- Aunque el término “cárteles” evoca en el imaginario popular a los narcotraficantes, la orden ejecutiva es imprecisa en cuanto a quiénes serán precisamente los afectados.
- Lo que es peor, el alcance de estas medidas inevitablemente atrapará e infligirá daños devastadores a un gran número de personas tanto migrantes como ciudadanas o residentes estadounidenses, quienes tienen poca o nula conexión al narcotráfico o el tráfico de personas, y mucho menos al terrorismo.
Este artículo fue publicado inicialmente en Just Security.
Suscríbete aquí al boletín informativo del Brennan Center en español
Una de las órdenes ejecutivas que el presidente Donald Trump emitió el 20 de enero, su primer día de mandato, exige al secretario de estado identificar “algunos cárteles transnacionales (los Cárteles) y otras organizaciones” que deberían ser designadas como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) o terroristas globales especialmente designados (SDGT, por sus siglas en inglés).
Una designación FTO requiere comprobar que una organización es (a) extranjera, (b) participa en terrorismo, actividad terrorista o apoyo material al terrorismo, o tiene la habilidad y la intención de hacerlo y (c) amenaza a la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos. Una designación SDGT es similar, y las listas FTO y SDGT coinciden bastante.
Aunque el término “cárteles” evoca en el imaginario popular a los narcotraficantes, la orden ejecutiva es imprecisa en cuanto a quiénes serán precisamente los afectados. Describe a “los cárteles” como quienes “inundaron a los Estados Unidos con narcóticos mortales, criminales violentos y pandillas viciosas” y que contralan “casi todo el tráfico ilegal a través de la frontera sur con los Estados Unidos”.
Informes sugieren que mientras algunos cárteles todavía tienen un control significativo del narcotráfico, otros se han diversificado para incluir o hasta enfocarse casi exclusivamente en el tráfico ilícito de migrantes. Las recomendaciones del secretario, las cuales tienen plazo de entrega el lunes 3 febrero no se han divulgado públicamente. Aún está por verse si las actividades de los cárteles identificados realmente cumplen con las amplias definiciones legales de actividad terrorista y terrorismo.
Incluir a los cárteles extranjeros bajo el manto del terrorismo puede parecer atractivo. La fácil disponibilidad de los narcóticos potentes ha causado un sufrimiento enorme, y los cárteles han infligido atrocidades sobre decenas de migrantes en condición vulnerable. Pero tratar a los cárteles como terroristas es innecesario para atender la amenaza que suponen.
En efecto, puede ser contraproducente. (Ampliaremos esta idea a continuación). Lo que es peor, el alcance de estas medidas inevitablemente atrapará e infligirá daños devastadores a un gran número de personas tanto migrantes como ciudadanas o residentes estadounidenses, quienes tienen poca o nula conexión al narcotráfico o el tráfico de personas, y mucho menos al terrorismo.
Entender por qué requiere estar familiarizado con la amplia red que se despliega con la designación FTO. Para empezar, es ilegal que un individuo proporcione “apoyo material o recursos” a una organización terrorista extranjera si la persona sabe que el receptor es una FTO. Sin más contexto, esto puede parecer apropiado y útil.
Pero el alcance del “apoyo material” se ha interpretado ampliamente y acapara “entrenamiento, servicios financieros, asesoría o asistencia de expertos y dotación”. Puede abarcar una serie de actividades que no tienen nada que ver con promover el terrorismo, ni siquiera con las actividades de los cárteles, pero sí con atacar a los más vulnerables.
Quienes buscan asilo, por ejemplo, frecuentemente no tienen otra alternativa que pagar dinero a los cárteles que mantienen un control brutal sobre el flujo de migrantes. Por ahora, Trump ha suspendido totalmente el sistema de asilo. Pero si se reinicia, y se descubre que un individuo ha pagado a un grupo que sabe ha sido designado como una organización terrorista extranjera por el gobierno de los Estados Unidos, puede ser considerado financiador de terroristas, procesado bajo la ley y declarado permanentemente inadmisible.
El riesgo para las iglesias, sinagogas y bancos de comida
Las iglesias, sinagogas, bancos de comida y otras organizaciones que proveen servicios a las comunidades migrantes pueden estar en peligro también, dado el amplio alcance de la designación FTO y los estatutos sobre el apoyo material al terrorismo. Si un migrante busca ayuda y el grupo que lo asiste descubre que él o ella cruzó la frontera con un traficante de migrantes, la organización puede arriesgarse a enfrentar un proceso judicial o a que sus activos sean congelados en el trascurso de una investigación, privándolos efectivamente de recursos.
Los grupos de intervención y desviación enfocados en pandillas que trabajan directamente con personas involucradas en pandillas para alejarlos de tales actividades al proveer empleo, educación financiera, consejería, recreación y otros servicios de apoyo también podrían ser objeto de ataques. En la historia se han utilizado las leyes de financiamiento al terrorismo en contra de organizaciones caritativas, lo cual indica que esto es más que una posibilidad remota.
Independientemente de si las autoridades federales decidan perseguirlas o no, el simple temor a que lo hagan podría disuadir a estas organizaciones e individuos a continuar con sus iniciativas cruciales y asistir a los miembros en riesgo de sus comunidades.
Los cárteles también controlan una parte del narcotráfico dentro de los Estados Unidos. Esto significa que consumidores de drogas que le compran a un miembro de una “organización terrorista extranjera” están expuestos a un proceso judicial por apoyo material al terrorismo.
Dadas las inequidades raciales en la implementación de las políticas sobre drogas, es probable que estos procesos judiciales impacten a las personas afrodescendientes y de ascendencia latina de forma desproporcionada. Además, si las organizaciones designadas como FTOs están sujetas al régimen de gobierno sobre listas de vigilancia de sospechosos de terrorismo, cualquier familiar o “asociado conocido” de las personas tachadas de terroristas puede ser sujeto de actividades de inteligencia e investigación.
