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Edna Courville era una niña negra que creció en Luisiana en la era Jim Crow cuando vio cómo a sus padres les hicieron pagar un impuesto de $2 para votar y recitar el preámbulo de la Constitución antes de emitir su voto.
Las tácticas racistas utilizadas en ese entonces para privarle al electorado minoritario de su derecho al voto no hicieron más que impregnarle en las venas el deseo de votar apenas Courville cumplió los 18 años. Hoy, siendo abuela residente del condado costero de Galveston en Texas, Courville es parte de una coalición multirracial de votantes que lucha contra una herramienta diferente y más precisa de discriminación racial: la manipulación de distritos electorales.
Durante el ciclo de redistribución de distritos de 2021, el Tribunal de Comisionados, el órgano que gobierna el condado, dominado por una mayoría blanca, reconfiguró los límites de sus distritos de modo tal que fraccionó el único distrito donde las comunidades votantes negras y latinas eran mayoría y las repartió entre los otros tres distritos.
El resultado produjo una mayoría blanca en cada uno de los cuatro distritos, lo cual excluyó eficazmente a las minorías de poder elegir a su candidato de preferencia. El único voto en contra de este mapa manipulado provino de Stephen Holmes, en ese momento el único comisionado negro de minoría del tribunal.
“Destruyeron muy bien el Distrito 3”, se quejó Courville hablando de su antiguo distrito en una entrevista. “Ahora no tenemos representación”.
Como respuesta a los nuevos límites de distritos, algunos votantes de raza negra y también votantes de origen latino, entre ellos, Courville, varios grupos locales de defensa de los derechos civiles como la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) y la LULAC (The League of United Latin American Citizens), y el Departamento de Justicia presentaron una demanda en un tribunal federal. La parte demandante alega que el mapa del condado viola la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto, que es una de las herramientas más indispensables para proteger a las comunidades no blancas de la discriminación.
Actualmente, el caso se encuentra bajo consideración del Tribunal Federal de Apelaciones para el Quinto Circuito. En lugar de evaluar los méritos del mapa en sí, este tribunal está estudiando la posibilidad de adoptar una interpretación nueva y muy reducida de la Ley de Derecho al Voto que solo permitiría demandas por discriminación racial de votantes de un único grupo racial. Esa decisión cerraría las puertas del tribunal para desafíos como el del distrito de Courville en donde tanto los votantes de las comunidades negras y latinas están siendo perjudicados. Con la decisión también está en riesgo que el mapa manipulado se mantenga.
El debate en Galveston se trata de una representación justa e igualitaria, una lucha intensa en nuestro país durante generaciones. También se trata de uno de los peores impulsos de nuestra nación que nos dejan muy lejos de cumplir con la promesa de la Ley del Derecho al Voto, una de las leyes más importantes sobre derechos civiles de nuestra historia.
El condado de Galveston arrastra un duro legado de discriminación racial. Fue el puerto de comercio de esclavos más grande de EE. UU. al oeste de Nueva Orleans. Fue también el sitio donde se originó la celebración de Juneteenth, o el Día de la Liberación, cuando las últimas personas esclavizadas en uno de los rincones más recónditos de la antigua Confederación supieron que eran libres el día 19 de junio de 1865. Ese día, el general mayor de la Unión Gordon Granger llegó a Galveston para informarle a la población esclava de Texas que “todos los esclavos eran libres”.
Se cree que él leyó en voz alta desde el balcón de un hotel local la orden con la que se implementó la Proclamación de Emancipación que declara “igualdad absoluta de derechos personales y derechos de propiedad entre antiguos amos y esclavos”.
La complicada historia de Galveston también se extiende al proceso de distribución de distritos electorales. Tanto en 1992 como en 2012, el Departamento de Justicia tuvo que intervenir para impedirle al condado que promulgara mapas que discriminaban contra comunidades minoritarias conforme a la Sección 5 de la Ley del Derecho al Voto, que requería que las jurisdicciones con una larga historia de discriminación racial tuvieran que obtener la aprobación del gobierno federal antes de realizar cambios en el proceso de votación, un requisito conocido como aprobación previa.
“Muchas personas han muerto, han dado la vida para que tengamos la oportunidad de tener el derecho al voto y votar a nuestro candidato o candidata de preferencia”, resaltó este mes en una entrevista Patricia Toliver, una de las demandantes negras de la causa que vive en Galveston desde hace 75 años. “No lo permitiremos”.
“Es hora de alzar la voz”, insistió.
“Un lugar en la mesa”
Durante casi 30 años, las comunidades negras y latinas votaron en solidaridad como plena mayoría en el Distrito 3 y, así, ciclo tras ciclo, elegían al único comisionado negro del Tribunal de Comisionados. Holmes, que ha representado al Distrito 3 desde 1999 y ha sido reelegido por cuatro mandatos consecutivos, es el segundo comisionado negro en la historia del tribunal. El primero, Wayne Johnson, obtuvo su cargo en el tribunal en 1988.
“Este cargo se creó para que podamos tener un lugar en la mesa”, indicó Lucille McGaskey, otra de las partes demandantes de la causa que creció en una familia militar negra y vivió en muchas partes del país antes de instalarse en Texas City, sobre la costa suroeste de la bahía de Galveston. Ella ha pasado la mayor parte de su vida en el condado de Galveston.
“Este cargo ha existido durante más de 30 años, entonces ¿por qué, de repente, ya no es viable?”, preguntó retóricamente.
