país cambiante. También alinearía a la Corte con lo que ya hacen las cortes supremas de todos los estados menos uno, por ejemplo.
Los límites en el mandato de los magistrados pueden promulgarse mediante una enmienda constitucional, es verdad, pero también pueden promulgarse por ley. Como lo explica en la revista Time otro miembro colega de la comisión, el académico experto en derecho constitucional Kermit Roosevelt III, el Congreso tiene la facultad de crear magistraturas sénior con responsabilidades diferentes y limitadas, y la justicia, incluida la Corte Suprema, ha confirmado ese poder.
Una versión de la propuesta aplicaría la reforma a los magistrados actuales. Como lo dice Roosevelt en su ensayo, "David Souter, Anthony Kennedy y Stephen Breyer aún siguen siendo magistrados de la Corte Suprema, aunque se hayan retirado. Ninguno ha dejado su despacho". Otra versión la aplicaría solamente a nuevos magistrados y le daría al presidente el poder de realizar un nombramiento cada dos años. Aún se deben finalizar los detalles (como, por ejemplo, si se aplicaría a los magistrados actuales o únicamente a los futuros).
Hay quienes dicen que todo esto politizará la Corte. Considérenme impactado, impactadoque las nominaciones de la Corte Suprema sean una cuestión política. Todos sabemos lo intensas, tóxicas y partidistas que se han vuelto las batallas por las nominaciones para la Corte Suprema. Es habitual que ahora las nominaciones de los magistrados pasen raspando con una votación que sigue la línea de cada partido. La legendaria periodista del New York Times Linda Greenhouse lo dijo muy bien: "Con la precisión de un golpe de un dron, los tres magistrados nombrados por el presidente Donald Trump y fortalecidos durante su confirmación por Mitch McConnell, el entonces líder de la mayoría, están haciendo exactamente lo que fueron enviados a la Corte a hacer".
Los límites en el período de mandato y los nombramientos periódicos ayudarían a drenar la toxicidad del proceso de confirmación de magistrados. Cada nominación tendría menos importancia. Si una persona candidata sintiera necesario sugerir los nombres de quiénes nombraría por adelantado, ¿qué tiene de malo? Trump anunció que solo nombraría a magistrados de una lista que le habían dado la Federalist Society y la Heritage Foundation. (Sí, la misma Heritage Foundation que publicó el notorio Proyecto 2025, del que Trump ahora afirma nunca haber oído).
Al fin y al cabo, todo esto convierte a la reforma de la Corte Suprema en un tema central de aquí en adelante. El nuevo Centro Kohlberg sobre la Corte Suprema de los EE. UU. que acaba de lanzar el Brennan Center aportará una importante profundidad a los debates sobre un tema que dista de ser nuevo.
La Corte y su función han sido temas políticos centrales en numerosas ocasiones. El escándalo que provocó la causa Dred Scott llevó a Abraham Lincoln y al entonces nuevo partido republicano a la Casa Blanca. Theodore Roosevelt hizo campaña contra una serie de dictámenes reaccionarios y alentó a una reforma durante su candidatura de 1912. Muchos políticos conservadores, desde Richard Nixon hasta Ronald Reagan y Donald Trump, prometieron reformar la Corte.
En resumidas cuentas, este tema no es una distracción de otros debates políticos urgentes, como algunos argumentan. El electorado saldrá a votar este año en gran parte motivado por su opinión sobre algunos dictámenes como el caso Dobbs, que anuló la garantía constitucional de la libertad reproductiva. Los candidatos harán promesas sobre qué tipo de magistrado nombrarían, y así lo deben hacer. Pero la reforma de una institución pública corrupta que no responde por sus actos también debe ser parte del debate. Como ha ocurrido en todo momento de peligro y progreso para la democracia estadounidense, en 2024 el tema de la Corte Suprema estará en la boleta electoral.
Traducción de Ana Lis Salotti.
