Esta columna se publicó originalmente en La Opinión.
En años recientes, a medida que el país se ha vuelto más diverso, muchos estados han aprobado leyes que restringen el voto con el pretexto de evitar el fraude electoral. La realidad es que existen pruebas muy concluyentes que ese tipo de fraude es muy poco común y las restricciones afectan desproporcionadamente a los latinos y otros votantes no blancos en un momento en que aumenta su proporción en el electorado.
Pero los ataques al derecho al voto no provienen solamente de legisladores electos.
El más reciente se produjo hace pocas semanas, no en una legislatura estatal sino en una corte y, si se afirma, podría ser un golpe devastador: un tribunal federal de apelación en St. Louis falló en un caso de Arkansas que las personas particulares y grupos de derechos civiles están prohibidos de entablar demandas bajo la Ley del Derecho al Voto (Voting Rights Act) que cuestionan prácticas electorales y de votación que discriminan contra los votantes debido a su raza u origen étnico. La corte dijo que solo el gobierno federal puede presentar dichas acciones.
En otras palabras, los votantes no blancos que enfrentan leyes discriminatorias o decisiones sobre distritos electorales que debilitan el poder de su voto dependerían del Departamento de Justicia de Estados Unidos a que tome medidas al respecto. Si el departamento se negara a presentar un caso, esos votantes no tendrían ningún otro recurso.
Por supuesto que el resultado sería catastrófico. Las demandas por personas particulares siempre han constituido prácticamente todos los casos que se amparan de la Ley del Derecho al Voto y han sido esenciales para lograr la representación y prácticas de votación justas a todos los niveles del gobierno. Por ejemplo, una ley que requería formas de identificación de votantes en Texas que discriminaba contra los votantes latinos se anuló solo porque algunos de ellos, de manera individual, presentaron una demanda conforme a la Ley del Derecho al Voto.
Pero ahora la opinión de Arkansas, que se sigue apelando, amenaza con debilitar considerablemente la Ley del Derecho al Voto como una herramienta importante al limitar quiénes pueden usarla. El Departamento de Justicia simplemente no cuenta con suficientes abogados ni recursos. Y en estos tiempos de hiperpolarización, la triste realidad es que no siempre se puede depender del Departamento de Justicia para que defienda enérgicamente los intereses de los votantes.
Durante los cuatro años del gobierno de Trump, por ejemplo, el Departamento de Justicia presentó un solo caso para anular una ley conforme a la Ley del Derecho al Voto.
Todo esto es un recordatorio de que muchos siguen considerando que esta ley, aclamada como la más eficaz y trasformadora de derechos civiles en la historia de Estados Unidos, no es una garantía de igualdad sino un atentado contra el poder político de quienes lo han tenido.
También nos recuerda de la urgencia de que el Congreso renueve y robustezca la Ley del Derecho al Voto, promulgada en 1965,para que resista los actuales ataques.