Antes del último ciclo de distribución de distritos electorales, el Distrito 3 se ubicaba en el centro del condado de Galveston, llegaba hasta Dickinson en el norte y abarcaba la parte central de la isla de barrera en la parte sur.
Bajo este perímetro, las comunidades votantes negras y latinas representaban juntas la mayoría de la población total del distrito (el 58 por ciento).
El nuevo Distrito 3, que ahora está concentrado en la parte norte del condado, redujo la proporción de votantes de raza negra y de origen latino a un 28 por ciento. Y en los otros tres distritos con este nuevo mapa, el segmento negro y latino de la población no alcanza el 35 por ciento.
En octubre de 2023, un juez de primera instancia nombrado por Trump se pronunció a favor de la parte demandante cuando declaró que el mapa le negaba al electorado negro y latino su derecho al voto igualitario. El juez de distrito Jeffrey Vincent Brown describió al nuevo mapa como “malintencionado” y como la “destrucción” del Distrito 3.
Esa decisión fue confirmada condicionalmente en noviembre por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que le pidió a todo el Tribunal del Quinto Circuito que evaluara el caso para reconsiderar el precedente de permitir que las coaliciones multirraciales puedan presentar demandas según la Ley de Derecho al Voto. El Tribunal del Quinto Circuito, con todos sus jueces presentes, oyeron los alegatos el mes pasado.
En un escrito de amicus curiae, o amigo de la corte, el Brennan Center, junto con el Fondo Asiático Americano para la Educación y Defensa Jurídica (AALDEF por sus siglas en inglés), afirmaron que el quid de la cuestión “no se trata de determinar si una minoría votante de una clase comparte su identidad con otra, sino si a un grupo minoritario cohesivo se le ha negado el derecho al voto por cuestiones de raza”.
Prohibir demandas conjuntas de distintas coaliciones restringiría efectivamente la aplicación de la Sección 2 y debilitaría aún más la Ley de Derecho al Voto, que ha estado bajo el ataque de la Corte Suprema durante las últimas décadas.
“Cuando dicen que somos diferentes, ¿en qué somos diferentes? Tenemos los mismos intereses. Trabajamos juntos”, indicó McGaskey como respuesta al argumento de que las diferencias de identidad racial descalifican el caso.
Muchos votantes minoritarios del condado de Galveston afirman que tienen una comunidad “entretejida”, como la ve Courville, y que la están acorralando, dejando a todas las personas —negras y latinas por igual— sin la representación que prefieren.
Para Robert Quintero, residente hispano de Galveston, el impacto de perder a Holmes como comisionado significa que su comunidad va a perder a “un representante que refleja nuestra comunidad”, declaró durante el juicio en agosto. Quintero describió a Holmes como “alguien que se identifica con nuestras dificultades, nuestras luchas y nuestros obstáculos”.
“¿Por qué nos quieren quitar eso? Allí tenemos un distrito electoral que nos asegura contar con un representante minoritario en el Tribunal de Comisionados y básicamente… nos lo quitaron”, le señaló al tribunal.
Una lucha mucho más amplia por el poder político de las minorías
La obvia disolución del Distrito 3 es parte de una historia mucho más amplia que refleja la cara cambiante de los Estados Unidos, al igual que la dura resistencia que se opone a este progreso. Durante las últimas décadas y a un ritmo cada vez más veloz, las comunidades no blancas han sido las responsables del crecimiento de la población de todo el país. Pero esta diversificación de nuestro país —y de nuestra democracia— ha sido contrarrestada por una dilución del voto minoritario, una discriminación racial y una exclusión sistemática de las minorías raciales del proceso electoral y la representación.
Las tácticas agresivas que buscan reducir el poder político creciente de las comunidades no blancas, algunas con una precisión quirúrgica, no son nuevas. Pero se han vuelto imparables y mucho más difíciles de objetar desde la decisión de 2013 de la Corte Suprema en la causa Shelby County v. Holder, que efectivamente eliminó las protecciones que ofrecía la Ley del Derecho al Voto con su requisito de aprobación previa.
Estos intentos han sido reforzados aún más por la falta de voluntad de la Corte Suprema de ver la discriminación racial en una de sus formas más obvias. El mes pasado, la supermayoría conservadora del máximo tribunal del país confirmó la validez de un mapa congresual manipulado en Carolina del Sur, el mismo mapa que un tribunal inferior había dictaminado como racialmente discriminatorio por “blanquear” al electorado negro de la región.
En la causa Alexander v. South Carolina NAACP, la Corte Suprema tomó partido a favor de los legisladores republicanos que alegaban que sus motivaciones detrás de los mapas que trazaron eran partidistas y no obedecían a un intento inconstitucional de discriminación racial.
En Galveston, un sitio que tiene una enorme significancia en la lucha constante por la igualdad racial, a las comunidades negras y latinas se les está quitando poder desde hace décadas. La idea de eliminar un distrito cuya mayoría son minorías raciales en el mismo sitio donde surgió Juneteenth, el feriado histórico que conmemora el fin formal de la esclavitud y la resiliencia del pueblo afroamericano, es demasiado chocante.
Cuando le preguntaron la significancia de Juneteenth de cara a su aniversario de este año, McGaskey se dirigió directamente al Tribunal de Comisionados y afirmó: “No tenemos que hablar de la esclavitud, tan solo hay que hablar de las injusticias que están ocurriendo hoy en día”.
Traducción de Ana Lis Salotti.