Este régimen, el cual ha fomentado un sesgo muy bien documentado, tiene el potencial de capturar a miles de personas dentro de Estados Unidos —ciudadanos o no— que no tienen nada que ver con el narcotráfico o el terrorismo, basándose en una simple coincidencia bajo estándares probatorios cuestionables.
Ponerle la etiqueta de terrorismo a los cárteles también supone más justificaciones retoricas para impulsar la militarización de la frontera, mientras se eleva la importancia de los cárteles al conectarlos con el terrorismo en el imaginario de las personas.
Desde el 9/11, las personas estadounidenses se han acostumbrado a la noción de que el terrorismo internacional deber ser contrarrestado principalmente por medio de la fuerza militar, a pesar de extensos esfuerzos de organizaciones constructoras de paz y otros por atender las causas subyacentes, y así tener un impacto más sostenible.
Si las personas creen que hay organizaciones terroristas concentradas en la frontera sur del país, son mucho más propensas a aceptar el marco de “invasión” con el cual Trump califica a la migración irregular. Este término lo ha utilizado insistente y repetidamente la Administración y podría activar facultades constitucionales de guerra. Este marco también ayudaría a validar la afirmación de Trump de que hay terroristas rebasando la frontera sur —una afirmación que no tiene bases verídicas— y hasta podría ayudar a acaparar apoyo popular para emprender una campaña militar, como se contempló en una de las órdenes de Trump del 20 de enero.
La orden sobre los cárteles adquiere una mayor relevancia cuando se combina con otra orden ejecutiva que instruye al secretario de defensa y seguridad nacional a expandir el Centro de Operativos Migratorios, un centro de detención de migrantes en la Base Naval de Guantánamo, para albergar a “extranjeros criminales de alta prioridad presentes en los Estados Unidos”. El término “extranjeros criminales” está diseñado para sonar ominoso, pero se refiere a un no ciudadano que ha cometido cualquier infracción penal, lo cual incluye un amplio rango de actividades.
No es difícil imaginar que una persona no ciudadana que comete un delito menor relacionado con las drogas, que se pueda vincular a un cártel —si la persona sabe, posiblemente, que el cártel es una organización terrorista extranjera, sería objetivo de una acusación por apoyo material, designada como de “alta prioridad” e identificada para ser transferida a Guantánamo (si es que se amplía la capacidad de la instalación).
De hecho, ayer los medios reportaron que ya se estaban realizando los primeros vuelos con migrantes a Guantánamo. Las condiciones en el centro de migrantes en Guantánamo han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos. Además, la detención en Guantánamo podría complicar bastamente la capacidad de los migrantes para ejercer sus derechos legales. (Una señal de lo cambiante que está la situación es que el secretario de defensa Pete Hegseth ha indicado que algunas personas deportadas pueden estar detenidas en instalaciones de Guantánamo controladas por el ejército, lo cual plantea más problemas legales sustanciales).
Hay bastantes facultades legales existentes para abordar el narcotráfico
Finalmente, las agencias federales de seguridad pública ya tienen amplias facultades legales para abordar el tráfico y la venta de drogas. Además de un grupo de leyes que pueden ser utilizadas para afectar la producción y tráfico de drogas ilícitas, la Ley Kingpin de 1999 autoriza al presidente —en coordinación con varias agencias federales— a imponer sanciones severas y multas civiles o penales a narcotraficantes internacionales.
Pero la orden ejecutiva de Trump sobre los cárteles también declara una emergencia nacional bajo la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés). La orden exige al secretario de seguridad nacional y al fiscal general preparar la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Las sanciones bajo la IEEPA a los cárteles son completamente innecesarias: la facultad para sancionar a los cárteles ya existe bajo varias declaraciones existentes de la IEEPA, incluyendo la que se emitió en 2021 por el presidente Joe Biden.
Y la Ley de Enemigos Extranjeros tampoco le daría al presidente herramientas más fuertes para abordar el narcotráfico. Dejando a un lado la cuestionable constitucionalidad de la ley, la cual permite la detención y deportación de personas no ciudadanas basándose solamente en su ascendencia, y sin nada que se acerque al debido proceso, la ley no tiene ningún vínculo a la actividad terrorista. Se puede disponer de la ley solo durante una guerra declarada o invasión perpetrada por un gobierno o nación extranjera, no por una organización terrorista extranjera.
En particular, investigaciones del Cato Institute demuestran que la estrategia más efectiva contra la plaga de las drogas sería reducir la demanda nacional, incluyendo los tratamientos para la adicción, en vez de atacar a los cárteles extranjeros. De hecho, según el estudio de Cato, las restricciones de viajes durante el primer mandato de Trump llevaron directamente a un alza en la producción y tráfico de fentanilo al incentivar la producción de un narcótico mucho más potente y que generara el mismo efecto que la heroína, con una fracción de la dosis, reduciendo significativamente la cantidad de viajes de contrabando necesarios.
Y la mayoría del fentanilo que pasa por los puertos de entrada lo transportan ciudadanos estadounidenses, no los cárteles o migrantes que cruzan irregularmente. Esto sugiere que utilizar el marco del terrorismo servirá muy poco para resolver el problema.
Es posible que aprendamos en los próximos días o semanas sobre las designaciones específicas. Sin embargo, al final del día, en gran medida, son irrelevantes. En cambio, es crucial que denunciemos estas órdenes por lo que son: no un aporte a la seguridad pública, sino una hebra más en una red que podría atrapar a millones de personas.
Traducción de Laura Gómez
